La iniciativa legislativa para los barrancos de Güímar sigue sumando apoyos
La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar Saturnino García defiende la iniciativa legislativa propuesta por el Cabildo de Tenerife para los barrancos del municipio tinerfeño de Güímar porque, asegura, su objetivo es conseguir la “tan reclamada recalificación” de los barrancos. Este cambio en la catalogación del suelo supondría pasar de la consideración de suelo minero a la de rústico o agrícola, lo que conllevaría la eliminación permanente de las extracciones de áridos.
Sin embargo, no se puede obviar que la recalificación podría conllevar también la obligación de tener que indemnizar a los ahora condenados por ese cambio en el uso del suelo.
La asociación sostiene, tal y como ha expresado en una nota de prensa, que el contenido de la ley “no implica la exoneración del pago de la restauración para los areneros condenados”, idea que comparte con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien ha declarado que estos “pagarán hasta el último euro” de sus multas.
De hecho, la asociación considera que esa proposición de ley “fue el fruto de muchos años de presión de la ciudadanía de Güímar y de sus colectivos sociales”, que buscaban una solución definitiva para el problema, una vez que se ha logrado la paralización de las canteras y una condena judicial para los principales extractores, los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia.
La asociación, desde el momento de su constitución, ha estructurado su reivindicación en tres “principios irrenunciables”: la recalificación del suelo de los barrancos de minero a rústico agrícola o ambiental, de manera que no se pueda volver a autorizar ninguna cantera; la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones y del cauce del barranco; y que el coste de la rehabilitación del suelo afectado por las extracciones sea asumido por quienes ocasionaron el daño.
Esta agrupación, integrada por personas afectadas por las extracciones, agricultores, vecinos de Güímar, organizaciones ecologistas y colectivos sociales, sostiene que el texto de la Ley “que ha generado tanta alarma social” es conocido desde que fue redactado y responde a sus reivindicaciones.
De hecho, el texto normativo propuesto cambia la categoría del suelo a rústico de protección ambiental y prohíbe la comercialización y el uso de áridos fuera del ámbito de los barrancos.
Respecto a la restauración del espacio, insta a la realización de un Plan de Restauración, tras cuya aprobación los areneros ya condenados deberán cumplir el mandato judicial y restaurar, cada uno, el ámbito afectado por su actividad ilegal.
“Este mandato es completamente lógico, por cuanto los areneros no deben restaurar la zona como cada cual considere, sino siguiendo un planteamiento global y unitario. Para ello, deberán someterse a un Plan que deberá velar por el interés general y atender a la vocación que se le habrá asignado al suelo, que será la de recuperar y preservar los excepcionales valores naturales, agrarios y paisajísticos que posee esta cuenca hidrográfica”, afirman.
La asociación también solicita a la administración “la máxima celeridad en la elaboración del Plan, que necesariamente tiene que ser conocido y ratificado por la ciudadanía güimarera, pero que tiene que salir cuanto antes para que, por fin, se puedan ejecutar las sentencias condenatorias”.
“No se debe bloquear una iniciativa que, de una vez, debe conseguir que los barrancos de Güímar dejen de ser un coto minero, con todos los perjuicios ambientales y de salud pública que ocasiona esta actividad, y que el municipio sufrió durante tantas décadas”, concluyen.
