La Junta desvincula el cuarto muerto por listerioris del brote de verano

La Junta de Andalucía ha desvinculado la cuarta muerte por listeriosis a la alerta del Gobierno andaluz decretada este verano por el brote de esta enfermedad, y ha recordado que esta víctima se produjo tras comer productos de la empresa Magrudis en diciembre de 2018, cuando Juanma Moreno (PP) no era presidente andaluz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha afirmado que la Consejería de Salud aún no le ha confirmado oficialmente este caso.

“El fallecido está, y parece ser que la familia consumió productos de Magrudis en diciembre de 2018. Aquí el responsable es siempre la empresa, no es el anterior gobierno ni este gobierno, y estamos actuando”, ha afirmado Bendodo.

“¿Qué es lo novedoso aquí? Que hay un fallecimiento, previsiblemente, por consumo de productos de la empresa Magrudis fuera de la alerta sanitaria declarada por la consejería en agosto de 2019”, ha enfatizado el consejero.

El consejero ha hecho estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre el anuncio de la asociación de consumidores Facua, quien ha asegurado que se ha confirmado una cuarta víctima mortal por el brote de listeriosis registrado en Andalucía, un bebé de Écija (Sevilla) que murió cinco días después de nacer el pasado mes de febrero.

Sin embargo, fuentes de la Consejería han negado que hayan hecho tal comunicación a Facua.

Asimismo, las citadas fuentes han explicado que el comité técnico de respuesta al brote de listeriosiosis por el consumo de productos elaborados por la empresa Madrugid decidió extender el estudio de identificación molecular a todas los aislados en muestras clínicas de Listeria monocytogenes, disponibles en los laboratorios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Dentro de este análisis hay aislamientos que pertenecen al mismo clon que la cepa que produjo el brote de Magrudis y entre ellos se encuentra el caso del recién nacido fallecido el pasado febrero.

Estos informes son enviados al Juzgado de Instrucción y están en análisis y estudio por parte de la Consejería de Salud y Familias, según las fuentes de la Consejería.