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Nueva queja ante el Ayuntamiento de la empresa que quedó segunda en el concurso de la basura en Santa Cruz

FCC protesta por que se le deniegue conocer toda la documentación sobre la ganadora, Valoriza; por un fotocopiado supuestamente irregular de su oferta, y por la no numeración de folios desde que se pidió un informe externo

Arteaga comparecerá este jueves ante la Comisión de Control para dar explicaciones de la polémica propuesta de adjudicar a la filial de Sacyr el mayor concurso del Ayuntamiento: 142 millones de euros en ocho años

Además de los escritos de FCC, el Gobierno local tiene otro del portavoz de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, en el que este advierte de que se puede incurrir en responsabilidades penales y patrimoniales si adjudica el contrato

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El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, y el director general de esta área en el Ayuntamiento de la capital tienrfeña, Juan Domingo Cabrera.

Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos, y Juan Domingo Cabrera, director general de esta área en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña

La polémica por la prevista adjudicación  a Valoriza del contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos en la capital tinerfeña, con un informe técnico municipal en contra, no está ni mucho menos cerrada. El asunto vuelve este jueves al Ayuntamiento, en cuya Comisión de Control comparecerá el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga   (CC), a instancias de la oposición, que mantiene un unánime rechazo a las condiciones en que se va a adjudicar este contrato,  dado que la oferta de mejora del servicio que ha hecho la ganadora, filial de Sacyr, es incumplible, a criterio de tres técnicos del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno que preside José Manuel Bermúdez tiene sobre la mesa varios escritos presentados tras estallar este controversia a raíz de que Tenerife Ahora publicara ese informe contrario. El último de los cuales, y ya van dos, lo ha presentado la empresa que ha quedado segunda en este concurso, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que se ha quejado de que se le niega el acceso a "aspectos clave" de la documentación sobre Valoriza, por una supuesta "confidencialidad" con la que no está conforme, así como de un informe técnico de febrero. También de que sus representantes en este proceso comprobaran cómo un ujier municipal fotocopiaba los documentos de su oferta,  por lo que tal contenido "estaba en manos ajenas a los órganos con competencia para la tramitación del expediente", lo que ha motivado  la  "sorpresa" de esta empresa aspirante.

En su escrito dirigido a la Junta Local de Gobierno, FCC también se queja de que el expediente administrativo no esté foliado -cada página debe estar numerada por el orden en que va llegando o se va presentado la documentación- justo desde que el 25 de junio pasado el alcalde  requiriera el asesoramiento de la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno canario, tras emitirse el informe técnico contrario.

No foliar un expediente, constituye, según esta multinacional, una vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Por último, FCC se queja de que la oferta de Valoriza se aportase sin firmar, en contra de lo estipulado en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen el concurso.

Otro escrito que tiene sobre la mesa el Gobierno local de CC y PP es uno en el que el portavoz de Sí Se Puede (SSP), Pedro Fernández Arcila, advierte de que se puede incurrir en responsabilidades patrimoniales y penales si el Ayuntamiento adjudica el contrato a Valoriza en las actuales circunstancias.

El procedimiento está parado en el último trámite previo a la adjudicación: el acuerdo definitivo de la Junta de Gobierno, después de que la Mesa de Contratación propusiera el pasado 21 de septiembre que el contrato se dé a la filial de Sacyr, al aceptar la baja temeraria ofertada en los objetivos de calidad y en contra del informe emitido por el servicio técnico municipal.

Estos empleados públicos  concluyen que "con la propuesta del licitador no es posible alcanzar el nivel de aseguramiento de la calidad a que se obliga con su propia oferta", conclusión ratificada ante los portavoces de la oposición el pasado viernes, en una comisión informativa convocada por Arteaga ante las sospechas de irregularidades que han mostrado Sí Se Puede, PSOE, Cs e IUC.

Aunque el órgano de contratación (la Junta de Gobierno) tiene cinco días de plazo para adjudicar después del dictamen de la Mesa, que ya han transcurrido, todavía no se ha pronunciado ni está prevista la fecha en que este asunto se incluirá en el orden del día de la reunión del equipo gobernante.

Las dudas de la oposición se fundan en dicho informe contrario, donde  los técnicos municipales han observado que la segunda clasificada oferta 470 trabajadores frente a los 390 de Valoriza, 80 más.

En el informe de valoración de la ofertas, incluido en el acta de la reunión de la mesa del 14 de mayo, se constata cómo la compañía filial de Sacyr, que fue la que recibió mayor puntuación y la que hizo la mejor oferta económica, no define los objetivos que quiere alcanzar en la minimización de impactos, no cuantifica los trabajadores que dedicará al control del servicio, no evidencia una proporción adecuada de la ordenación de medios y escasa asignación de recursos humanos para las numerosas tareas que se fija, propone un número reducido de recolectores adaptados a calles estrechas y no se pronuncia sobre la reposición de contenedores, entre otros aspectos.

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