Profesores defienden en la Comisión Europea la sentencia que acusa a la UB de falta de neutralidad

Barcelona, 2 nov (EFE).- El colectivo Universitaris per la Convivència ha dirigido una carta a las autoridades de la Comisión Europea en la que defienden la sentencia contra la Universidad de Barcelona (UB) por falta de neutralidad al haber aprobado un manifiesto condenando el fallo del TS contra los líderes del procés, y que suscribieron el resto de universidades públicas catalanas.

Universitaris per la Convivència, que interpuso la demanda que dio lugar a la sentencia emitida a principios de octubre contra la UB, ha dirigido su carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; a la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová; y a la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel.

La carta es una réplica a otra previa enviada por eurodiputados nacionalistas contra la sentencia condenatoria contra la UB, y que firmaron 24 eurodiputados nacionalistas encabezados por el expresident Carles Puigdemont.

En su escrito, los eurodiputados nacionalistas denunciaban que la sentencia contra la UB “vulnera los derechos a la libertad de expresión” y del “derecho de autogobierno” de las universidades.

Por ello reclamaban a las representantes de la Comisión Europea dirigirse a las autoridades españolas para evitar interferencias en las resoluciones o manifiestos de las universidades catalanas.

Como réplica, Universitaris per la Convivència expresa en su misiva que la demanda judicial que ha dado lugar a la sentencia “no es cuestión de las autoridades españolas, sino del propio colectivo que entiende que los manifiestos que promueven una posición política de la universidad -en un tema que, además, genera una gran controversia social- atentan contra los derechos fundamentales a la educación, la libertad ideológica y la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria”.

El colectivo expone también en su réplica que “el ordenamiento jurídico español es claro al señalar que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales' (artículo 103.1 de la Constitución) y la jurisprudencia de los altos tribunales españoles ha establecido hace ya tiempo que ese precepto debe interpretarse como incluyendo el principio de neutralidad”.

Asimismo, Universitaris per la Convivència subraya que su postura coincide con la del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que ha exigido a los rectores de las universidades públicas catalanas “neutralidad ideológica” en referencia a la aprobación de un manifiesto conjunto contra la sentencia del procés.