La mafia de las milicias expande su poder en Brasil con servicio pirata de TV

Río de Janeiro, 28 jun (EFE).- Unos 33 millones de personas consumen televisión por suscripción pirata en Brasil, un servicio ilegal que ocasiona pérdidas exorbitantes en el país y en el que las “milicias” de Río de Janeiro tienen una fuerte participación.

El número de internautas que reciben el servicio pirata más que duplica a quienes pagan por el mismo a empresas legalizadas, por lo que la práctica prohibida deja cada año pérdidas por valor de 15.500 millones de reales (unos 3.100 millones de dólares), de los cuales un 12,9 % corresponde a impuestos que el país deja de recaudar.

El servicio -conocido en Brasil como “Gatonet” un nombre que emula la expresión “dar gato por liebre”, usada en varios países para referirse a un engaño-, se presta de diversas maneras.

Entre las más utilizadas están las cajas -conocidas como TV Box- que convierten un televisor común en un aparato inteligente (“Smart TV”) y que se ha transformado en una nueva fuente de renta del crimen organizado en Brasil.

RÍO DE JANEIRO, UN CASO APARTE

De acuerdo con la Aduana brasileña, el uso ilegal de estos equipos está diseminado en todo el país.

No obstante, Río de Janeiro destaca, pues allí fueron incautados poco más de un millón de TV Box irregulares desde el año pasado, lo que supone pérdidas por más de 470 millones de reales (unos 94 millones de dólares) al crimen organizado. En todo Brasil fueron decomisados cerca de 1,4 millones.

En Río, las “milicias”, como son conocidas las mafias paramilitares -y que dominan el 57,5 % del territorio urbano en Río-, ostentan el control de servicios esenciales como luz, gas, agua y transporte en varias favelas de la ciudad, donde ejercen el poder.

El de internet y el de TV y filmes por suscripción también están bajo su mando.

Quien quiera contar con alguno de estos servicios en esas deprimidas barriadas tendrá que contratarlo con estos grupos, conformados en su mayoría por policías -activos, retirados o expulsados- pues no permiten que los habitantes de las favelas lo hagan con empresas legales o con rivales, so pena de poner en riesgo su vida y la de sus familias.

Según pudo constatar EFE, solo por la instalación del servicio de TV y películas por suscripción, un habitante de la favela de Mangaratiba debe pagar a las milicias 90 reales (unos 18 dólares) y otros 60 reales (12 dólares) cada mes, un costo más bien alto para quien vive en estas comunidades.

A eso debe sumar el precio de internet, también ilegal, que ronda 50 reales (10 dólares) mensuales.

Pero el “Gatonet” se ha venido expandiendo en los últimos años más allá de las favelas y ya es comercializado en barrios de clase media de Río, donde generalmente cobra el servicio puerta a puerta. Con las ventajas que brinda la conexión directa en aparatos con acceso a internet, se ha ampliado aún más.

De acuerdo con un estudio realizado en marzo y divulgado por la Asociación Brasileña de Televisión por Suscripción (ABTA), el 27,2 % de los internautas mayores de 16 años -33 millones de personas- consumen de forma pirata TV y películas por suscripción, mientras que solo 14,9 millones de brasileños lo hicieron de forma legal en 2020.

¿La razón? Los costos que, dependiendo de la modalidad, pueden llegar a reducirse a solo el 10 % de lo que cobra una empresa debidamente reglamentada en el país.

UN ASUNTO QUE PREOCUPA A LAS AUTORIDADES

Varias autoridades consultadas por EFE señalaron que la mayoría de estos aparatos llegan al país de contrabando y ya adaptados con una aplicación que permite la conexión con canales de TV y plataformas de películas que son protegidos por la propiedad intelectual, como HBO, Amazon o Netflix.

“El 100 % de estos aparatos llegan del continente asiático” por vías marítima y terrestre, “estamos combatiendo eso”, dijo a EFE Paulo Aurelio Pereira da Silva, coordinador del Plan de Acción de Combate a la Piratería de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Las penas por este delito van desde el bloqueo de señales, la incautación de equipos y multas, hasta los cuatro años de cárcel.

El asunto preocupa a las autoridades pues existen estudios que señalan que los equipos que se están utilizando para romper las señales de TV por suscripción y plataformas de películas pueden capturar informaciones de forma indebida sin autorización.

“Tenemos informaciones muy robustas que señalan que ellos podrían servir, inclusive, para hacer ataques en red y hasta derribar algún portal del Gobierno”, advirtió el experto de Anatel.

María Angélica Troncoso