El nuevo Consejo Insular de la Vivienda intentará frenar los desahucios en Tenerife
El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el Consejo Insular de la Vivienda, un órgano que contará con la participación del Gobierno de Canarias, los ayuntamientos de Tenerife, colegios oficiales, sindicatos y representantes de colectivos afectados de la isla, y cuyos objetivos prioritarios son la gestión de acciones para ayudas a la rehabilitación y el asesoramiento a las familias en caso de desahucios.
El vicepresidente y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo, Aurelio Abreu, informó de la creación de este nuevo órgano colegiado, cuya primera sesión plenaria tuvo lugar en la tarde del lunes, y que tendrá funciones de consulta, participación, coordinación y asesoramiento en materia de vivienda, y atenderá las demandas de la ciudadanía que se encuentra con dificultades para acceder a una vivienda adecuada.
De esta manera, se cumple un acuerdo plenario aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas con representación en el Cabildo de Tenerife.
Aurelio Abreu manifestó su confianza en que “se convierta en un órgano decisivo, que irá de la mano con todos los agentes que tienen algo que ver en materia de vivienda”. Así, hizo especial hincapié en la concesión de subvenciones, en 2016, para la rehabilitación de viviendas, “para cuya actuación contamos, en principio, con una partida de un millón de euros”. De igual modo, afirmó que “desde el Cabildo tendremos en cuenta siempre la defensa a ultranza del derecho a la vivienda”.
En la presentación a los medios de comunicación también estuvo presente el director general de la Vivienda del Gobierno de Canarias, José Gregorio Pérez, quien expresó su confianza en que “el Consejo insular de la Vivienda sea una herramienta que permita la coordinación entre todas las partes implicadas con la idea de encontrar soluciones a la problemática que se genera en torno a la vivienda”.
La portavoz de la Plataforma de afectados por las hipotecas en Tenerife, Inmaculada Évora, espera que este consejo sea “el principio de algo positivo, que aporte soluciones a lo que está ocurriendo, que facilite una vivienda digna con acceso a todos los servicios necesarios para que la unidad familiar se sienta protegida”, dijo.
El Consejo insular de la Vivienda trabajará de forma coordinada con una oficina de intermediación por el derecho a la vivienda para asesorar a las familias en caso de desahucios y facilitar el acceso a una vivienda pública a los 5.654 demandantes que existen en la isla.
Esta oficina de intermediación, del Gobierno de Canarias y presente en cada una de las islas, contará con un equipo de profesionales formado por trabajadores sociales y abogados que supondrán un apoyo técnico para los ayuntamientos, y que asesorarán a las familias y les acompañarán en todo el proceso de desahucio.
Este equipo de profesionales trabajará en una mesa de trabajo junto con los colectivos afectados para estudiar los casos de desahucio en su fase inicial, lo que evitará tener que esperar a que los expedientes se encuentren en la vía judicial. Para ello, se adaptarán las condiciones de los alquileres a la situación de las familias, evaluando así las posibilidades de inserción laboral y empleo de sus miembros.
El Consejo insular de la Vivienda también promocionará medidas con las entidades financieras, para solicitar a aquellas que mantienen contratos con la Institución insular que paralicen los desahucios cuando los residentes no tengan garantizada una alternativa. Se estudiará también la supresión de las relaciones comerciales con los bancos que persistan en desahuciar.
Por su parte, el Instituto Canario de la Vivienda pone a disposición la Oficina de Intermediación Hipotecaria para evitar los contratos de las entidades bancarias con cláusulas abusivas.
El Área insular de Vivienda también tiene como objetivo recuperar la rehabilitación de viviendas. Para ello prestará asesoramiento en materia de ayudas a las familias con problemas a través de los ayuntamientos.
Para la tramitación de estas ayudas está prevista una reunión en enero de 2016 entre el Cabildo y los 31 municipios de la isla para que sean los ayuntamientos los que, a través de sus servicios sociales y de las oficinas técnicas municipales, establezcan los criterios a la hora de solicitarlas, según las necesidades sociales de las familias y las características de las viviendas que necesitan rehabilitación.
El objetivo es la adaptación de las viviendas de propiedad privada al código técnico de edificación, accesibilidad y salubridad, lo que permitirá la recuperación del patrimonio antiguo de la Isla y que el entorno familiar se beneficie del paquete de viviendasque existe en Tenerife.
El Consejo Insular de la Vivienda se reunirá de forma periódica cada seis meses, y celebrará reuniones cada vez que lo requieran sus miembros y cada vez que sea necesario, para canalizar sus propuestas y realizar un seguimiento de nuevos casos con el objeto de derivarlos a las administraciones competentes.
