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"Las universidades no podemos afrontar ni un envite económico más"

Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (Cruma), asegura que temen el tijeretazo de 50 o 55 millones de euros que la consejera de Educación anunció para este curso

"Alrededor de un 40% de alumnos de la UAH se han acogido al pago fraccionado en diez mensualidades de la matrícula"

"Claramente se está propiciando una discriminación económica que no está basada en datos académicos".

Fernando Galván, rector de la UAH y presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (Cruma)

Fernando Galván, rector de la UAH y presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (Cruma)

La mayor subida de tasas del país, problemas con las becas, una deuda que supera los 500 millones de euros y la previsión de nuevos tijeretazos en los presupuestos. La situación de las seis universidades públicas madrileñas -Alcalá de Henares, Autónoma, Complutense, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos- es de absoluta asfixia económica.

Pocas horas después de la segunda huelga educativa del año -la primera del curso- con padres, profesores y alumnos de todos los niveles educativos en la calle, analizamos con Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (Cruma), la situación de la educación superior.

¿Qué es lo que asfixia a las universidad públicas madrileñas?

Básicamente una deuda, sobre todo en el ámbito de las inversiones, que la Comunidad de Madrid tiene con sus seis universidades, que asciende a más de 500 millones de euros. La reclamación de esta deuda se encuentra en vía judicial. La Complutense ha tenido ya resoluciones favorables de buena parte de los recursos, lo que ha hecho que se le reconozcan unos 100 millones de euros de los más 200 que solicita, pero sigue pendiente una reclamación de más de 70 millones. El resto aún no tenemos sentencia firme, pero sí la esperanza de que, dado este precedente, podamos tener éxito en nuestra reclamaciones.

Además, el aumento de las tasas de los últimos dos cursos académicos ha colocado a las universidades de Madrid como las más caras de España. El incremento del 65% de las tasas en los dos últimos años ha repercutido en la dificultad para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Algo que además incide a su vez en las universidades, porque también genera un recorte en su financiación. En el caso de las universidades públicas madrileñas, desde 2010 a 2013 ha significado unos 220 millones menos de financiación: hemos pasado de 1.085 millones en 2010 a 863 millones en 2013. Un 20% de recorte, que es una proporción muy superior a la reducción de los presupuestos de la propia Comunidad.

A todo esto se suman además los 21,3 millones de euros que nos adeuda la Comunidad de Madrid en concepto de la diferencia del importe de la matrícula para los becarios. Según la normativa, cuando un becario se matricula en una universidad tiene derecho a la matrícula gratuita. La diferencia entre el importe que le cuesta al Estado la matrícula del curso 2011-2012 con las tasas de ese curso y las sucesivas le compete a cada comunidad autónoma pagarlo a sus universidades porque ellos son los que han hecho esa subida. Nosotros aún no hemos recibido ese dinero. En el caso de mi universidad son dos millones de euros y en el de la Complutene unos 20 millones. Todas estas circunstancias sumadas colocan a la universidad en una situación muy complicada, en la que no podemos enfrentar ni un envite económico más.

Sin mencionar nuevos posibles recortes presupuestarios que ha anunciado la Comunidad de Madrid pero de los que, de momento, se sabe poco.

La consejera de Educación [Lucía Figar] nos dijo que tenía que aplicar un recorte presupuestario de entre 50 y 55 millones de euros y en realidad parece que ya está en ello, porque nos hemos enterado de que en la mensualidad de octubre, que la Comunidad abonará la semana que viene, ya hay un recorte. Estamos intentando ver cuál es el alcance, pero mucho tememos que son esos 50 millones anunciados antes del verano para este curso 2013-2014.

La Cruma anunció hace dos semanas que había presentado un requerimiento ante la Comunidad para que derogue el decreto de tasas. ¿Han tenido alguna respuesta?

Acabamos de recibir una respuesta negativa de la Comunidad de Madrid, ya que era un requerimiento administrativo. Vamos proceder por la vía judicial para que un tribunal intervenga.

Madrid tiene las tasas de matriculación más altas de España, ¿eso está pasando factura en las matriculaciones?

Es un fenómeno que ya observamos el curso pasado y está ocurriendo ahora de forma muy evidente. Los estudiantes se están matriculando en muchos menos créditos. Si la media de un año académico son 60 créditos, este año es mucho menor. Y como los estudiantes se matriculan menos, están más tiempo en la universidad, consumen más recursos públicos y la gestión se hace más ineficiente desde el punto de vista económico. Además, causan muchos trastornos en la planificación académica, porque no es igual hacer asignaturas de un curso que de varios. Es una nueva dificultad añadida a la gestión del día a día. Y, por supuesto, a los estudiantes les resultan más dificultosos sus estudios, en los que tiene que invertir más tiempo.

¿Han notado un aumento de deudores por la subida de las tasas?

Muchas universidades hemos impulsado un pago fraccionado, en nuestro caso [la UAH] en 10 mensualidades. Aún tenemos pocos datos, ya que la primera mensualidad fue la de agosto, pero nuestra sensación es que ha aliviado mucho a los estudiantes y a sus familias. Alrededor del 40% se han acogido a este pago, un índice importante para hacerse una idea de lo que para muchas familias significa el peso de pagar los estudios. Claramente no lo pueden hacer de otra manera. De todas formas, hay que esperar un poco más para poder hacer una valoración de si hay más o menos morosidad.

El rector de la Universidad de Burgos dijo recientemente que nadie se va quedar sin estudiar por el precio de la matrícula. ¿Comparte esa opinión?

Los seis rectores de las universidades públicas de Madrid le trasladamos nuestra preocupación a finales de julio al presidente de la Comunidad, a la consejera de Educación y al consejero de Hacienda. El Consejo de Gobierno acababa de decidir subir las tasas, y les dijimos que esto iba a provocar que haya jóvenes que no puedan estudiar por problemas económicos. El presidente se comprometió a que nadie se quedará sin estudiar por motivos económicos y la consejera de Educación así lo anunció a la prensa. Por eso les pedimos que se vea algún reflejo de su compromiso en los presupuesto para 2014. Si dentro de dos, tres o cuatro meses detectamos, como nos tememos, un problema de esta naturaleza, debería haber ya algún mecanismo del Gobierno de Madrid en marcha para atajarlo. Y esa solución no puede ser en este momento más que económica. Si esto no se refleja en el presupuesto de 2014 va a ser muy difícil de resolver.

¿Cree que el Estado está dejando de lado su función de garantizar una educación pública para todos?

Esa sensación se ha expresado por parte de la CRUE [Confederación de Rectores de las Universidades Españolas] en más de una ocasión, en relación especialmente con el nuevo sistema de becas del Ministerio de Educación. Lo que eso significa, como bien ha dicho Adelaida de la Calle [rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la CRUE] es que no es justo ni es igualdad de oportunidades que un estudiante con recursos económicos pueda pasar de curso y matricularse con un cinco como nota e incluso alguna asignatura suspensa porque sus padres pueden pagarle la matrícula, mientras que un estudiante cuya familia no pueda afrontar ese gasto tenga que obtener una nota superior para pasar de curso y tener una beca. Claramente se está propiciando una discriminación económica que no está basada en datos académicos. Una cosa es una beca a la excelencia, como ya existen, y otra es que un estudiante pueda estudiar en función de si tiene dinero o no.

¿Está de acuerdo con el sistema de "apadrinamiento de universitarios" que propuso la presidenta de la CRUE?

Fue una propuesta a la que se sumaron otros rectores. Hay que distinguir dos temas. Por un lado, todos los rectores de las universidades públicas madrileñas entendemos que la financiación pública debe mantenerse de una forma suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación superior, como ha ocurrido hasta hace poco. Eso no tiene que estar reñido con ayudas o financiación externa procedente de instituciones públicas o empresas privadas, algo que ya existe de hecho en muchas universidades en investigación o actividad cultural. Eso es una cosa en la que estamos de acuerdo y es bueno, porque la sociedad se compromete y responsabiliza de la vida universitaria, pero lo que no debe permitirse es que eso vaya a sustitiuir a la obligación de las administraciones públicas de financiar adecuadamente a las universidades públicas.

Una de las críticas más repetidas sobre las universidades públicas es que hay demasiadas, y muchas duplicidades en las titulaciones. ¿Es necesaria una reforma del mapa universitario español?

Cuando se habla de si en España hay muchas universidades diría que no es cierto, comparada con los países de nuestro entorno. Tenemos menos universidades por habitante que, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos u otros países. Por ejemplo, hace unos meses estuve en Taiwan. Tiene la mitad de habitantes que España, 23 millones, y  entre 140 y 150 universidades y 1,2 millones de estudiantes universitarios. En España hay aproximadamente 75 universidades, 50 públicas y 25 privadas, y 1,5 millones de alumnos. Claramente no es un número excesivo en cuanto a la población y al papel que ocupa España en este nivel. Y lo mismo podemos decir mirando las cifras de Reino Unido o Alemania.

Otro tema distinto es que haya demasiada igualdad de títulos. Desde luego para eso debería haberse dado una planificación superior y quizás no se ha aprovechado suficientemente el proceso de Bolonia, que si hubiera sido más flexible su implantanción, como en otros países, hubiera permitido una mayor diversidad de los títulos. Degraciadamente hacerlo a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha dificultado que haya una pluralidad como en las universidades francesas o británicas. Es cierto que da la impresión de que todas las universidades públicas se repiten. Es un tema que requeriría un planteamiento diferente y todos los rectores estamos muy abiertos a estudiarlo. Somos bastante críticos con la actuación de la ANECA, ya que no ha facilitado que en España haya un modelo de títulos mixtos como en Reino Unido, que permite estudiar materias de distintas ramas de conocimiento. Allí es habitual que haya estudiantes que cursan Música y Química o Historia y una ingeniería, algo que permite muchas veces que se hagan unos estudios vocacionales y a la vez con vistas a la empleabilidad. Eso en España es imposible. Estamos encerrados en departamentos estancos y sin comunicación. Y sin duda es un debate que sería bueno que se produjera.

¿Es posible modificar los planes de estudios de Magisterio como quiere el Gobierno regional?

Es un planteamiento que nos llega del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la vista de los resultados de las oposiciones. A nosotros nos convocó el presidente para pedirnos que buscáramos entre todos una solución. Por supuesto, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente en cualquier mecanismo que pueda mejorar la educación, pero para hacer cambios en los planes de estudio tenemos que contar también con el acuerdo del Ministerio de Educación, que es el que tiene la competencia en marcar los contenidos de los grados. En Magisterio en Educación Infantil y Primaria, de los 240 créditos 210 vienen ya fijados por orden ministerial. Las universidades tenemos muy poco margen. Y eso es básicamente lo que le comentamos al presidente. Estamos dispuestos a trabajar, crear un grupo de trabajo con expertos y hacer propuestas, pero no podemos pasar de ahí porque a quien deben lanzarse es al Ministerio de Educación.

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