Sí se puede reclama que se preste más atención a las familias de Santa Cruz perceptoras de la PCI

Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

Sí se puede denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no promueve la integración social de las familias perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la ayuda que el Gobierno de Canarias concede a personas en situación de exclusión o en riesgo de estarlo.

La concejal Asunción Frías señala que la ley contempla un papel esencial para las corporaciones municipales en el seguimiento de la situación de las personas que requieren esta prestación. El Ayuntamiento de Santa Cruz, sin embargo, a juicio de la edil, incumple varios artículos de la Ley 1/2007 de la Prestación Canaria de Inserción.

La principal causa de estos incumplimientos es “la falta de personal”, asegura Frías, porque “solo hay una trabajadora social dedicada a la gestión de la PCI en cada una de las Unidades de Trabajo Social (UTS), por lo que no pueden dedicarse a facilitar la integración social y laboral de las familias perceptoras de la ayuda”. A ello hay que añadir que en varios distritos no hay educadoras sociales ni animadoras socioculturales que contribuyan a esa labor.

Además, la representante de Sí se puede se hace eco de la situación generada a raíz del retraso en los pagos de la PCI por parte del Gobierno canario, lo que coloca a la población canaria y, en este caso, a parte de la ciudadanía de la capital tinerfeña, “ante el abismo de la exclusión y de la extrema vulnerabilidad”, señala.

Por ello, exige, una vez más, al alcalde José Manuel Bermúdez “mayor firmeza frente a los incumplimientos del Gobierno de Canarias” en el pago de esta ayuda debido al agotamiento de la partida presupuestaria correspondiente, “situación gravísima” que se repite año tras año con la complicidad de los sucesivos parlamentarios y gobernantes de CC, PP y PSOE“.

Para buscar soluciones, la concejal ha pedido la comparecencia del presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, ante la comisión de control que se celebrará a mediados de septiembre, para que informe sobre las medidas del gobierno municipal “en relación con la mejora de la gestión propia y la del Gobierno de Canarias” en el ámbito de la PCI.

 

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