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La mayoría de los partidos apoyará mañana la tasa Google bajo dudas de recaudación

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

EFE

Madrid —

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La mayoría de los partidos políticos, aunque con dudas sobre su recaudación, apoyará mañana que el nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales siga su trámite en el Congreso, por lo que rechazará las tres enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, VOX y Ciudadanos por considerarlo inoportuno.

El Pleno del Congreso debatirá este jueves estas tres peticiones de devolución que coinciden en que un impuesto digital debe ser global y consensuado a nivel internacional o europeo, aunque PP y VOX rechazan rotundamente cualquier subida impositiva.

La mayoría de los partidos se posicionará a favor de que la conocida como tasa Google pueda ser discutida en la Comisión de Hacienda del Congreso, que tendrá competencia legislativa plena para aprobar o no dicho impuesto.

En esta comisión se debatirán las más de 90 enmiendas parciales que se han registrado al impuesto y que proceden no sólo del PP, VOX y Ciudadanos, sino también de otras formaciones como JxCAT o BNG, que urgen modificar este gravamen en cuanto a la sanciones impuestas por incumplimiento o sobre la posibilidad de que se produzca una doble imposición en las empresas.

De momento el Pleno de Congreso escuchará los argumentos de las tres enmiendas a la totalidad, que previsiblemente serán rechazadas con los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y ERC, entre otros, mientras que JxCAT y PNV tampoco las apoyarán, pero no han aclarado si votarán en contra o se abstendrán.

La tasa Google pretende gravar con un 3 % los ingresos que las grandes tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario y quedarían excluidos los intercambios entre usuarios y el comercio electrónico minorista, cuando no actúe como intermediario.

El impuesto afectaría a las empresas que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y 3 millones en España, y el Ejecutivo había previsto una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros que posteriormente rebajó a unos 968 euros antes de la pandemia, debido a una cierta ralentización de la economía, por lo que tras la COVID-19 dicha recaudación podría ser aún menor.

La recaudación es precisamente la duda que previsiblemente mostrará la mayoría de los partidos políticos toda vez que se avecina una recesión económica y tras el aviso de algunos expertos de que si el impuesto es europeo sus ingresos irían a parar a las arcas del presupuesto de la UE y no a las de cada Estado integrante.

No obstante, Hacienda ya ha previsto dejar en suspenso la liquidación de este impuesto hasta al menos el 20 de diciembre de este año, con el objetivo de dar “margen” a la adaptación de las empresas y a un posible impuesto digital global.

La petición del PP y Ciudadanos es que la entrada en vigor de la tasa se retrase al 1 de enero de 2021 y sea al menos europea, al tiempo que alertan de posibles represalias por parte de EEUU a España si fuera unilateral.

La enmienda de devolución del PP argumenta que “las medidas fiscales deben ir por bajadas y no subidas”, mientras que VOX señala que este impuesto supone una “clara distorsión del mercado europeo y ”falsearía“ la competencia.

También coincide con Ciudadanos en que la tasa perjudicaría a las pymes ante un incremento de los costes para adaptarse al impuesto, lo que repercutiría en el consumidor final.

Para los tres partidos se produce una doble imposición a las empresas que ya pagan en el Impuesto de Sociedades por sus beneficios y la tasa digital también le reduciría estos márgenes, que cifran en una pérdida de mas de 500 millones anuales.

“Son gastos absolutamente inasumibles en el actual contexto”, señala la enmienda de Ciudadanos, que no ve oportuno la implantación de un nuevo impuesto a pymes cuando acaban de sufrir la pandemia del coronavirus.

Además, entre sus enmiendas parciales aboga por modificar los umbrales de facturación de estas empresas para que sean en más 500 millones a nivel global y en más de 5 millones solo en España.

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