Los tres rectores gallegos expresan “plena sintonía” en la “moratoria activa”

Los tres rectores gallegos han expresado hoy en una conferencia de prensa conjunta su “plena sintonía” con la decisión de la decisión adoptada ayer por el conjunto de sus colegas españoles de establecer una moratoria en la aplicación del Decreto que reforma los estudios superiores.

En este sentido, se manifestaron los representantes de las universidades de Santiago, Juan Viaño; A Coruña, Xosé Luis Armesto, y Vigo, Salustiano Mato, que coincidieron en resaltar el carácter de “moratoria activa”, que no solo implica que no se ofertarán las nuevas titulaciones hasta el curso 2017-18, sino que se aprovechará este período para realizar una reflexión por el conjunto de la comunidad universitaria.

En palabras de Mato, en este periodo, la comunidad universitaria “va a estar decidiendo cuál es su futuro, no lo que dice el Ministerio”.

El rector de la USC apuntó que la moratoria “no es una insumisión” contra la aplicación del Decreto, sino abrir un período de “sosiego necesario”, pues el Decreto aparece en un mal momento, en una “situación multielectoral” y cuando se está realizando la evaluación de las titulaciones anteriores.

Recordó, además, que se ha aprobado en contra de la opinión de la conferencia de rectores, sin informe del Consejo de Universidades y con el dictamen en contra del Consejo de Estado.

Además, Juan Viaño discrepó del ministro Wert y sostuvo que el nuevo esquema supondrá un encarecimiento global de los estudios, dado que los máster, que aumentan, son más caros que los grados, que disminuyen.

Xosé Luis Armesto, rector de A Coruña, recordó que la moratoria es una demanda que llevaban meses planteando, “ante la intransigencia del Gobierno”, por lo que los rectores tuvieron que “hacerla por la vía práctica”, para que la reforma se lleve a cabo de manera “sosegada, razonada y convincente”, por lo que será un período en que se promueva “el diálogo y la reflexión” sobre cuál va a ser el futuro de las universidades y de los títulos.

Armesto consideró que el Decreto recién aprobado supone una “desregularización de servicios públicos”, que ya se inició, a su entender, con normas como el Decreto de tasas o el acceso a la universidad por facultades.

Para el rector, existe un protocolo que se inicia con el “desprestigio”, sigue con la “desregularización” y acaba con la “privatización” y expresó su esperanza de que no se llegue a esta tercera fase.

Recordó que en el consejo de política fiscal y financiera de julio de 2014 se habían planteado los grados de tres años como una manera de reducir el capítulo de personal de las Universidades, por lo que también “está planteado como un recorte”.

Por su parte, Salustiano Mato resaltó la imagen de unidad de la comparecencia de hoy que le llevó a afirmar: “Estamos aquí el Sistema Universitario Gallego”.

Coincidió con sus homólogos en que se trata de aportar “sentidiño común”, una cualidad que consideró que “no tiene este Decreto”, por lo que ahora se realizará un “estudio real” de qué criterios académicos son los mejores para el estudiante y su futura inserción en el mercado laboral.

Señaló también que éste no es un buen momento para la reforma que se pretende, cuando se están ahora evaluando los resultados del sistema de cuatro años de grado y uno de máster y no solo lo está haciendo España, sino toda Europa, y también hay que ver -dijo- qué hace Estados Unidos o América Latina, para tener una idea global de qué sistema es mejor.

Los tres responsables universitarios se refirieron también a la necesidad de que las decisiones se tomen para el conjunto del sistema español y se adopten con “argumentos académicos” y coincidieron asimismo en que la financiación pública, “de los impuestos de los ciudadanos”, debe ser de la misma intensidad en el conjunto de los estudios universitarios, sean grado o máster.

En cuanto a los costes económicos, el rector compostelano resaltó lo que consideró una “paradoja” de la aplicación del Decreto, pues supondría “que las universidades van a recibir menos por tasas y las familias van a pagar más”.