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La Plataforma por un Territorio Sostenible lleva a los grupos su oposición a la Ley del Suelo

Integrantes de la Plataforma, este lunes, junto al Parlamento de Canarias

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

Integrantes de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, el principal grupo ciudadano que se opone en las islas a la futura Ley del Suelo, en la actualidad en su trámite parlamentario, presentaron este lunes a través del registro del Parlamento las alegaciones con sello de este colectivo social, que cuenta con amplios apoyos políticos e institucionales, al proyecto de Ley del Suelo.

Tal y como informó este lunes Julián Ayala, portavoz de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, “se han presentado alegaciones en forma de enmiendas a tenor del llamado proceso de participación abierto por el Parlamento, para, según nos han dicho, enriquecer los debates a partir del proyecto de Ley del Suelo de Canarias con las ‘observaciones y sugerencias’ de los ciudadanos”, explicó la misma fuente.

El mismo portavoz indicó que “este modelo participativo y colaborativo da una oportunidad a la ciudadanía para que formule comentarios durante la tramitación del proyecto de ley, que serán trasladados a los diputados y grupos parlamentarios y por ello podrán ser incorporados al texto final aprobado, a través de las enmiendas presentadas por los distintos grupos”, dijo Ayala.

Desde la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible se considera que “esta graciosa concesión del Parlamento -sin precedentes ni normativa que la avale- está originada por el temor al rechazo que el proyecto de Ley del Suelo está suscitando entre amplios sectores de la sociedad isleña, oposición a la que no es ajena la actividad desarrollada por la Plataforma y otras organizaciones de la sociedad civil, entre las que no podemos dejar de citar a los colegios de arquitectos, geógrafos y biólogos, a la Asociación Profesional de Agentes Forestales, a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), algunos de cuyos representantes han firmado, a título personal, las reclamaciones que se acaban de presentar, y a la Fundación César Manrique”.

A esas organizaciones, prosigue la Plataforma Canarias, se unen instituciones como el Consejo Consultivo de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, los propios servicios jurídicos del Gobierno autónomo y, hace tan sólo unos días, el comité científico de Lanzarote Reserva de la Biosfera.

La Plataforma considera que la apertura del Parlamento a la participación ciudadana “llega tarde y mal, pues no es más que un parche para tratar de soslayar la infracción legal perpetrada por el Gobierno de Canarias o, más bien, por su presidente Fernando Clavijo, al encargar la redacción del anteproyecto de ley a un equipo jurídico de su confianza, después de haber consultado en exclusiva a los representantes de lo más granado del empresariado canario, los únicos que han patrocinado esta normativa tan lesiva para los intereses generales”.

La principal consecuencia de esa falta de participación ciudadana es que “el texto propuesto está claramente encaminado a liberalizar el suelo, para facilitar el proceso urbanizador y, naturalmente, el negocio que se deriva de ello”. Esta circunstancia explica “nuestro rechazo frontal a la Ley del Suelo y nuestros esfuerzos encaminados a forzar al Gobierno a abrir el necesario y legal proceso de participación pública, que nos ha sido secuestrado. Ahora nos encontramos con la ley en trámite parlamentario, las enmiendas a la totalidad rechazadas por 48 votos a 12 y, con la misma proporción, la perspectiva de su futura aprobación”, explicó el portavoz de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible.

En estas circunstancias, prosigue Ayala, “se produce el paripé de participación ciudadana y, aunque somos escépticos sobre sus resultados, hemos presentado alegaciones en forma de enmiendas, para, en primer lugar, poner en positivo las propuestas de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible. No somos los del no a todo, como reiteran los del sí a la destrucción del territorio en aras del negocio. Ejercemos nuestro derecho a participar y puede ser (es una esperanza muy remota) que contribuyamos a paliar los daños del proyecto de Ley del Suelo, en el caso de que no sea aprobado en sus actuales términos”, remató el portavoz del colectivo.

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