El Gobierno de Canarias llevará la privatización de Aena a los tribunales
Los trabajadores de Aena temen que el traspaso del 49% de los aeropuertos españoles a entidades privadas, que aseguraría su continuidad laboral, sea “un primer paso para después llegar a una privatización más dura, más completa”, en la opinión de Carlos Torres, delegado de la Unión Sindical Obrera.
Con 187,4 millones de pasajeros al año y un resultado bruto de explotación de 1.610 millones de euros, se ha conseguido reducir el gasto en 255 millones, según datos del sindicato.
Jorge Javier García, secretario general de la sección sindical del Aeropuerto de Gran Canaria, explica que “tenemos una empresa que en 2013 tiene reconocido un beneficio neto de 715 millones de euros; ahora nosotros gestionamos el 100% de estos 715 millones de beneficios, al entrar empresa privada hay que repartirlo entre las empresas privadas”.
García considera que “la empresa nunca ha estado en pérdidas”, sino que “ha hecho una cantidad de inversiones en Madrid, en el Prat de Barcelona, ha modernizado toda la red”, contrayendo una deuda que podría saldarse con el actual funcionamiento de las instalaciones.
Desconfían de la iniciativa particular y resaltan los casos de tres aeropuertos privados: “el de Ciudad Real está en quiebra, no se llegó a terminar”, luego se encuentra “Corberá, en Murcia, que está construido, pero está en negociaciones para que Aena coja la gestión y cerrar San Javier, porque San Javier es compartido con base militar” y, por último, “el de Castellón, que es un aeropuerto sin aviones”.
Carlos Torres cree que la operación responde a una maniobra para “hacer partícipe de los beneficios a empresas de su entorno”, ya que “todos los servicios públicos que se han privatizado van a peor”. El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, ha manifestado que no estarían interesados en participar, todo lo contrario que Ryanair, según ha publicado El Confidencial.
Un 21% de la privatización se destinaría a un núcleo de empresas solventes y el 28% restante se articularía en base a una Oferta Pública de Venta.
Perjudicial para los ciudadanos
Jorge Javier García advierte de que “quien va a pagar las consecuencias de las privatizaciones son los ciudadanos, van a ver reducido la calidad del servicio que están ofreciendo los aeropuertos”.
Como ejemplo, señala al parking del Aeropuerto de Gran Canaria, que en enero pasó a una empresa privada que incrementó el precio del servicio y renovó al personal. Actualmente, habría plantas sin iluminación y uno de los aseos permanecería cerrado por conflictos con las compañías de alquiler de vehículos.
En el futuro, el sindicato pronostica un encarecimiento de las tasas aeroportuarias y de los servicios internos de las terminales, además del posible cierre de aeropuertos con menor volumen de pasajeros. Temen que uno de los aeropuertos operativos en horario nocturno en Canarias, Tenerife Sur y Gran Canaria, dejara de estarlo para reducir costes.
El Gobierno de Canarias exigirá la gestión
El presidente de Canarias, Paulino Rivero, asegura que la búsqueda de beneficio por parte de la empresa privada se realizaría “o bien reduciendo estructuras, perdiendo calidad el servicio que se lleva a cabo, o bien subiendo las tasas, es decir, haciendo más caros las operaciones del aeropuerto”. Ambas opciones son “nefastas para nosotros, las dos cosas son malas para Canarias”, según Rivero.
Además, el presidente regional afirma que “de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, que dice en el artículo 33 que cuando el Estado deje de prestar directamente ese servicio, Canarias lo puede reclamar, hemos pedido ya oficialmente una reunión de la comisión mixta Canarias-Estado para exigir el traspaso de las competencias de los aeropuertos a Canarias”. Paulino Rivero resuelve que, “en el supuesto de que se negaran, acudiremos a los tribunales”.
