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El comandante de la soldado de Antequera no trasladó al presunto agresor como permite el protocolo para víctimas

Fachada del acuartelamiento aéreo de Bobadilla en Antequera

Laura Galaup

El comandante de la soldado del acuartelamiento de Antequera (Málaga), que ha denunciado dos agresiones sexuales, no alejó a uno de sus presuntos atacantes mediante un cambio de puesto como le permite el protocolo de actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

No se tuvo esta medida en cuenta en el suceso enmarcado en septiembre, en el que esta mujer asegura haber sufrido un intento de violación por parte de un compañero que ha identificado. Su superior no le informó de que este reglamento, que se promovió tras el caso de Zaida Cantera, contempla que el jefe de la base puede cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo dentro de la misma unidad, “para garantizar la mejor protección de la víctima y salvaguardar sus derechos e intereses legítimos” una vez que se “haya abierto la vía penal” como es este caso.

Fuentes oficiales de este departamento confirman a esta redacción que el comandante no puso esta opción sobre la mesa cuando la soldado le comentó que había sufrido un intento de violación en septiembre en el acuartelamiento por un compañero al que identificó. En el encuentro que mantuvieron, la soldado también advirtió que tres meses después podría haber sido drogada y agredida sexualmente por otros compañeros, durante la celebración de la patrona del Ejército del Aire.

“Una forma de apartarla”

Una vez que esta mujer puso estos hechos en conocimiento de su superior, desde la unidad le trasladaron una de las medidas contempladas en el reglamento: podía solicitar una comisión de servicio para trabajar en otro emplazamiento, ella decidió rechazar esta opción. Según informan desde Defensa, le comentaron dos destinos, uno de ellos en la base áerea de Málaga.

Finalmente, según explican desde el Ministerio, ella y su superior “acordaron” que se cogiese “unos días de vacaciones”. El pasado 15 de diciembre tomaron esta decisión y hasta el 12 de enero estuvo gastando estos días, siempre según la versión de Defensa. Ya no ha vuelto a la unidad, porque desde entonces se encuentra de baja “por contingencia profesional”. “El comandante asegura que es una forma de apartarla del servicio y que está contemplada”, aseguran desde el departamento de María Dolores de Cospedal.

Los hechos enmarcardos en septiembre, relativos a un intento de violación por parte de uno de sus compañeros, han sido admitidos a trámite por el juzgado Togado Militar de Sevilla y se encuentran en fase de sumario ya que el acusado está identificado. 

Le daba “vergüenza” denunciar

En este caso, ya con el caso abierto por la vía penal, el protocolo contempla como medida cautelar que el superior “podrá en cualquier momento cambiar al presunto acosador de puesto de trabajo, dentro de la misma unidad”. Aunque se ofrece como posibilidad y no como imposición, el comandante no se lo ofreció porque “está a la espera de que el juez tome una decisión”, apunta el Ministerio.

Fuentes de Defensa también aseguran que después de que la denunciante comunicase la presunta agresión sexual, su superior le dio “un folleto” en el que se recogen las medidas del protocolo y le comunicaron que podía solicitar asistencia sanitaria y psicológica. En diciembre rechazó esta posibilidad y este viernes ha cambiado de opinión y ha requerido atención psicológica.

En el atestado policial, esta mujer relató que no denunció días después los hechos sucedidos en septiembre “porque le daba vergüenza y por lo que pudiesen pensar el resto de compañeros” de ella. Y, continúa exponiendo, que le llegó a decir al denunciado que “no contase nada a nadie, que no quería que su reputación resultase dañada, ya que era muy vergonzoso para ella”. Finalmente, reveló este caso el pasado 15 de diciembre.

Sobre esta agresión, ahora investigada por el juez, esta soldado también dijo que tras besarse con él y “llegado el momento de concretar relaciones sexuales completas”, ella no quería continuar. En un primer momento, “la continúa besando” y la denunciante tuvo que aprovechar que otro compañero entra en la habitación para “quitarse de encima” a su presunto acosador y “salir de la habitación”, describe el documento admitido por el juzgado.

En su declaración, la soldado asegura que posteriormente se lo vuelve a encontrar en el pasillo de la base, que la “empuja” hacia una habitación mientra ella asegura que le dijo que la soltase, que si no “gritaba y se iba a enterar todo el mundo”. “Que cuando la introduce en la habitación, la continúa besando, reiterando que no quiere tener relaciones sexuales con ella (sic), continuando con los tocamientos”, relata en el atestado policial.

Ante la insistencia, la soldado asegura que le dice que “tiene el periodo y que no quiere que siga haciendo lo que está haciendo”. “Momento en el que le baja los pantalones e intenta tener acceso anal con la dicente, lo que inició pero no pudo concluir ya que no se dejaba”, apunta la denuncia.

El protocolo, aprobado en noviembre del 2015, recoge una tercera medida cautelar en el caso de que esté abierta la vía penal y esté imputado. En este caso el titular del Ministerio “podrá acordar el pase a la situación administrativa de suspenso en funciones”.

Impulsado por el caso de Zaida Cantera

La presión social tras el caso de Zaida Cantera obligó al exministro, Pedro Morenés, a desarrollar este reglamento. El documento recoge la creación de unidades de protección frente al acoso para atender y asesorar a las víctimas. Su entrada en vigor también permitió que los denunciantes pudiesen trasladar su caso a estos organismos, que transmitirán la denuncia a la “cúpula del Ejército”, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, la Subsecretaría de Defensa o jefes de Estado Mayor de los Ejércitos. Con esta propuesta, pretendían que no tuviesen que comunicar directamente a su superior, para evitar así que si éste era su acosador fuese el primero en enterarse del procedimiento abierto.

Durante el caso de Cantera el ascenso de su su acosador no fue bien acogido por la opinión pública. Por lo tanto, desde el Gobierno incluyeron que los órganos de evaluación para la promoción profesional fuesen informados de las sanciones administrativas pero estos castigos no suponían la paralización del acenso en la jerarquía militar de los acosadores.

La diputada socialista ha registrado este viernes una batería de preguntas para conocer en qué momento se aplicó el protocolo, qué medidas han tenido en cuenta y qué actuaciones va a emprender Defensa para “el esclarecimiento de los hechos”.

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