La recuperación del empleo público se centra en CCAA y en educación y sanidad

La evolución del empleo público entre 2007 y 2016 ha sido heterogénea, aunque ha cerrado el periodo con un saldo neto de 30.000 trabajadores más, hasta un total de 2.840.000, la mayoría empleados por las comunidades autónomas, de forma indefinida y en los sectores de la educación y la sanidad.

De acuerdo con el análisis publicado hoy por el Banco de España sobre el empleo de las Administraciones Públicas en la última década, al cierre de 2016 el 60 % del empleo público correspondía a las autonomías (1,7 millones de empleados); el 21 %, a las corporaciones locales (0,60 millones); y el 19 %, a la administración central (0,54 millones).

Entre 2007 y 2016 las autonomías aumentaron su efectivos cerca de un 9 %, mientras que la administración central y las corporaciones locales disminuyeron los suyos un 7,8 % y un 7,3 %, respectivamente.

El Banco de España recoge datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan que en los primeros años de la crisis económica reciente, entre 2009 y 2011, se produjo un aumento del empleo público por el efecto de la política fiscal expansiva de ejercicios anteriores y por la inercia de las ofertas de empleo público de años previos.

Las restricciones introducidas a partir de 2010 llevaron a una reducción de puestos de trabajo entre 2012 y 2013, y a una estabilización en 2014, en tanto que el levantamiento de las limitaciones a partir de 2015 permitieron la recuperación del empleo público perdido al cierre de 2016.

Por sectores, el 51 % del empleo público se reparte entre las ramas de educación (27 %) y sanidad y servicios sociales (24 %), con un crecimiento entre 2007 y 2016 del 2,7 % y el 7,4 %, respectivamente, mientras que el resto acumula una caída del 2,5 %.

Por tipo de contrato el 77 % es indefinido, un porcentaje que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales, frente al 23 % de temporales, una tasa que sube en los ámbitos de la educación y la sanidad pública al 24 % y al 33 %, respectivamente.

La tasa de temporalidad en las administraciones públicas ha sido históricamente inferior a la observada en el sector privado (23 frente al 27 %), si bien en el caso de la sanidad y los servicios sociales la situación se invierte, ya que la temporalidad en la parte privada es del 25 % frente al 33 % de la parte pública, que aglutina casi la mitad del empleo total de este sector.