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La reforma del sistema de pensiones en Brasil en diez claves

Ciudadanos esperan en una parada de bus frente a la entrada de la Agencia de Seguridad Social de Sao Paulo este martes, en Sao Paulo (Brasil).

EFE

Sao Paulo —

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La reforma del sistema de pensiones, el proyecto estrella del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro en materia económica, fue aprobada este martes por el Congreso después de ocho meses de duras negociaciones.

El endurecimiento de las reglas para el acceso a la jubilación ya había sido propuesto por el anterior mandatario, Michel Temer, pero el polémico proyecto cayó entonces en saco roto y fue rescatado por Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que ha enarbolado la bandera del liberalismo económico.

Estas son algunas de las claves de la nueva reforma del sistema de pensiones:

1.- EDAD MÍNIMA PARA JUBILARSE

Hasta ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, pues el actual sistema permitía hacerlo tras contribuir durante tres décadas o más.

Sin embargo, el texto aprobado impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con un estudio de la consultoría Genial Investimentos, Brasil es uno de los 12 países del mundo que hasta el momento no contaban con una edad mínima de jubilación, una lista en la que también figuran Irak, Irán, Siria y Argelia.

2.- CASOS ESPECIALES

A pesar de la imposición de una edad mínima, el proyecto cuenta con algunos casos especiales. Por ejemplo, la edad mínima de jubilación para los trabajadores de zonas rurales se mantuvo en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años.

Algunas categorías profesionales, como los profesores, seguirán con reglas diferenciadas. Para los nuevos docentes, la edad mínima para tener acceso a los beneficios será de 60 años para hombres y 57 para mujeres, con 25 años de contribución.

Los miembros de organismos de seguridad federales, amparados por normas propias, tendrán un régimen especial, debido al riesgo y restricciones de su trabajo, que entre otras cosas les niega el derecho a huelga.

3.- LOS FUNCIONARIOS FEDERALES, “GRANDES PERJUDICADOS”

De acuerdo con el profesor del departamento económico de la universidad PUC de Río de Janeiro y economista jefe de Genial Investimentos, José Marcio Camargo, la reforma “ataca” una serie de privilegios de los empleados públicos federales.

Según los datos del docente, los funcionarios del sistema judicial brasileño, por ejemplo, se jubilan actualmente con un valor medio de 26.300 reales por mes (unos 6.400 dólares), mientras que el techo para un trabajador del sector privado es de 5.839 reales (unos 1.425 dólares).

La reforma reduce la disparidad y obliga a los nuevos funcionarios a seguir un régimen similar al de los trabajadores del sector privado, lo que ya comenzó a ser moldeado con otros dos proyectos aprobados en 2003 y 2013.

4.- REGLAS DE TRANSICIÓN

Aunque la nueva propuesta establece una edad mínima, algunos de los brasileños que actualmente se encuentran a las puertas de la jubilación pueden parar de trabajar antes de lo previsto en el nuevo régimen, siempre y cuando cumplan algunas reglas de transición previstas en el proyecto.

No obstante, continuará siendo necesario un tiempo mínimo de contribución de 35 años para hombres y 30 para mujeres.

5.- LOS MILITARES, UNA VÍA PARALELA

Los militares cuentan con un régimen de cotización diferenciado, por lo que el Ejecutivo preparó un proyecto específico para las Fuerzas Armadas en el que se prevé un ahorro total de 10.450 millones de reales (unos 2.548 millones de dólares) en 10 años.

Por un lado, la propuesta presentada por el Gobierno prevé cambios en las reglas para acceder a la jubilación por parte de los militares, que proporcionarán un ahorro estimado en 97.300 millones de reales (unos 23.700 millones de dólares).

Pero, por otro, el documento también prevé una reestructuración de la carrera militar que generará gastos por valor de 86.850 millones de reales (21.182 millones de dólares).

6.- ALIVIO PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS

El Gobierno calcula ahorrar bastante más de 800.000 millones de reales (unos 195.000 millones de dólares) en 10 años, una cifra que ayudará a aliviar el estado de las maltrechas cuentas públicas del país. En los últimos doce meses hasta agosto, el déficit fiscal nominal, incluidos los gastos con el pago de la deuda externa, fue de 444.700 millones de reales (unos 110.000 millones de dólares).

7.- EXCLUSIÓN DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

El documento aprobado no modifica las reglas para la jubilación de los funcionarios de los estados y municipios, solo para los federales.

Según el Atlas del Estado Brasileño, lanzado en 2017, los empleados públicos municipales representan el 57 % del total en el país, mientras que los regionales equivalen al 33 % y los federales apenas al 10 %, aunque poseen sueldos y pensiones más elevadas.

Ahora, los 27 estados y los 5.570 municipios del país deberían llevar a cabo su propia reforma de las pensiones, lo que dibuja un escenario complejo y que puede agravar todavía más la debilitada situación financiera en diversas regiones del país.

8.- EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN DE CAPITALIZACIÓN

El Gobierno había propuesto inicialmente que la reforma incluyera un sistema capitalización individual, similar al chileno y en el que la jubilación de cada trabajador depende de su capacidad de ahorro a lo largo de su vida laboral, pero la iniciativa ha quedado fuera del texto aprobado este martes.

9.- ALÍCUOTA PROGRESIVA

Una de las principales novedades de la reforma es la alteración en las alícuotas de contribución de los funcionarios y trabajadores del sector privado, que serán unificadas. Partirá del 7,5 % para quien gana un sueldo mínimo (hoy equivalente a 243,4 dólares) y llega hasta el 14 %. En el caso de los funcionarios que ganan por encima del techo puede llegar hasta el 22 %.

10. UNA REFORMA NECESARIA, PERO INSUFICIENTE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que, además de esa medida, todavía es necesaria una “ambiciosa agenda de reformas, apertura comercial e inversiones en infraestructura” para aumentar el potencial de desarrollo económico del país.

Alba Santandreu

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