Una residencia privada expulsa a un gran dependiente tras conseguir más plazas subvencionadas con dinero público
El caos que está provocando el traslado de cientos de ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid porque algunas empresas han renunciado a seguir concertando plazas tiene otro reverso: el de los mayores que pagan sus plazas privadas y son expulsados contra su voluntad con el argumento, según las familias, de que el centro va a recibir dinero público para subvencionar más camas.
Ha pasado en la residencia Isla de Kos, un centro ubicado en El Molar (Madrid) y dependiente de la empresa Sogerasa, que gestiona plazas totalmente privadas y otras concertadas cuyo número va a aumentar de 45 a 60 en un mes, según la Consejería de Políticas Sociales.
La dirección da ese plazo para marcharse y así se lo ha comunicado mediante un burofax a un anciano con el máximo nivel de dependencia reconocido (grado III) que vive en el centro desde 2014 y ha pagado todos los meses por su plaza privada.
La familia asegura que la trabajadora social de la residencia les comunicó la decisión justificando que la Comunidad de Madrid ha concedido a la empresa más financiación pública para que gestione otras 15 plazas y les obliga a hacerlo. La dirección del centro, contactada por eldiario.es, se niega a explicar por qué va a echar al residente y se arroga el derecho a hacerlo amparándose en su “libertad como empresa”.
La Consejería de Políticas Sociales desmiente, por su parte, que obligue a la empresa a hacer estas maniobras y explica que el funcionamiento habitual de esta gestión indirecta es que las compañías ofrecen un número de plazas y la Administración las adjudica o no siempre sobre esa base de oferta, nunca más.
Fuentes de la misma área de Gobierno concretan que Sogerasa ofreció en 2014 60 plazas, de las que solo se adjudicaron 45, aunque una orden de la misma consejería fijaba ese número en 30 en 2014. En cualquier caso, en la renovación de este año con un nuevo acuerdo marco se han concedido más plazas concertadas con financiación total, lo que se traduce en un aumento de la aportación pública de casi 300.000 euros anuales (54 euros por residente al día multiplicado por 15 usuarios).
“Es una decisión estrictamente empresarial”
La residencia asegura que la decisión es “estrictamente empresarial, igual que tú puedes cambiar de proveedor”. “Puede parecer duro o blando, pero es mi libertad como empresa”, justifica Agustín Fernández Ameneiro, director del centro, en conversación telefónica con eldiario.es.
La dirección no quiere dar información sobre el número de residentes afectados amparándose en la “protección de datos”, pero reconoce implícitamente que hay más casos. “Hay familias que no quieren aceptar una decisión que es libre por una parte, pero solamente ha habido una”, explican para justificar el envío del burofax, donde no se explica el porqué de la marcha forzada.
Sobre el resto de casos, dicen, “procuramos que no haya prejuicio”. “No es de una manera fría. Hay elasticidad, damos un plazo y ofrecemos una lista de otras residencias con precios semejantes y plazas libres, incluso facilitamos el traslado. No los dejamos en la puerta”, se defienden.
Sin plaza pública
“Te echan como si fueras un perro. Estamos agobiadísimos y a nosotros no nos han dado ninguna alternativa ni orientación. Mi padre está muy flojito ahora y cualquier cambio le desorienta muchísimo”, dice la familia, que tiene asignada una ayuda de 590 euros mensuales por la dependencia reconocida. La mensualidad en Isla de Kos cuesta 1.400 euros, a los que hay que restar esa cantidad.
“Es un precio menor que el de otros centros. Nos costó encontrar esta y ahora tenemos que irnos. La Consejería tampoco nos dice en qué lugar de la lista de espera de plazas públicas estamos. No sabemos nada”, explican. El residente apenas habla, está en silla de ruedas y tiene diagnosticada demencia, según su familia, que denuncia que “no hay ninguna cláusula en el contrato donde se permita rescindirlo en cualquier momento”.
El entorno del residente interpreta que la empresa “ha aprovechado el revuelo de los traslados que está haciendo la Comunidad de Madrid para echar a algunas personas”. La otra cara de la moneda pero el mismo resultado: personas mayores forzadas a marcharse –algunas con destino y otras sin él– que pagan las decisiones de unas empresas con ánimo de lucro a las que se ha entregado la responsabilidad de cuidar a los mayores.
