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Madrid calculó mal el precio de los hospitales que pretende privatizar

Los médicos de Madrid, unidos contra la externalización al año de su anuncio.

Raúl Rejón

Madrid calculó mal el precio del contrato de privatización de hospitales. Según un informe sobre la memoria económica que acompañaba al proceso –llevado a cabo por la asociación de médicos AFEM–, la Consejería de Sanidad utilizó dos escalas diferentes para calcular los gastos de los centros. “Estos datos sirven para preparar nuevos recursos”, explican en AFEM, cuando quedan tres días para que la supersala de lo Contencioso decida sobre la suspensión cautelar de la subasta.

El problema surgió cuando Sanidad tuvo que calcular los gastos de los tratamientos que los hospitales derivan a otros centros y los de los casos en los que los pacientes escogen a otros especialistas. Al no tener datos precisos, se utilizaron criterios diferentes para los años de referencia: 2011 y 2012.

Para esta facturación intercentros se aplicó, para 2011, un sistema que tiene en cuenta el peso relativo de cada procedimiento en cada hospital (complejidad hospitalaria) y para 2012 otro que atribuye los precios públicos marcados por la Administración para cada procedimiento (un parto, una cirugía cardiaca, una hemodiálisis...).

“Hacer un promedio entre las cifras de ambos años es una locura, pues puede resultar cambios en el cálculo del coste de la asistencia sanitaria especializada de carácter indeterminado y nefasto tanto para población y Administración como para las propias empresas adjudicatarias”, reza el informe.

Para sostener la idea de que el precio que se obtuvo sobre el coste per cápita de los hospitales es erróneo, el documento expone que, al comparar los gastos de 2011 con los de 2012, cada centro incluido en la privatización refleja unos cambios de actividad médica y, por tanto, de facturación, que, luego las memorias de dichos centros no recogen. Es decir, los cálculos económicos no reflejan la realidad asistencial.

Como último análisis, el informe incide en que los precios públicos que se aplicaron al cálculo fueron los de 2009. Se ha dado el hecho de que Sanidad los ha actualizado a la baja en 2013. Según la estimación de la AFEM, esta diferencia de precios llega a 50 millones.

El precio del contrato de privatización (más de 4.000 millones repartidos en diez años), el coste de la atención sanitaria y el ahorro que, por lo tanto, supondría para los fondos de la Comunidad han sido grandes lagunas en todo el proceso.

El 19 de diciembre de 2012, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, fue incapaz de dar una cifra sobre su plan. Lo había presentado el primero de noviembre, y más de un mes después, se limitó a esgrimir: “Depende de varios factores, de en qué momento se produzca la licitación de la externalización, depende del coste de la cápita que presenten los licitadores, dependerá del número de profesionales que quieran continuar en esos hospitales. No le puedo decir en este momento”.

Aireaban entonces una cifra de 533 millones para salvar la sanidad pública. Pero sólo quince días más tarde, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, dejó la cosa en 200 millones. Por el camino vino el cálculo que ahora aparece erróneo. En julio de 2013, Lasquetty dejó el ahorro en 169 millones.

Concentraciones en los juzgados

Todos estos datos afloran la semana en la que los jueces se reúnen para tratar sobre los recursos que sobrevuelan el procedimiento administrativo de adjudicación de hospitales a empresas privadas. Para esos dos días (9 y 10 de enero) están convocadas manifestaciones en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como en las puertas de los hospitales y centros de salud.

Los magistrados se encerrarán en la sala el jueves a las 9.30 para, en primer lugar, decidir sobre la legitimidad de varios diputados del PSM para personarse en el proceso. Luego continuarán debatiendo acerca de la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos asociaciones médicas que solicitan la suspensión del procedimiento contractual.

Más adelante tienen que juzgar el recurso de la Comunidad de Madrid que quiere levantar la suspensión cautelar del proceso...; así, los recursos y apelaciones de las partes se entrecruzan hasta en siete veces. El TSJM asegura que las sesiones serán a puerta cerrada y que no se conocerá el resultado hasta la semana siguiente.

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