El nuevo plan estratégico del 
tomate se retrasará una zafra más

Visita a una explotación tomatera radicada en el sur de Tenerife

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

Los gobiernos de Canarias y de España, representados por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, exhibieron este viernes su apoyo al sector del tomate en las islas, a cuyos representantes trasladaron la intención de ambos ejecutivos de analizar qué compensaciones se pueden establecer para paliar los sobrecostes que tiene la producción de este cultivo en Canarias.

Esos apoyos deben ser incluidos en el nuevo plan estratégico del sector, con casi dos años de retraso en su presentación. El anterior venció al cierre de 2014. Según avanzó hoy Quintero, la intención de la Consejería es que el nuevo plan estratégico del tomate esté terminado antes de julio próximo, con lo que el marco de ayudas y de ventajas que este defina no será de aplicación hasta 2018, dentro de zafra y media.

Tras la reunión de la llamada mesa del tomate, celebrada en dependencias de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de Abona, en Arico (Tenerife), y cita a la que también asistieron integrantes de ese sector, representantes de los trabajadores y portavoces de Agricultura en el Parlamento de Canarias, aquellos dos responsables afirmaron que ahora empieza un nuevo periodo de trabajo conjunto para dejar diseñado un plan estratégico para el tomate que sea capaz de recuperar este cultivo de exportación.

El último programa de apoyo integral al tomate canario, con parte de los apoyos directos incluidos en el Posei adicional (el de ayudas de Estado, no el financiado al 100% por la UE), se cerró en 2014 y, hasta ahora, pese a que han transcurrido casi dos años, no se ha concluido el nuevo plan estratégico, un compromiso que había adquirido la propia Consejería.

Aunque el anterior plan se finiquitó en 2014, la Consejería logró elevar las ayudas por hectárea para el cultivo del tomate de los 7.000 euros de 2014 y 2015 a los 11.000 que la Comisión ha autorizado que se paguen en los ejercicios de 2016 y 2017, lo que sin duda se ha considerado un logro por los productores locales.

Pese a ese avance, el paso del tiempo ha ido agravando la crisis profunda que padece esta actividad agrícola en las islas, más cuando la Consejería de Agricultura aún no ha concluido el nuevo plan, algo que tanto Quintero como Cabanas este viernes se comprometieron a hacer a toda prisa.

Una actividad que vive su momento más crítico

El cultivo del tomate de exportación fue muy relevante para Canarias, incluso más que el plátano, y ahora mismo se halla, sin duda, en su peor momento, con la práctica desaparición de los envíos al continente desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife y con un descenso descomunal en las salidas hacia Holanda e Inglaterra desde Gran Canaria. La oferta de la fruta isleña se ha derrumbado en apenas 15 años, pues ha pasado de 352.000 toneladas exportadas en 1995 a unas 80.000. Así, el tomate de exportación de las islas ha dejado de ser la joya de la corona en el campo canario, lo que se refleja muy bien en la reducción de la superficie cultivada de 3.400 hectáreas a 720, con la ruina de más de 600 productores de los casi 1.000 que existían en Canarias.

En la reunión de trabajo de Arico, los representantes de ambos gobiernos, los diputados y los integrantes del sector fueron informados sobre los análisis ya realizados por expertos de la Universidad de La Laguna que servirán de base para la elaboración del futuro plan estratégico del tomate.

Los análisis de costes y de impacto ya procesados por expertos universitarios ponen de manifiesto que el sector del tomate ha aportado en los últimos ocho años 80 millones de euros anuales a la producción final agraria, cifra equivalente al 0,22% del valor añadido bruto de la economía canaria, pese a que desde 2008 el empleo de esta actividad se haya reducido a una tercera parte.

Tanto Quintero como Cabanas coincidieron en la necesidad de situar los cultivos de las islas en igualdad de condiciones que los de Cádiz, y apostaron por mantener la ayuda al transporte de mercancías, que se ha reducido sobremanera en el periodo de crisis, con medias del 30% de los costes subvencionables en vez del 70%. En este aspecto, Narvay Quintero abogó por anclarla en el REF económico que se acuerde finalmente con el Estado, en fase de reforma.

Los productores, presentes en la reunión, trasladaron al secretario general sus principales preocupaciones y las causas que generaron la crisis actual, entre las que se encuentran la llegada de plagas, lo que obligó a cambiar semillas; la competencia de terceros países, en especial Marruecos; el aumento de los costes de producción; el mantenimiento en destino de los precios de venta; el transporte y los problemas de financiación.

Para tener un futuro mejor garantizado, los cultivadores demandaron unas compensaciones estables que permitan a los productores tener su propia planificación, algo en lo que coincidió el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que aseguró que analizarán esta circunstancia con el Ministerio, para que esa ayuda sea lo más adecuada posible.

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