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Puerto Rico investiga la compra de pruebas de COVID-19 a empresa sin experiencia

Un hombre con mascarilla espera su turno para entrar a un supermercado este lunes en San Juan (Puerto Rico). El intento del Ejecutivo de Puerto Rico de comprar pruebas para detectar el COVID-19 por 40 millones de dólares a una empresa sin experiencia en el sector médico y con vínculos al partido del Gobierno es el último nubarrón sobre el Ejecutivo en medio de la crisis de la pandemia.

EFE

San Juan —

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El Gobierno de Puerto Rico anunció este lunes una investigación sobre una compra de pruebas para detectar el COVID-19 por 40 millones de dólares a una empresa sin experiencia en el sector médico y con supuestos vínculos con el partido del Gobierno.

El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó este lunes que el asunto está en proceso de investigación y que se ha solicitado el reembolso del dinero porque las pruebas no cumplían con los requisitos exigidos por las autoridades federales.

“Queremos que todo lo que llegue a Puerto Rico tenga utilidad”, sostuvo.

González, no obstante, matizó que el mercado, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, sufre fuertes fluctuaciones en los precios de material médico, razón por la que hay respiradores que se comercializan por 16.000 dólares y otros por 40.000.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, negó cualquier relación con el Grupo Lemus y con las empresas Apex Contratistas Generales y 313 LLC, por medio de las que el Ejecutivo intentó comprar los 40 millones de dólares en pruebas rápidas.

“Primero que no tengo ninguna relación y segundo que no tuve nada que ver con la contratación ni con las órdenes de compra”, dejó claro la gobernadora sobre el proceso.

“No tenía porqué dudar de las actuaciones que tomaron los secretarios. Al contrario, entiendo que son personas que conocen su trabajo”, zanjó.

González confirmó hoy que varias agencias federales de EE.UU., país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, investigan al Departamento de Salud, tras salir a la luz la cancelación de la compra de pruebas.

La investigación se produce además pocos días después de ser divulgada la existencia de un almacén con medicamentos expirados en el municipio de Vieques.

La gobernadora había ordenado poco antes una auditoría hasta las “últimas consecuencias” sobre un inventario de medicamentos caducados, un problema que se vivió hace unos meses con motivo de los terremotos de enero, cuando se descubrió una almacén con material en la ciudad de Ponce.

LO PEOR AUN NO HA LLEGADO

González aseguró sobre la pandemia que el peor momento no ha llegado a la isla, además de situar esa fecha entre el próximo 15 de abril y el 8 de mayo.

Juan Salgado, uno de los integrantes del equipo médico de respuesta, indicó que hasta 1.700 personas podrían llegar a infectarse en el pico del COVID-19.

El número de fallecidos por el coronavirus en Puerto Rico hasta hoy es de 21 personas, los casos positivos son 513 y el número de pruebas realizadas es de 4.951.

Un bebé de solamente dos meses es el contagiado más joven del COVID-19.

La gobernadora anunció el domingo que durante Semana Santa todo los negocios estarán cerrados, incluidos supermercados, bancos, ferreterías y establecimientos de comida. Los supermercados y farmacias no dejarán entrar a personas que no vayan con mascarillas y solo podrá acceder una persona por familia.

Tras el anuncio, este lunes se han registrado filas de personas a la espera de poder entrar en supermercados en el área metropolitana de San Juan.

Vázquez firmó un proyecto de ley que además de establecer el cierre de comercios los días de Semana Santa oficializa una multa o cárcel a cualquier persona que viole la prohibición de reuniones en residencia privadas, donde solo se autoriza al núcleo familiar.

Además, aumentan las peticiones para que el Gobierno permita el excarcelamiento, bajo ciertas condiciones y de forma temporal, de presos para evitar el contagio.

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