XTF insta al Ayuntamiento a que recupere los 11 millones que costó el 'mamotreto'
El concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y portavoz de Por Tenerife (XTF), José Manuel Corrales, se muestra plenamente satisfecho por el resultado de la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se ordena el derribo del edificio de aparcamientos y locales comerciales, a medio construir, que desde hace años afea la entrada de la playa de Las Teresitas.
Al respecto, califica la resolución de “demoledora y ejemplarizante” en el sentido de que “castiga la corrupción con penas de prisión e inhabilitación para los culpables, a lo que se le suma el hecho de que éstos se vean obligados a pagar de su propio bolsillo el coste del derrumbe”.
No obstante, Corrales va más allá e insta a la Corporación capitalina a “pedir daños y perjuicios con el objetivo de recuperar los más de 11 millones de euros que se perdieron en esa operación fallida”.
De hecho, argumenta que es necesario que se subsane ese “gran despilfarro” y que se devuelva a las arcas municipales el montante total de lo que se gastó en la obra.
Por otro lado, recuerda al equipo de gobierno la obligación de cumplir con el requerimiento judicial de demoler el inmueble y asevera que está “absolutamente convencido” de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, cumplirá con su palabra ya que se había comprometido a actuar en este sentido en caso de que se produjera una sentencia en firme.
Al respecto, subraya que “si ahora busca una excusa cada cual será responsable de sus actos, y, desde luego, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y actuaremos con toda la contundencia que haga falta”.
En este contexto, insiste en que “parece lógico que Bermúdez no se va a situar fuera de la legalidad ni del interés general”, pero si, por algún motivo, se bloquea el derribo “XTF buscaría los mecanismos legales para intentar que esta sentencia se cumpla con todos sus efectos”.
Sobre las declaraciones de Eligio Hernández, exfiscal general del Estado y uno de los abogados defensores de esta causa, en el sentido de que aún existe la opción de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, Corrales esgrime: “Yo no sé si irá al Constitucional, al Tribunal de la Haya o hasta las Naciones Unidas, pero, por de pronto, según refleja la propia sentencia, lo que tiene que hacer este señor es dar cuenta en la comisión disciplinaria del Colegio de Abogados por unas palabras hacia la jueza de Primera Instancia, Beatriz Méndez, que han sido calificadas de delictivas”.
“Moción de censura penal”
En cualquier caso, recalca que “la sentencia es clara” y la define como “una moción de censura penal a las actuaciones del Gobierno de Miguel Zerolo y de CC durante 35 años en el Ayuntamiento de Santa Cruz”.
Por esto mismo, enfatiza que “ya no hay excusas, ni caben más atajos y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es derribar el mamotreto lo antes posible”.
Ante la posibilidad de mantener una parte del edificio que recoge el fallo de la Audiencia Provincial, apunta que “es cierto que hay un elemento que dice que, si se acredia el interés general, se podría legalizar mediante los cambios normativos aquella parte que no acupa zona de dominio público marítimo terrestre, pero eso en la práctica es imposible porque al demoler la parte indicada, se afectaría a la base de la construcción, con lo que el resto no se mantendría en pie”.
En cuanto al hipotético caso de que los acusados se declararan insolventes para no asumir el coste del derribo, el portavoz de XTF aclara que “le correspondería al Ayuntamiento hacerse cargo de manera subsidiaria, y, en base a ello solicitar el embargo de los bienes de los condenados”.
Con todos estos argumentos, afirma que “la ejecución de la sentencia no se debería de demorar”.
Por último, precisa que “el coste de la demolición se ha cuantificado en unos 500.000 euros, aunque también se está hablando de otros mecanismos que fijarían esta actuación en torno a los 200.000. Sea como fuere, a la postre sale mucho más barato que mantener la obra tal y como está ya que sólo en mantener la seguridad se está pagando unos 30.000 euros al mes”.
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz reitera que ya ha dado “las instrucciones pertinentes para que se dé cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial”. Sin embargo, agrega que ante la puerta abierta que se ha dejado a una legalización parcial de la obra “estamos estudiando todas las posibilidades”.
