Facua pide que el Ayuntamiento de Sevilla pague por el brote de listeriosis

La asociación de consumidores Facua ha pedido a la jueza que instruye el caso por el brote de listeriosis que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario y haga frente a las indemnizaciones que se acuerden por encima de las cantidades que se abonen o embarguen.

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha explicado en rueda de prensa que el equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la jueza que impute por un posible delito de prevaricación a un responsable municipal, cuyo nombre solo dará si se acepta su imputación.

Además, pide que el ayuntamiento asuma el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de la empresa que provocó el brote, Magrudis, que solo cubre 300.000 euros, y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer la asociación en los últimos meses, según Facua.

Si el ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016, señala la asociación.

FACUA ya denunció a finales de agosto un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del consistorio hispalense dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017.

De esta forma, se aumentaban los plazos de los controles, según señala la asociación antes de indicar que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado un año y medio después, en enero de 2019, pero no se produjo hasta agosto y como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos.

En septiembre, FACUA calificó de “extremadamente grave” que el Ayuntamiento no clausurara Magrudis en diciembre de 2018, cuando la empresa presentó una declaración responsable -en lugar de la preceptiva solicitud de licencia- que estaba llena de irregularidades, aunque no fueron detectadas porque no se revisó la documentación.

Ahora, el último informe elaborado los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil ha revelado más irregularidades, concluye la asociación.