Los sindicatos y la sociedad civil ocupan Buenos Aires por la ley de emergencia social

Las mayores organizaciones sindicales y movimientos sociales argentinos colapsaron hoy Buenos Aires para pedir la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia Social, que prevé un aumento de las ayudas y puestos de trabajo pero que no cuenta con el apoyo total del gobierno de Macri.

Con el céntrico Obelisco como punto de partida, cerca de 3.000 personas marcharon hasta la plaza del Congreso, donde había sido instalado un escenario desde el que hablaban representantes de los principales movimientos sindicales.

Esta ley, que recibió la media sanción por parte del Senado esta semana, dispone un aumento del 15 % en el pago de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo que paga el Estado.

Además, prevé la creación de un millón de puestos de trabajo bajo el Programa de Ingreso Social con Trabajo y la creación de un Consejo de la Economía Popular, para que intervenga en la fijación de un salario social complementario que permita alcanzar el nivel del sueldo mínimo para los trabajadores en condiciones más precarias.

El Gobierno nacional se resiste a apoyar la propuesta ya que, a su juicio, el coste fiscal supondrá un gasto de 50.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).

“Esta ley de emergencia social es una propuesta de solución concreta novedosa para afrontar el tema de la pobreza estructural en la Argentina”, defendió en declaraciones a Efe Juan Manuel Abal Medina, uno de los impulsores del proyecto de ley, el senador nacional por el Frente Para la Victoria.

El ex Jefe de Gabinete (2011-2013) durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) aseguró que era necesaria su aprobación “porque hay un sector de la sociedad que no puede esperar más, que la está pasando muy mal, que requiere rápidamente que este proyecto sea una ley”.

Entre los organizadores del evento se hallaba la Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayor unión sindical del país-, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Durante el discurso de clausura, Juan Carlos Schmid, uno de los representantes de la CGT, interpeló a la clase política para que apruebe esta ley, que está recibiendo duras críticas por parte del Gobierno por los costos que acarreará.

“Con un tercio de pobres, nadie vive en el país que quiere, ni los pobres ni los ricos”, reclamó el sindicalista ante un público compuesto por gente de todos los sectores sociales y edades.

Asimismo, denunció que si “bastos sectores populares” siguen quedando excluidos, “la Argentina va a seguir dando tumbos cada vez más”.

Al tiempo que los argentinos marchaban frente al Congreso, la Cámara de los Diputados discutía sobre la viabilidad de esta propuesta.