El caso Las Teresitas salpica al actual alcalde por no haber recuperado el dinero del pelotazo
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife José Ángel Martín, fue uno de los denunciantes del presunto pelotazo que supuso la compra en 2001, por parte de ese Ayuntamiento y por casi el triple de valor que había fijado una arquitecta municipal, del frente de la playa de la capital tinerfeña a unos empresarios estrechamente ligados con el partido en el poder, Coalición Canaria, cuando parte de esos terrenos ya eran propiedad municipal, de Costas, o incluso del mismo Ministerio de Defensa.
Por esta compraventa, o mejor dicho, ventacompra, se sientan en el banquillo 13 acusados, entre políticos de CC, PSOE y PP, funcionarios municipales y potentes empresarios de grandes negocios isleños al paraguas de la parte tinerfeña de CC. Están acusados de los delitos de prevaricación y malversación.
Entre 2011 y 2015, José Ángel Martín fue primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con José Manuel Bermúdez como sucesor del principal o más llamativo acusado en este juicio, el ex alcalde y ex senador de CC, Miguel Zerolo. En la sesión de la vista oral de este lunes, en la que se juzga esa compra, supuestamente fraudulenta y en perjuicio de la ciudadanía santacrucera, este testigo que hoy es portavoz socialista en la oposición, lanzó la pelota al tejado del actual regidor.
“Con total libertad le llevé toda la documentación de que disponía al alcalde (José Manuel Bermúdez), y éste con sus técnicos, tomó las suyas”. O lo que es lo mismo, que Bermúdez no hizo nada para reclamar el dinero pagado de más a los empresarios que se habían hecho con el frente de la playa capitalina hasta que no le quedó más remedio. “La personación en esta causa se produjo tras mi mandato”, aclaró.
“Nunca tuve acceso al expediente de la compra del frente de la playa por parte del Ayuntamiento, por más que lo pedimos”, respondió Martín a preguntas de la Fiscalía, igual que dijo que, por más que lo pidió, “nunca vi el informe de Pía Oramas (la arquitecta municipal que tasó la compra de las parcelas del frente de la playa en unos 19 millones de euros, cuando al final se adquirieron por cerca de 53 millones), pero supo de su existencia por su entonces secretario general del PSOE en Tenerife, Santiago Pérez, quien está llamado a testificar el próximo miércoles.
Martín relató que desde 2005, cuando solo era concejal, y luego como primer teniente de alcalde y responsable de la Gerencia de Urbanismo Bermúdez, a pesar de requerir los informes y expedientes que obraban en el Ayuntamiento sobre la compra sospechosa del frente de playa, nunca obtuvo respuesta.
Y aún más. Afirmó que fue al preparar una demanda civil frente a un particular que pedía 11 millones de euros por una parcela de su propiedad y que había adquirido el Ayuntamiento a los empresarios que crearon la mercantil Inversiones Las Teresitas (os también acusados Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, el primero expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el segundo, expresidente de la patronal de la Construcción) cuando supieron en el PSOE de la existencia de tres documentos, entre ellos, un inventario de bienes del Ayuntamiento de 1967, en los que se declaraba que las parcelas compradas del frente de la playa ya eran en parte propiedad del Ayuntamiento.
Aclaró que seguían siendo propiedad del Ayuntamiento en el inventario de 1999, cuando los terrenos ya había sido vendidos por una Junta de Compensación a Inversiones Las Teresitas.
La parcela destinada a hotel aún es de Defensa
“Esos documentos ni siquiera se los dieron al responsable del servicio jurídico municipal” que debía defender al Ayuntamiento frente al particular que les demandó por lo Contencioso-Administrativo, apostilló.
Frente a los 15 de la defensa de trece acusados y de las empresas de dos de ellos, además de la acusación del Ministerio Fiscal, y la de los dos abogados de la acusación popular y la acción civil, José Ángel Martín recordó que una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 retrotrajó el valor de los terrenos a un Plan Parcial de Las Teresitas de 1970.
De acuerdo con ello “los terrenos podrían haber valido mucho más” (Miguel Zerolo se sonrió), pero añadió que tras otra sentencia del Tribunal Supremo de 2007, por la que anuló la compra del frente de la playa, “esos terrenos había que devolverlos a quienes imagino que en el Registro de la Propiedad figuraban como sus propietarios”, los dos empresarios de Inversiones Las Teresitas, al tiempo que insistió en que “no denunciamos que el Ayuntamiento se hiciera con el frente de la playa, sino cómo se hizo”.
José Ángel Martín insistió en que la compra del frente de la playa se pudo hacer mediante expropiación“, es decir, ”de una forma menos gravosa“ y más beneficiosa para los propietarios, algunos de los cuales han visto cómo sus terrenos se esfumaban del Registro de la Propiedad o les pagaban una miseria por ellos.
Una parcela, la 103, que es lo que en Santa Cruz de Tenerife se conoce como la Batería militar de San Andrés, aún es propiedad, según este testigo, del Ministerio de Defensa. “Es un pleito que aún no se ha resuelto”. En esa parcela se pensaba construir un hotel, una idea que ha retomado el actual equipo de Gobierno municipal, conformado entre Coalición Canaria y el PP.
Los abogados de la defensa intentaron acribillar a Martín con preguntas acerca de las disensiones internas en el seno del Partido Socialista desde comienzo de siglo, disensiones que finalmente acabaron con el que fue principal denunciante del caso Las Teresitas, Santiago Pérez, fuera de filas y ahora socialista independiente.
Esa insistencia se ha debido a que uno de los acusados, Emilio Fresco, era portavoz del Grupo Municipal Socialista cuando en un Pleno municipal de 2001 votó a favor de la compra del frente de la playa a Inversiones Las Teresitas y aunque Fresco ya sabía de la oposición radical del PSOE tinerfeño a esa compra, tras constatarse que CajaCanarias (hoy transformada en Fundación y cuya cartera de clientes ha pasado a La Caixa) concedió en 1998 un crédito de 5.500 millones de pesetas a un empleado del empresario implicado Ignacio González, que apenas tenía un sueldo de 1.200 euros al mes.
En el Consejo de Administración que aprobó el crédito se sentaban tanto Ignacio González como el mismo Miguel Zerolo, lo que fue denuncia por los socialistas locales, recordó Martín.
El presidente del Tribunal que juzga este caso, el magistrado Joaquín Ástor Landete, cortó de raíz las preguntas relativas a lo que pasara o dejara de pasar en el seno del PSOE tinerfeño en los años en los que operación se llevó a cabo, “porque no es relevante y nada aporta a la causa”, aunque se quiso vender a la opinión pública que
Fue tajante. Sobre todo, tras constatar que era la una de la tarde, que quedaban tres testigos por declarar y que, a este paso, el juicio podría durar hasta diciembre. De hecho, dos de los testigos previstos para este lunes, esenciales para clarificar si hubo o no delito de malversación de caudales públicos, han tenido que ser citados para el miércoles y el viernes, dos días que, a priori, no estaban señalados.
Uno de esos testigos es Santiago Pérez, principal redactor de la demanda desde su asociación socialista Ínsula Viable. El otro es Rodolfo Núñez, previsto para el viernes, que era presidente de CajaCanarias cuando en 1998 se concedió un crédito multimillonario a un trabajador sin bienes y con sueldo medio, crédito con el que ILT compró no solo de frente de playa, sino todas las parcelas colindantes.
