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Twitter reinventa el derecho al olvido

Un ejemplo de puerta cerrada en Twitter.

Marta Peirano

Politwoops es una aplicación abierta creada en un hackaton que tuvo lugar en Holanda en 2010 y que está diseñada para avisar cuando un político borra un tuit de su cuenta. El evento fue apadrinado por la europea Open State Foundation, pero fue rápidamente adoptado por otras organizaciones como la Sunlight Foundation, cuya misión es “apoyar la transparencia y la responsabilidad administrativa a través de datos, herramientas, análisis y periodismo”. Como ocurre con las herramientas que son útiles y abiertas, ha producido descendencia. Diplotwoops usa la misma fórmula para vigilar los tuits producidos y borrados por diplomáticos.

Como la mayor parte de las aplicaciones vinculadas a las redes sociales, Politwoops usaba la API de Twitter, que es como se llama al conjunto de herramientas que una empresa pone a disposición de terceros para la creación de nuevas aplicaciones y servicios. Gracias a los datos generados por esa API, Politwoops no sólo advertía de cada tuit eliminado por un político; también generaba una base de datos armada con un buscador, donde se podía buscar por partido, cargo y miembro.

El pasado mes de junio, Twitter suspendió el acceso de la fundación norteamericana a su API, argumentando que el uso que hacían de sus datos “incumple los Terminos de Servicio de nuestra API de manera fundamental”. La fundación aseguraba entonces que, cuando empezaron a usar la herramienta en 2012, lo hicieron con la bendición y el apoyo de Twitter y que no sabían qué había propiciado su cambio de opinión. Este fin de semana, Twitter suspendió el acceso a todas las demás en otros 30 países, incluyendo derivados como Diplotwoops.

Cuando amputó el acceso a la API del Politwoops norteamericano, Twitter argumentó que “su prioridad era honrar las expectativas de privacidad de todas las cuentas, tanto si el usuario es anónimo como si es un miembro del Congreso”. En la carta que envió a la Open State Foundation, Twitter aseguraba que la decisión había sido largamente deliberada y estaba basada en el derecho al olvido de cada uno de sus usuarios.

Irónicamente, el propio Twitter se guarda copia de todo lo que publica cada uno de sus usuarios, incluyendo los tuits que han borrado y las cuentas que han querido eliminar. Y se reserva el derecho a usar esos datos de la manera que considere conveniente, incluyendo facilitar un acceso directo y permanente al gobierno de EEUU, que luego no incluye en su informe de la transparencia. Parafraseando el chiste, todos los usuarios de Twitter son iguales pero algunos usuarios son mucho más iguales que otros.

La asimétrica igualdad de los usuarios de Twitter

“¿Te imaginas lo enervante -terrorífico, incluso- que sería la idea de que todo lo que tuiteas sea inmutable e irrevocable? Ningún usuario se merece esa condición más que cualquier otra. De hecho, borrar un tuit es la expresión de la voz del usuario”. “Lo que los políticos dicen en público debería ser dominio público”, argumenta el director de la Open State Foundation, Arjan El Fassed. “Lo que un político electo dice públicamente es un caso de interés público. Incluso cuando los tuits han sido eliminados, es parte de tu historia parlamentaria.” 

Tanto la Open State Foundation como la Sunlight Foundation son organizaciones neutras que producen herramientas para facilitar a los ciudadanos de cada país un acceso más directo a las actividades de las administraciones, partidos e instituciones que gestionan la vida pública, especialmente en aquellos países donde se han usado recursos de manera oscura y poco productiva. Su misión es facilitar herramientas para visibilizar la vida pública, en un contexto en el que la vida política ocupa cada vez más espacio en las redes sociales. Esto incluye vigilar las actividades del Congreso, las ayudas a los partidos, las modificaciones de ciertas leyes o el impacto de los lobbies. Son herramientas que dependen de la buena voluntad de las grandes compañías de servicios online. Por otra parte, la supervivencia de esas plataformas dependerá de su capacidad para acompañar a los movimientos sociales y no de defender los intereses de los poderosos.

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