El partido denunciante del caso Grúas amplía su demanda por la “ocultación o manipulación de informes oficiales”
El grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) ha realizado una ampliación de su denuncia por el caso Grúas después de comprobar que el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, entonces desde el área de Seguridad Ciudadana (cuya responsabilidad tenía en el mandato pasado), “ocultó o manipuló el contenido de ocho informes para dar apariencia de legalidad a sus propuestas de conceder un préstamo de 120.000 euros y prorrogar así el contrato a la empresa Autogrúas Poli, SL”.
Según una nota difundida este miércoles por ese partido político, cuyo portavoz es Santiago Pérez, “se trata de ocultaciones y manipulaciones de los informes de los interventores del servicio, de los reparos de legalidad formulados por la Intervención General del Ayuntamiento, del dictamen encargado a los expertos de la Universidad de La Laguna y de otros informes suscritos por funcionarios del área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento”.
Todo ello ha ocurrido, se asegura en el comunicado, “con el propósito de dar apariencia de que se han solventado los reparos ('atendiendo a que se subsanaron las deficiencias señaladas' en los informes de la Intervención General, como se expresa en la propuesta del concejal teniente de alcalde de 25 de agosto de 2014), o con la intención de crear artificialmente, con visos de fundamentación jurídica, una discrepancia que sirva de pretexto al levantamiento de los reparos por parte de la Alcaldía; en definitiva, a la adopción de resoluciones contrarias a la legalidad”.
La “ocultación, tergiversación o manipulación del contenido de los informes mencionados se ha llevado a cabo en los informes-propuestas del área de Seguridad (4 de junio, 14 de julio, 22 y 25 de agosto de 2014); en las propuestas del concejal teniente de alcalde de Seguridad (4 y 13 de junio, 6 y 25 de agosto de 2014), y en los decretos 858/2014 de 18 de junio, 1.284/2014 de 26 de agosto y 1.125 de 27 de agosto. Todos ellos constituyen documentos públicos que atribuyen a los autores de los informes ocultados o manipulados manifestaciones y consideraciones jurídicas diferentes de las que expresaron en dichos informes. Por lo tanto, indiciariamente son constitutivos de falsedades documentales, con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a la concesión de un préstamo o la de la prórroga del contrato a la empresa concesionaria del servicio contrarias a la legalidad”, se expone en la misma nota de prensa.
