Operadoras europeas han invertido ya más de 16.000 millones en subastas de 5G

Las empresas europeas han comprometido hasta el momento más de 16.000 millones de euros para hacerse con frecuencias de 5G, una tecnología que promete revolucionar las comunicaciones móviles y permitir la irrupción de avances como los coches autónomos, la cirugía a distancia o el internet de las cosas.

Pese a lo elevado de la cuantía, el proceso no está ni de lejos acabado. La Comisión Europea calcula que de momento sólo se ha subastado un 14 % del espectro que se debe adjudicar en la Europa de los 28.

La subasta más reciente, y la que más ha recaudado hasta el momento junto a Italia, ha sido la de Alemania, que esta semana se ha saldado con el compromiso de cuatro operadoras de aportar 6.549,6 millones de euros: Deutsche Telekom 2.174,9 millones; Vodafone 1.879,7; Telefónica 1.424,8, y 1 & 1 Drillisch 1.070,2.

Previamente, Dinamarca adjudicó en abril frecuencias por 296 millones a 3 Denmark, TT Network y TDC. Un mes antes Austria subastó espectro por 187,7 millones entre siete operadoras, entre ellas TeleKom Austria, T-Mobile y Hutchison.

En febrero se adjudicaron licencias en Suiza por 379 millones a las locales Swisscom, Salt y Sunrise y en Suecia se subastaron en diciembre frecuencias en la banda de 700 MHz por 274 millones, que fueron a parar a Telia y Net4Mobility.

Antes tuvo lugar en septiembre la subasta italiana para frecuencias en las tres principales bandas del 5G (700 MHz, 3,6 GHz y 26 GHz), que se cerró con una recaudación de casi 6.600 millones aportados por Telecom Italia, Illiad, Vodafone, Wind y Fastweb.

En Finlandia, el país europeo que según la Comisión Europea está mejor preparado para el despliegue del 5G, se recaudaron 77,6 millones y en abril de 2018 la subasta en Reino Unido se saldó con 1.555 millones comprometidos por O2 (filial de Telefónica), EE Limited, Hutchison y Vodafone.

En España, hasta el momento únicamente se ha adjudicado la banda de los 3,6-3,8 GHz a través de una subasta que en julio cerró con una recaudación de 437,6 millones y en la que se impuso Vodafone, con una inversión de 198,1 millones, más lo que se genere por el aplazamiento del pago en 20 anualidades a un tipo de interés del 2,35 %.

Orange comprometió en esa subasta una inversión de 132 millones para convertirse en el operador con más espectro en esa banda, puesto que ya tenía una porción (por la que en su día pagó 20 millones). Telefónica destinará 107,4 millones, mientras que MásMóvil se quedó fuera.

Hay que tener en cuenta que aunque la adjudicación española fue por 437,6 millones, el pago acumulado a veinte años -el plazo de vigencia de las licencias- asciende a 542,1 millones, a los que se suma el importe de la tasa por reserva de espectro radioeléctrico, que conforme a su valor actual para el período de veinte años asciende a 868,5 millones.

Así, las aportaciones al Tesoro Público español derivadas de esa subasta ascenderán a 1.410,6 millones de euros, más del triple de lo licitado, lo que da una idea del esfuerzo económico en que se puede traducir la compra de licencias.

España tiene que diseñar ahora cómo será la subasta de la banda de los 700 MHz, calve para el despliegue masivo del 5G y ocupada actualmente por la TDT, que tendría que estar adjudicada en junio de 2020, tal y como establece la Comisión Europea.

La banda de 700 MHz es particularmente atractiva para los operadores de telecomunicaciones tanto por su mayor cobertura en exteriores, que se traduce en menor necesidad de emplazamientos, como por su alta penetración en interiores, que permite ofrecer servicios de calidad en núcleos urbanos.

El 5G permite multiplicar velocidades y número de dispositivos conectados de forma simultánea, propiciando el internet de las cosas y la reducción de latencia, es decir, el tiempo de respuesta desde que se da una instrucción a un dispositivo hasta que reacciona, clave para la conducción autónoma, por ejemplo.

El Gobierno español se encuentra en la disyuntiva de si quiere recaudar lo más posible -para disponer de fondos que le permitirían sanear cuentas públicas o aumentar inversiones- o contener los ingresos a cambio de permitir que las operadoras estén más desahogadas para ofrecer mejores servicios a precios más competitivos y cuanto antes.