El subsidio aprobado para las trabajadoras del hogar deja fuera al 40 por ciento

El subsidio temporal de desempleo para trabajadoras del hogar aprobado por el Gobierno el pasado 31 de marzo por la crisis del coronavirus deja fuera al 40 % de ellas, es decir a unas 200.000 mujeres empleadas en la economía sumergida, según las asociaciones del sector.

La Asociación Servicio Doméstico Activo (Sedoac) y Alianza por la Solidaridad-ActionAid reclaman por ello una regularización urgente para estas trabajadoras sin papeles.

Según sus datos, más de 200.000 mujeres trabajan en la economía sumergida en España por la imposibilidad de conseguir papeles, ya que la actual Ley de Extranjería impide conseguir la residencia hasta cumplir los tres años de estancia en España.

Carolina Elías, presidenta de Sedoac, ha pedido en un comunicado que España “siga la senda de Portugal, que ha regularizado a las trabajadoras del hogar que están cuidando a nuestras familias, consiguiendo así que tengan los mismos derechos que otras personas con empleos formales”.

Estas asociaciones también urgen al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a que desarrolle el procedimiento para reclamar las ayudas teniendo en cuenta la precariedad del sector y la situación económica de muchas trabajadoras del hogar, que llevan sin cobrar desde principios de marzo.

Por eso recomiendan que el subsidio se pueda solicitar con la baja de la Seguridad Social, dado que otros trámites burocráticos como certificados de los empleadores son difíciles de conseguir porque “en muchos casos los empleadores no estarán dispuestos a hacerlos”, explica Elías.

Tras recordar que la cotización a la Seguridad Social de este colectivo se realiza por tramos, no por su salario real, explican que eso les supondrá recibir subsidios más bajos.

También señalan que algunas empleadas de hogar suplen un servicio que debería ser proporcionado por el Estado a través de la Ley de Dependencia, por lo que creen que “se debería valorar la posibilidad de solicitar desgravaciones fiscales a las familias que contraten los servicios de cuidados, como ocurren en algunas comunidades con menores de 0 a 3 años”.