Reclaman 459 millones para que 30.000 dependientes no mueran sin sus ayudas

El Sistema de la Dependencia se ha ralentizado: más dependientes en lista de espera, mayor brecha entre regiones y 30.000 personas que mueren cada año sin recibir atención, denuncia el Observatorio de la Dependencia, que urge al Gobierno central a aumentar ya 459 millones de euros su financiación.

El Observatorio, coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, analiza cada año con los datos oficiales del Imserso la implantación de la ley de Dependencia y alerta en su último informe que a cierre de 2019 había 426.000 personas desatendidas, 50.000 más que el año anterior.

“La dependencia se para y en 2019 se inicia la fase de ralentización; 2020 puede ser el despegue del sistema si el Gobierno de España habilita esos 459 millones de euros” para aumentar el Nivel Mínimo -lo que da a las CCAA para atender a los dependientes-, ha dicho el presidente del Observatorio y de la asociación de Directoras en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, en la presentación del informe, quien ha pedido arrinconar “discursos progresistas cuando siguen vigentes los presupuestos de Montón”.

En 2019, 20.000 dependientes más que un año anterior esperaban recibir prestaciones reconocidas por la ley (alcanzan los 270.000) y 30.000 personas más estaban pendientes de que les valoraran su grado de dependencia (un total de 160.000).

A pesar de que aumentaron el número de dependientes atendidos que alcanzaron 1.115.183 personas -60.908 personas más que en 2018- es “claramente insuficiente” para absorber la demanda de personas que reclaman el derecho que les da el Sistema de la Dependencia.

El Observatorio estima que 85 personas al día mueren sin haber recibido las prestaciones, más de 30.000 al año, ya que el 54 por ciento de los solicitantes superan los 80 años.

En concreto, el 42 por ciento de las personas desatendidas han sido declarados dependientes con los mayores Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

“No se puede esperar a incorporar esos 459 millones en los presupuestos de 2020, porque no estarían disponibles hasta el último cuatrimestre del año e impediría su ejecución efectiva en este ejercicio, condenando a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho”, ha insistido Ramírez.

Reclama que se habiliten a través de un decreto de nivel mínimo de financiación que “sería de aplicación inmediata” tras las consulta con las comunidades autónomas, que pide sea ese mes de marzo.

“Con esa cantidad se atenderían a más de 80.000 dependientes y se generarían entre 17.000 y 20.000 puestos de trabajo”, ha añadido.

El Observatorio también aprecia que las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad. Más de la mitad de las 90.000 nuevas prestaciones o servicios de 2019 fueron prestaciones económicas para cuidados familiares y para servicios como teleasistencia y otros “servicios de bajo coste”, insuficientes para las necesidades de las personas en situaciones de dependencia más graves.

Los servicios de mayor intensidad y coste (residencias, centros de día y asistente personal), esenciales para muchas personas de Grado II y III, sólo suponen el 7,7 % de las nuevas prestaciones o servicios de 2019.

Otra consecuencia de la demora en ofrecer servicios de apoyo es la sobrecarga de las familias, especialmente en las mujeres, ya que son el 75 por ciento de las personas que prestan los cuidados a dependientes.

Calculan que el recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia tras el real decreto de 2012, asciende a 5.864 millones de euros, incluyendo la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares, esta última recientemente se ha vuelto a incorporar.

“El recorte a la dependencia es el único recorte de los años crisis, que aún no ha sido recuperado”, ha lamentado Ramírez, quien ha recordado que “todos los grupos políticos, las CCAA y el Gobierno están de acuerdo en recuperar esos derechos del sistema de la dependencia, es un asunto que genere tanta unanimidad”.

Del total del coste directo de las prestaciones y servicios durante 2019 -8.891 millones de euros- las administraciones públicas aportaron 7.050 millones y 1.840 millones los usuarios en forma de copago regulado (un 20,7 %).

Del gasto público directo en dependencia, las comunidades autónomas aportaron el 80 por ciento y el Gobierno central, el 20%; cuando la ley estableció que debía ser al 50 %.

Respecto a la valoración de las comunidades, el Observatorio destaca que algunas como Castilla y León, Castilla-Mancha, junto a Ceuta y Melilla ofrecen una atención plena, no tiene lista de espera; otras como Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana , están progresando; mientras que Andalucía y Cataluña, presentan una “situación preocupante”, ya que sumando ambos porcentajes suponen el 56 % de todos los dependientes desatendidos en España.

Solo dos comunidades cerraron 2019 con menos beneficiarios que cuando empezó el año: Asturias -con 966- y Extremadura -con 952-, mientras que las que más beneficiarios incorporaron fueron Valencia -13.888- y Castilla y León -11.402-.

En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9 %), Asturias (7,8 %), Comunidad de Madrid (4,3 %), Región de Murcia (3,9 %), Islas Baleares (3,3 %), C. Valenciana (1,9 %), Galicia (0,6 %) y Melilla (0,3 %).

El responsable de esta entidad privada -“que no recibe ningún tipo de financiación pública y que está formada por profesionales de los servicios sociales en defensa de lo público”- ha lamentado las irregularidades que se investigan en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión del Imserso durante el Gobierno del PP.

“Hay que dar cuenta de la ignonimia de los gobernantes que hacían recortes desalmados; en esos años de plomo del PP donde el sufrimiento de la gente ha sido terrible con esos recortes”, ha condenado Ramírez.