La Justicia en Ecuador debe probar la relación de Assange y Bini, dice la ministra del Interior

El Estado ecuatoriano tiene “suficientes pruebas” para investigar al informático sueco Ola Bini en relación a una presunta red de espionaje en el país de la que podría formar parte también el fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró este jueves a Efe la ministra del Interior, María Paula Romo.

“Hay elementos suficientes para investigar”, ahora, es el proceso judicial “el que tiene que decir si hay elementos suficientes para una sentencia”, afirmó la responsable al precisar que “no le corresponde” al Ejecutivo “la última palabra”.

Convertida en la cara más visible del caso por las competencias que corresponden a su cartera, Romo considera que “se podría haber atentado contra la integridad de sistemas informáticos” en el país, y que por ello se ha pedido la investigación.

“Los elementos que teníamos han sido puestos en manos de la administración de justicia”, subrayó al ser preguntada sobre si el caso podría quizás desvanecerse entre las manos del Gobierno ecuatoriano por falta de consistencia.

Bini, un informático que reside en Ecuador desde hace más de cinco años, fue detenido el pasado 11 de abril por supuestamente atentar contra los sistemas informáticos del país, como parte de una presunta red de espionaje a través de internet.

La detención coincidió con el final del asilo ecuatoriano a Assange, que se encontraba refugiado desde 2012 en su Embajada en Londres, y su entrega a las autoridades británicas para afrontar cargos por violación de medidas cautelares y una solicitud de extradición a EEUU por difusión de cientos de miles de documentos secretos.

En sus explicaciones, el Gobierno ecuatoriano justificó la relación entre ambos hechos porque tuvo que esperar a “blindarse” frente a una posible ofensiva cibernética antes de poner fin al asilo, lo que no evitó que en los días siguientes el país fuera objeto de más de 40 millones de ataques cibernéticos.

Preguntada por la relación entre Assange, Bini y la supuesta red de espionaje, de la que formarían parte también dos hackers rusos, la ministra adujo que eso es “parte de lo que se tiene que esclarecer”.

“¿Todo hace parte de ese mismo panorama (delictivo)? Sí. Todos estos casos son personas que trabajan conjuntamente? Algunas sí, algunas no. Esa es nuestra presunción”, respondió Romo.

Las pesquisas deben aclarar “si estas piezas son todas del mismo rompecabezas o si tenemos diferentes escenarios. Yo creo que algunas de estas piezas hacen parte de la misma red y otras no necesariamente”.

Abogada de profesión y llegada al cargo en septiembre de 2018, Romo es la tercera ministra del Interior desde que Lenín Moreno asumió la Presidencia hace veintitrés meses, y dirige desde diciembre pasado la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

Moreno acusó recientemente a Assange de tratar de establecer una red de espionaje en la Embajada ecuatoriana mientras las autoridades aseguran que Bini, de 36 años, lo visitó catorce veces en los últimos tres años.

Experto en encriptación y defensor del software libre, Bini podría ahora verse en una trampa por la amistad que mantiene con el australiano y que sus familiares no han ocultado.

Sin comprometer una relación penal entre los casos, Romo destacó que “todas (las piezas) hacen parte del mismo delito”, y que su país no tolerará “una especie de permisividad” a que se atente contra “el derecho a la privacidad, a la integridad de las comunicaciones”.

Un país que, según reconoció la ministra, aún le queda mucho por hacer en la lucha contra los delitos informáticos: “en otros lugares estos delitos se castigan más, hay más capacidades para investigarlos y hay legislación más avanzada”.

El arresto del informático, que estaba a punto de salir del país con dirección a Japón cuando lo interceptó la policía, ha generado críticas a nivel internacional y, aunque en mucho menor medida, también a nivel local.

En una reciente entrevista con Efe en Quito, el padre del informático, Dag Gustafsson, consideró que su hijo es inocente y que lo detuvieron sólo por su “amistad con Assange” y por tener “un montón de ordenadores y equipos electrónicos”, y aseguró que no forma parte de Wikileaks.

Elías L. Benarroch