La nueva orden de ciberseguridad de Trump es un tocho de 2.200 palabras
De todas las órdenes ejecutivas que tenía pendientes de firmar Donald Trump, la que concierne a la ciberseguridad es, de momento, a la única que ha dejado plantada. El primer borrador lo filtró el Washington Post hace algo más de dos semanas y de él se desprenden tres cosas: más poder para los militares del Pentágono, más vigilancia para los ciudadanos y la limitación de capacidades para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Aunque puedan parecer lo mismo, el DHS y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) no son iguales. Mientras que el primero se encarga de proteger al país de ataques terroristas y responder ante catástrofes naturales, la NSA es la agencia para la que trabajaba Edward Snowden y su cometido es, básicamente, espiar a sus ciudadanos.
La Casa Blanca fijó el día 31 de enero para la firma de la orden ejecutiva, pero pocos minutos antes de que Trump estampase su rúbrica, lo canceló. Cuentan los periodistas que estuvieron allí desde primera hora que el día estuvo marcado por multitud de reuniones, y que cuando todo el mundo esperaba que el tratado se ratificase por la tarde, Sean Spice, el secretario de prensa de Trump, pasó una notita para avisarles de que se fueran a casa. Algunas como Allie Malloy, la reportera de la CNN en la Casa Blanca, no dieron crédito ni a las formas ni a lo que ocurrió aquella tarde y tuitearon la prueba.
Diez días después, la administración Trump tiene un nuevo borrador. Aunque aún sin fecha para su aprobación, el mandato que regulará la ciberseguridad en EEUU es ligeramente más corto que el de Obama (2.200 palabras contra 3.000) y más preciso, pero también más engorroso. La nueva orden ejecutiva necesitará no menos de diez informes que la apoyen para salir adelante, seis de los cuales irán a parar directamente a las manos del presidente. Para hacernos una idea, la de Obama necesitó tres documentos adjuntos para ser aprobada.
Los 10 briefings que necesitará la orden ejecutiva los lista The Register, y van desde informes sobre antiterrorismo hasta cómo puede el gobierno financiar a compañías en situación delicada, pasando por los riesgos que entraña la ciberseguridad en materia de defensa y los sistemas militares. Todos están dirigidos a una u otra agencia del gobierno y en todos se especifica qué agencia o departamento debe elaborarlo.
Las comunicaciones, para los militares
El borrador de la orden ejecutiva filtrado por el Washington Post anuncia algunos cambios. El primero, relacionado con los puestos de poder dentro del DHS: el secretario de defensa y el próximo director de seguridad nacional serán dos de los muchos responsables de los informes que necesitará el mandato para salir adelante. No lo harán solos: junto a ellos estarán John Kelly, el nuevo secretario de asuntos internos.
Trump ha incluido un aparte de “revisión de capacidades”, donde insta a identificar cualquier aspecto que necesite ser mejorado “para proteger adecuadamente la infraestructura de EEUU”. Una de estas revisiones implica directamente al DHS y al Cibercomando estadounidense, que forma parte del Departamento de Defensa y que mantiene una estrecha colaboración con la NSA. De hecho, tanto el comando como la agencia de espionaje comparten a su director, Keith B. Alexander.
Durante la administración Obama, el DHS se encargaba de proteger las redes del gobierno y de hacer de enlace entre la administración y el sector privado. El Cibercomando tenía el papel de defender las redes militares y atacar al enemigo en caso de que fuera necesario. El borrador de Trump propone empoderar a estos últimos para que se encarguen también de la defensa de las redes de información del gobierno y de las redes civiles.
Aunque sabemos gracias a Snowden que la gran mayoría de empresas en EEUU tenían puertas traseras por las que se escapaba la información de sus bases de datos, el gobierno no ha parado en su afán de obligarlas por ley a que las compartan con la administración. Estos esfuerzos legislativos a través del DHS han generado un rechazo significativo, sobre todo por la cantidad de información de la que podría llegar a disponer la NSA. Y todo esto sin una orden judicial.
En definitiva, Trump está entregando el poder sobre las comunicaciones a los militares. Denelle Dixon, abogado de la Fundación Mozilla, contaba a The Guardian que “estamos preocupados con un cambio en la responsabilidad de la seguridad cibernética de una agencia civil al Departamento de Defensa. Existe una necesidad en los gobiernos, las empresas de tecnología y en los usuarios para trabajar juntos en el cifrado, arreglar las vulnerabilidades de seguridad y trabajar por la vigilancia responsable”.
Rudy Giuliani y el engranaje perfecto
Trump dejó colgados a los periodistas aquella tarde del 31 de enero, pero no al resto de su agenda. Después se reunió con un grupo de expertos en ciberseguridad entre los que se encontraba Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Es la pieza clave que el presidente estadounidense ha querido situar en el tablero gracias a sus numerosos contactos con empresarios y gente del mundo de los negocios, a pesar de que su experiencia en el campo de la ciberseguridad sea nula. La administración Trump defendió así la incorporación de Giulani el pasado 12 de enero: “El presidente electo reconoce que esto [la ciberseguridad] necesita la entrada y la atención inmediata de los líderes del sector privado para ayudar al gobierno y volvernos más seguros”.
Algunos funcionarios del DHS con los que habló The Guardian aseguraron que las empresas privadas preferían tratar con ellos en vez de con el Pentágono. Y solo así se explica que Giulani ahora haya pasado de político en el exilio a asesor de Trump en materia de ciberseguridad.
Además, cuenta el diario británico que aquel lunes por la noche previo al día 31 de enero, algunos funcionarios del DHS aún no habían visto terminado el borrador de la orden ejecutiva. Trump estaba demasiado ocupado lidiando con la opinión pública por el decreto migratorio que acababa de presentar.
