La decisión final sobre los quioscos de Las Teresitas se podrá retrasar tres años

Playa de Las Teresitas, en la capital tinerfeña.

Tachi Izquierdo

Santa Cruz de Tenerife —

La acción conjunta de todos los titulares de los quioscos existentes en la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz, ha logrado, por ahora, la paralización de la orden de cierre inmediato que pesaba sobre estos establecimientos emitida por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Esta decisión administrativa se trasladó a aquellos empresarios a mediados de septiembre pasado al entender que la actividad se viene realizando sin un título que la habilite. Entonces, los empresarios recurrieron y pidieron la suspensión cautelar de la orden municipal, acción a la que ahora debe contestar el Ayuntamiento, para lo que tiene el plazo de un mes.

Una vez el consistorio local responda, lo que será en unas semanas, se espera que los establecimientos de Las Teresitas tengan que acudir a defender sus derechos ante la jurisdicción ordinaria, que ya será la que determine si aprueba o no la suspensión cautelar. Ello representa, según aseguraron fuentes de los letrados defensores, que los quioscos podrán permanecer abiertos durante el tiempo que se prolongue el proceso judicial, esto es, de 2 a 3 años.

En el escrito que han presentado los abogados de los quiosqueros en respuesta a la orden de clausura de Urbanismo, se esgrime, entre otros argumentos legales, que el cierre se apoya en una legislación diferente de la que se les está aplicando y que, al menos seis establecimientos, ya cuentan con alguna documentación que acredita haber dispuesto en su día con licencia o autorización.

Además de haber tomado medidas correctoras en los últimos tiempos, los responsables de los quioscos han solicitado la licencia provisional “para afrontar este periodo transitorio”, explicó Vicente Álvarez Gil, letrado de uno de los propietarios de estos establecimientos ubicados en la playa de Las Teresitas. Este abogado destacó que hay buena disposición a adoptar todas las medidas necesarias en materia sanitaria, de salud pública e incluso de seguridad en la zona.

Contradicciones jurídicas y procedimentales, según uno de los abogados

Álvarez Gil insistió en las contradicciones jurídicas y procedimentales que se dan en este asunto, pues, a su juicio, “no se está aplicando la legislación correcta”. Además, aseguró el letrado, “hay constancia de un acto administrativo de hace tres decenios en el Ayuntamiento por el que cerca de media decena de establecimientos pueden justificar que han pagado las tasas” correspondientes.

Debido a la solicitud de suspensión cautelar del acto administrativo de cierre, el reciente que emitió la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, en estos momentos la corporación municipal no puede clausurar los negocios de la playa, sometidos a un expediente administrativo desde el 3 de agosto pasado por supuesta actividad clandestina.

Ese recurso de reposición interpuesto por los quiosqueros en bloque y la voluntad de acometer medidas de mejora en los recintos han contribuido a que se “rebaje considerablemente el ambiente y el clima de tensión que existía entre ambas partes”. 

Fuentes consultadas señalaron a este medio que el Ayuntamiento ahora está adoptando medidas y acciones contra los quiosqueros porque “hay otro procedimiento penal que está influyendo” en esto, y es el relacionado con una denuncia de carácter ambiental. El magistrado responsable de este caso ya ha solicitado a la Gerencia de Urbanismo, desde la etapa del socialista José Ángel Martín (el mandato anterior) en adelante, información sobre las medidas adoptadas a ese respecto, pero parece que las respuestas se han demorado desde entonces.

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