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El PSOE exige a Bermúdez el "rescate" de la lista de inmuebles históricos que en 2015 protegieron los técnicos locales

El socialista José Ángel Martín tacha de "mera excusa del PP" externalizar la redacción de los planes de los cascos históricos para que se aprobaran antes, cuando la realidad es que ahora se retrasará el trámite al oponerse el Cabildo

El portavoz del PSOE reclama una reunión urgente de la oposición con los técnicos municipales y del Cabildo que consensuaron la propuesta de 2015, los redactores externos del plan y los responsables públicos de esas áreas

El edil de la oposición recrimina al concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), que diga que los inmuebles que se pretenden demoler no tienen valor, cuando la realidad es que lo funcionarios de la Gerencia avalaron justo lo contrario

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Edificio sede del Círculo de Bellas Artes, uno de los incluidos bajo la fórmula de protección documental y por lo tanto se podría derribar

Edificio sede del Círculo de Bellas Artes, uno de los incluidos bajo la fórmula de protección documental y que por lo tanto se podría derribar

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha exigido que se "rescate" y se "respete" la propuesta de catálogo de inmuebles protegidos para el casco histórico del Antiguo Santa Cruz que en 2015 elaboraron funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que se aceptaba además la mayor parte de las propuestas de catalogaciones planteadas por los técnicos del Cabildo de Tenerife.

Martín hace estas declaraciones a raíz de la información publicada por Tenerife Ahora sobre la existencia en esas fechas, cuando él era concejal de Urbanismo y tras su encargo, de un borrador de plan para ese mismo conjunto histórico confeccionado por los propios técnicos del Ayuntamiento, un trabajo que luego, tras asumir el PP esa área municipal, se sacó a concurso para que lo redactaran arquitectos externos, cuyo criterio es que 26 de los 28 inmuebles históricos que ese primer catálogo salvaba ahora se puedan demoler.

El concejal muestra su sorpresa por la nueva categoría de "protección documental" propuesta por los redactores actuales del plan, Joaquín Mañoso y Federico García Barba, que incluye entre las obras autorizables en esas edificaciones las de sustitución, es decir, su demolición para construir una obra de nueva planta, extremo que no ampara la legislación en esta materia.

Tal es así que la propia consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, la también socialista Josefa Mesa, ha anunciado que su servicio administrativo informará en contra de esa categoría y cree que la mayor parte de esos inmuebles tienen valores aparentes para darles algún grado de protección entre los sí previstos legalmente.

A juicio de Martín, "esto demuestra que con funcionarios públicos del propio Ayuntamiento, como pretendía el PSOE en el pasado mandato, se podía y se puede hacer un plan especial de protección más garante del patrimonio histórico, consensuado con el Cabildo, sin los ataques políticos que desde el Gobierno municipal están recibiendo ahora los técnicos insulares y el ninguneo de los técnicos municipales". 

El titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Angel Martín.

José Ángel Martín, portavoz del PSOE santacrucero, en una imagen de archivo

Por tanto, concluye el concejal, "ha quedado patente que la justificación dada por el PP para externalizar la redacción de los planes de los cascos históricos, es decir, lograr mayor rapidez en su tramitación, no era más que una mera excusa, porque hoy, en manos de aquellos técnicos municipales, correrían rápido esos planes pues iban de la mano del Cabildo".

"Pero ha ocurrido todo lo contrario,", añade Martín, "se ha pasado del entendimiento a un conflicto, pues la propuesta del equipo redactor externo choca no solo con lo que en su día propuso el personal del propio Ayuntamiento, sino con lo que se había consensuado con los funcionarios del Cabildo, generándose una conflictividad creada de forma innecesaria por el Gobierno local del PP y CC. Imaginamos que por intereses que no son los generales, pues si no esto no hay cómo explicarlo".

La necesidad de volver al consenso con el Cabildo

Martín afirma que el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), "no puede seguir diciendo que la categoría de protección documental es para inmuebles sin valor, porque eso no es lo que los funcionarios del Ayuntamiento y del Cabildo consideraban hace apenas tres años en el borrador elaborado"; por ello "lo que debe hacer ahora es retomar ese catálogo consensuado en su día entre los técnicos de ambas administraciones, y que se les dé a esos inmuebles una categoría que no permita su destrucción". 

Además, el PSOE advierte de que se deben inventariar también los valores del interior de los inmuebles del Antiguo Santa Cruz, pues el documento que se halla en exposición pública no hace alusión a ese aspecto.

Llegados a este punto, el edil del PSOE opina que no solo Tarife debería dar explicaciones sino que debe celebrarse una reunión urgente a la que asistan los portavoces municipales, los concejales de Urbanismo y Patrimonio Histórico, la consejera insular del área, el equipo de arquitectos externos que redacta en la actualidad el plan, los funcionarios de la Gerencia que hicieron la propuesta de catálogo en 2015 y el jefe de la Unidad Técnica del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo. El objetivo: "Retomar el acuerdo que a nivel técnico ya existía entre las dos administraciones competentes en esta materia para el plan especial".

Martín pone de relieve que, a diferencia de lo manifestado por el Gobierno local de CC-PP, "el Ayuntamiento sí tiene funcionarios que han trabajado en asuntos del patrimonio histórico, pero se ha preferido acudir a expertos externos para redactar estos planes y también para hacer los informes sobre los inmuebles de Miraflores".

El líder socialista santacrucero asegura que precisamente encargó a funcionarios la redacción de los planes de los cascos históricos porque "el Plan General de Miguel Zerolo nos lo encontramos ya en fase de aprobación definitiva y solo pudimos corregir los problemas de legalidad". De ahí que le resulta "inaceptable" que ahora se pretenda anular con criterios externos "un trabajo que ya estaba avalado y consensuado por los funcionarios que pagamos todos los ciudadanos".

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