El informe jurídico externo en que se apoyó el levantamiento de los reparos del caso Grúas costó 12.840 euros
El portavoz municipal de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, explicó este jueves que, según los datos facilitados por el área de Hacienda y Servicios Económicos de esa Corporación local, el monto total del informe elaborado por los profesores Francisco Villar y Francisco Clavijo (ambos de la ULL), que hizo posible el levantamiento de los reparos del Interventor municipal en el caso Grúas, tuvo un coste total de 12.840 euros.
El concejal recuerda que su grupo lleva más de un año esperando por esa información, que “pedimos en la propia comisión de investigación de las grúas y en la que los propios beneficiarios de ese pago aseguraron no recordar la cantidad, igual que los responsables municipales, que tampoco sabían cuál había sido el coste de este controvertido informe”.
Ascanio asegura que, “tras reiterar varias veces la solicitud y que nuestros abogados solicitaran también esa información en el juicio, hemos logrado finalmente saber qué cantidad se cobró. Es muy significativo que se haya tenido que producir todo de esta manera”.
La misma fuente subraya que, según las declaraciones en el juzgado del propio Villar, este informe fue elaborado a inicios de 2014 tras un encargo del área de Seguridad Ciudadana, que en ese momento dirigía José Alberto Díaz y fue pedido, según su declaración en el juzgado, “con una nota o correo electrónico”, sin que se conocieran datos reales de la situación por la que pasaba Autogrúas Poli, SL.
Hay que recordar que ese trabajo se pide cuando la empresa que gestiona el servicio municipal de retirada de vehículos pasaba por un momento especialmente grave, con más de 300.000 euros en deudas, impagos continuados de las nóminas del personal e incumplimientos que los propios interventores municipales del servicio calificaron de “graves o muy graves”, datos que “entendemos que deberían haber producido la retirada del servicio a la empresa adjudicataria”.
“Es tremendo que con simple correo electrónico se hiciera posible este informe de más de 12.000 euros y que sin duda fue clave para algo tan inusual como un préstamo municipal de 120.000 euros a una empresa adjudicataria, que a su vez permitió la prórroga del servicio a esta en agosto de 2014, asunto por el que ya está imputado el actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, Antonio Pérez Godiño”, manifiesta Unidos Se Puede en una nota.
