Las protestas por los desaparecidos se transforman en una condena al sistema mexicano de justicia

Las manifestaciones de protesta por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado adoptaron el cariz de condena al sistema de justicia de México con la clausura simbólica de la sede de la fiscalía en la capital y la ocupación de tribunales en el estado de Guerrero.

Un enorme letrero de “¡Clausurado!” fue colocado por estudiantes de unas 200 escuelas de Ciudad de México en la entrada principal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), que se encuentra al lado del Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital.

“El día de hoy venimos a clausurar la PGR para decirles que si no pueden, que renuncien”, declaró un estudiante a los medios de comunicación.

Los jóvenes se congregaron durante unas cuatro horas frente a la PGR y además realizaron una cadena humana con los números del uno al 43 pintados sobre su cuerpo junto con un símbolo de interrogación.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional, de preparatorias públicas y de la Escuela Superior de Educación Física, entre otras instituciones, corearon consignas de protesta y reclamaciones de justicia.

“Por qué nos asesinan, si somos el futuro de América Latina” y “Fuera Peña” eran algunos de los gritos que se escucharon durante el mitin, en el que también se grabaron con pintura roja sobre el suelo las manos de varios de los participantes y se colocaron fotografías de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero.

Esa noche, policías municipales atacaron a tiros a estudiantes de la Escuela Normal (para maestros) Rural de Ayotzinapa con un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, presuntamente con la participación de la organización criminal Guerreros Unidos.

La clausura simbólica no detuvo las operaciones de la fiscalía, y el personal del edificio salió y entró por otras puertas.

En tanto, estudiantes y maestros de Guerrero ocuparon la mañana del jueves edificios oficiales y advirtieron que mantendrán sus movilizaciones hasta que los 43 estudiantes regresen a sus hogares.

Unos 300 alumnos de la Normal de Ayotzinapa ocuparon el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en Chilpancingo, mientras cerca de 600 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) tomaron el Tribunal Colegiado y el Juzgado Quinto de la Federación, también en la capital estatal.

Otro grupo de profesores de la Ceteg bloqueó de manera pacífica los accesos al Palacio Federal en Acapulco, un edificio ubicado en la zona turística del puerto que acoge instituciones de los Gobiernos federal, estatal y municipal.

Por otra parte, el presidente del Senado mexicano, Miguel Barbosa, reconoció que quienes integran los órganos del Estado tienen que responder por el caso Ayotzinapa.

“México no está representado por lo que ocurrió en Iguala, pero sin duda que hoy como nunca, quienes integramos los órganos del Estado mexicano debemos dar una respuesta a la sociedad (...) y a la comunidad internacional”, dijo el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Barbosa pertenece al mismo partido que el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, detenido esta semana como presunto autor intelectual de los hechos del 26 de septiembre, que han causado innumerables protestas en el interior del país y repercusiones en el ámbito internacional.

Este jueves concluyó en el Zócalo (plaza principal) de Ciudad de México una simbólica vigilia de oración y ayuno de 43 horas por igual número de estudiantes desaparecidos, organizada por agrupaciones civiles y religiosas.

Rezos del rosario católico, oraciones ortodoxas y ceremonias de indígenas se turnaron a lo largo de estas 43 horas, en las que se manifestó una condena unánime a la violencia ejercida por policías y delincuentes contra los estudiantes en Iguala.

“Es una manifestación de fe en la que nos hemos unido no solamente la religión católica sino todas las religiones para expresar, de algún modo, el gran deseo que tenemos de paz, de justicia”, afirmó a Efe la religiosa Margarita Melchor Díaz, de las Misioneras del Corazón Eucarístico de Jesucristo Rey.

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que el caso de Iguala pone en evidencia la crisis profunda que arrastra México en materia de derechos humanos.

El director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, lamentó que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no haya demostrado una acción contundente y rápida ante la desaparición de los 43 estudiantes.