Cinco víctimas del bloqueo político: esperar la subida de las pensiones, la ley trans o financiación para la dependencia
EL 10N llega tras meses de bloqueo político y un gobierno en funciones desde abril. La actividad parlamentaria se limita estos meses a la comisión permanente y el gobierno de Pedro Sánchez no pudo aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que llevan prorrogados desde mayo de 2018.
Mientras tanto, con la actualidad política de vuelta centrada en lo electoral, los mayores han seguido manifestándose para que las pensiones se actualicen con el IPC, las listas de espera de la dependencia no solo se mantienen sino que han aumentado por primera vez en años o las personas trans continúan reivindicando la prometida reforma de ley que las ampare del todo. Son algunas de las víctimas de un país paralizado que siguen aguardando un gobierno y una recomposición del Congreso.
Jesús, profesor por 600 euros
Jesús, profesor por 600 eurosJesús Antonio Zamanillo trabaja unas 30 horas semanales dando clase en la Universidad de Burgos por menos de 600 euros. Lleva así 13 años, con contratos de un curso de duración. Cada verano tiene que renovarlo. Como él está uno de cada cinco docentes en la universidad, aquellos que trabajan bajo un contrato de profesor asociado. Superan en número a los titulares, el supuesto grupo fuerte entre el profesorado en la universidad. “Somos precarios, pero la universidad no se podría sostener sin nosotros”, dice Jesús. El Ministerio de Educación lleva unos meses presentando una especie de borrador de Estatuto del PDI en el que reconoce el problema y se muestra dispuesto a “regularizarlos”, pero necesita cambiar la Ley Orgánica de Universidades... y para eso debe haber Congreso.
José y Felicitas esperan la valoración de dependencia
José y Felicitas esperan la valoración de dependenciaEl año personal de José y Felicitas, un matrimonio de Guadalajara, ha parecido ir al compás del curso político. En primavera, antes del 28A, él empeoró de la demencia senil y Parkinson que sufre; en julio, durante los días de negociaciones de la investidura fallida de Sánchez, a ella, que era su principal cuidadora, le diagnosticaron un cáncer de colon. Eso obligó a ingresarlo en una residencia. El día 12, justo tras el 10N, tienen la cita para que a él le valoren el grado de dependencia que pidieron en verano. Tras ella, sus hijos confían en que llegue por fin la prestación que contempla la Ley, pero el proceso podría demorarse un año. Esta familia es una de las más de 146.000 que esperan en España una valoración para la dependencia, una cifra récord desde 2012. Este 2019 también ha aumentado por primera vez desde 2015 la lista de personas que ya tienen su calificación pero no cobran ninguna ayuda: más de 250.000. Las entidades responsabilizan, entre otros factores, a la falta de financiación. “Estamos con los PGE del año 2018 prorrogados, que arrastran los recortes del 2012. Se va acumulando y acabará todo colapsando”, denunciaban desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Jacqueline, empleada doméstica sin derecho a paro
Jacqueline, empleada doméstica sin derecho a paroTrabaja con contratos por horas en tres casas diferentes y a principios de mes hay algo más de 700 euros en su cuenta. Jacqueline Amaya tiene 44 años y es empleada doméstica desde que llegó hace doce años a España desde Perú. Es una de las aproximadamente 600.000 empleadas domésticas de nuestro país y cuyos derechos, a día de hoy, aún no están equiparados con el resto de trabajadores. Sin cotizar por sus salarios reales y sin derecho a paro, Jacqueline resume en dos palabras el estado en el que se encuentran estas trabajadoras: “Estamos desamparadas”. El Gobierno de Sánchez se comprometió a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que les reconoce el derecho a paro, pero “se postergó a este año, y mientras no haya Gobierno es algo que no va a suceder”, explica Jacqueline. No solo se trata de ratificar el convenio, sino de concretar la forma en la que se aplicará en España y dotarlo presupuestariamente. “Si no, sería papel mojado”.
Toñi, yayaflauta en defensa de las pensiones
Toñi, yayaflauta en defensa de las pensionesTiene 76 años y forma parte del colectivo de Yayoflautas en Madrid desde 2012. Toñi reclama a los partidos políticos que dialoguen para garantizar a largo plazo el sistema público de pensiones, es decir, que queden blindadas por la Constitución. “Será la forma de llegar a la vejez tranquilos”, sostiene. La defensa del sistema de pensiones ha arrastrado a miles de personas a la calle en los últimos años. Ella oficialmente no es pensionista, sino que vive gracias a la pensión de su marido: como muchas mujeres de su tiempo con las que coincide en las manifestaciones, no consta institucionalmente que haya trabajado nunca aunque no haya parado de hacerlo, ya sea de manera informal o en los cuidados. “Empecé a trabajar a los once años, era un taller que hoy diríamos 'clandestino', como modista. Ni te daban de alta en la Seguridad Social ni nada. Así estuve hasta que me casé. Imagínate qué cultura pude tener, muy limitada. Dejé el colegio a los diez años”.
Victoria, trans y migrante esperando la reforma de ley
Victoria, trans y migrante esperando la reforma de leyVictoria es hondureña pero vive en España desde hace tres años. Vino obligada por la persecución que sufría en su país natal como activista LGTBI. No hace mucho que ha conseguido por fin el reconocimiento oficial como refugiada, pero en su NIE aún figura un nombre masculino que no es el suyo. La Ley de Identidad de Género de 2007 excluye a las personas que, como Victoria, no tienen la nacionalidad española y siguen esperando a una reforma legislativa atascada en el Congreso desde 2017. No es la única que lo necesita. Una reforma de esa Ley de 2007, que permite el cambio de nombre y de sexo legal, es una de las grandes demandas del colectivo trans. No solo en lo que respecta a la inclusión de las personas migrantes con permiso de residencia como Victoria, sino también a los menores de edad que quedan excluidos. También se pide la eliminación de los requisitos médicos: obliga a dos años de hormonación y a contar con el diagnóstico psiquiátrico o psicológico que atestigüe que estas personas sufren disforia de género. Esto implica “patologización”, que “sigamos siendo consideradas personas que no estamos cuerdas”, lamenta Victoria.
