El consejero canario de Transportes vuelve a posponer las fechas de inicio de obras clave para evitar colas en Tenerife

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha afirmado este martes que 2019 será el “gran año” de inicio de las nuevas carreteras en el archipiélago, si se firma el convenio con el Estado.

En la presentación del presupuesto de su Consejería en comisión parlamentaria, que crece el 2,7%, hasta los 362,3 millones, ha detallado que el convenio prevé una inversión de 2.000 millones en ocho años, lo que permitirá acometer la segunda fase de la obra de La Aldea, el cierre del anillo insular de Tenerife; la vía aeropuerto-Caldereta (Fuerteventura); Tijarafe-Los Llanos (La Palma); variante de Vallehermoso (La Gomera); Ofra-El Chorrillo (Tenerife); la conexión de Lanzarote; el falso túnel de El Hierro y la primera fase del carril adicional de la TF-1.

Según dijo el consejero, hay proyectos actualizados en todas las islas y con declaraciones de impacto aprobadas, pero es “indispensable” la firma del convenio para que haya una cobertura jurídica plurianual.

En el caso concreto de la obra de Las Chafiras-Oroteanda, ya adjudicada en el sur de Tenerife, ha señalado que se ha podido hacer sin esperar al convenio porque es una cantidad de 21 millones que podía ser cubierta por la Comunidad Autónoma, en caso de no llegar los recursos del Estado, no como la de La Aldea y el cierre del anillo, que suman unos 500 millones.

Además, ha señalado que ya hay “consenso absoluto” con el Estado para la firma del convenio, el reconocimiento extrajudicial de los recortes de la pasada legislatura y la prórroga de la actual adenda para poder finalizar las obras en ejecución. Rodríguez anunció una reunión el día 23 con Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para ultimar el acuerdo.

Ante las críticas de la oposición sobre la baja ejecución presupuestaria de su departamento, ha dicho que se “confunden” porque obedecen a fondos del Estado pendientes para financiar el transporte terrestre y con cargo al nuevo convenio de carreteras.

Aparte de las inversiones viarias, Rodríguez ha avanzado un plan estratégico de movilidad hasta 2025 dotado con más de 20 millones, con el fin de potenciar el transporte público y cambiar patrones de desplazamiento, donde se incluye el desarrollo del bono residente y el uso de las bicicletas. “El bono residente es una realidad y en Gran Canaria lo venden como un éxito”, ha agregado.

En cuanto a los puertos canarios, ha señalado que el presupuesto aumenta el 48,6%, con un paquete de inversiones de 31,5 millones para ampliar los puertos de Agaete, Corralejo, Playa Blanca y Las Puntas, en El Hierro.

Rodríguez ha destacado que todos los puertos han aumentado su tráfico este año y ha abogado por “crear sinergias” con puertos del Estado.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha valorado que el presupuesto crezca pese a que dependa de la financiación estatal, especialmente a través del convenio de carreteras, lo que genera “dudas”.

Ha comentado que la gestión de esta Consejería es “anómala” por la pérdida de recursos procedentes del Estado, lo que ha generado “desajustes” en la ejecución de obras. Se ha preguntado si servirá de poco el convenio de carreteras si no se aprueban los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En el caso concreto de La Gomera, ha negado que haya “privilegios”, sino que las inversiones “hacen justicia” con la isla tras muchos años de retraso.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha dicho que el presupuesto de la Consejería “es muy bueno”, aunque no crece tanto como dice el Gobierno, incidiendo en que lo preocupante es la “incapacidad” de gestión, lo que tiene “consecuencias” sobre la vida cotidiana de los canarios. “Está más pendiente de darse a conocer por su discurso que por sus obras”, ha agregado.

Ha dicho que las mejoras en carreteras y transportes que se lograron en los últimos años fueron gracias a los votos nacionalistas en el Congreso, de ahí que NC no tenga “esperanza” de que se pueda sacar a las islas del “colapso”, especialmente en Tenerife con la TF-5. “Su problema no es de presupuesto sino de gestión”, ha subrayado. González ha alertado también de que el bono residente es una “apuesta electoralista” porque depende de los fondos estatales.

Manuel Marrero, de Podemos, ha calificado de “pésima” la gestión de la Consejería debido a su escasa ejecución presupuestaria, por lo que se pregunta “qué va a hacer” con tanto dinero si se firma el convenio de carreteras. Ha mostrado su preocupación por las “prisas” que pueden entrar para tramitar proyectos antes de las elecciones, lo que afecta a criterios medioambientales, y también por los “sobrecostes” derivados de licitaciones a la baja, que son muy comunes. “Queremos más transparencia”, ha subrayado.

Patricia Hernández, del grupo socialista, ha dicho que las obras “marcan la vida” de los canarios y ha incidido en que “da igual lo que se ponga en los papeles” porque lo importante es la ejecución.

Asimismo, ha acusado a Rodríguez de mentir a la Cámara al adjudicar la obra del enlace de Las Chafiras-Oroteanda cuando el convenio de carreteras no está firmado, aparte de que la TF-5 “no está”.