CEOE-Tenerife cree que el reglamento de viviendas turísticas pone en peligro la calidad del sector

La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) considera que “el proyecto de Reglamento que regula las viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Canarias puede poner en peligro la calidad de los distintos servicios turísticos así como crear un sistema de competencia desleal entre el alquiler vacacional y la actividad de los hoteles y apartamentos establecidos y legalizados que desincentiva el cumplimiento de la exigencia reglamentaria”.

Según asevera la patronal tinerfeña en un comunicado, el citado documento “no normaliza ni establece criterios mínimos de calidad ni segmentos acordes a la imagen turística que Canarias tiene en el exterior”.

Al respecto, argumenta que “muchas de las viviendas que actualmente integran la oferta de alquiler vacacional son viviendas de autoconstrucción, carecen de cédula de habitabilidad e incluso de licencia de primera ocupación”.

A su modo de ver, “la regulación de esta actividad debe tener como fin último dar carta de naturaleza a la actividad de alquiler vacacional sino aflorar la economía sumergida y desregulada de muchas de estas viviendas que ayudan a sostener el incremento de la presión fiscal de las empresas y familias que cumplen con sus deberes fiscales”.

Asimismo, arguye que le preocupa “el estricto control normativo del sector de alojamiento turístico tanto hotelero como extrahotelero y esta propuesta de regulación a todas luces laxa e insuficiente”.

De igual manera, la CEOE tinerfeña echa en falta “un estudio en profundidad de los efectos perniciosos que puede generar en nuestro sector insignia tanto en PIB como en empleo, por la entrada en el mercado de un importante número de camas turísticas así como el efecto llamada que podría suponer sobre el parque de viviendas vacías que existe en Canarias”.

Al margen de esto, apunta que “llama poderosamente la atención que con este tipo de regulación se mantenga la existencia de una moratoria turística que ahoga la iniciativa empresarial siendo una de las partes más importantes del entramado burocrático y legal que soportan las empresas en este Archipiélago”.

Por otro lado, añade que le gustaría “que se estudiara la posibilidad de que regulación de este tipo de viviendas se realice fuera del ámbito turístico tradicional, así como que dichas viviendas sólo puedan ser cedidas a un único usuario turístico y no se permita el uso compartido de la misma ni la cesión o subcontratación de toda o parte de dicha vivienda a terceros”.

A su vez, esgrime que “el objetivo de esta norma debe ser la afloración de la economía sumergida y la transparencia e identificación de esas viviendas turísticas, y con el fin de facilitar la labor inspectora se identifique con una placa por fuera de dicha vivienda y a la entrada del edificio donde de ubique la misma”.

Por último, el colectivo empresarial apostilla que “nos parece necesario la realización de un inventario permanentemente actualizado que operará a modo de control para el cumplimiento o no del equipamiento mínimo obligatorio por parte de las Administraciones Públicas con responsabilidad en materia de inspección”.

Así, resaltan que “entendemos que se debe informar al Ayuntamiento de cada localidad donde se ubique la vivienda, de la concesión del distintivo de vivienda vacacional con el fin de que se garantice el cobro de los impuestos municipales así como la obligatoriedad de publicar los precios de venta al públicoE.

Finalmente, “entre los documentos necesarios para acreditar la actividad, se deben solicitar igualmente la licencia de primera ocupación, el alta en el I.A.E., en el IGIC y en cualquier otra obligación de las empresas reguladas para la actividad económica”, concluyen.