Las entidades de la Iglesia en Tenerife reclaman un giro en las políticas de migración
Las entidades de la iglesia en Tenerife firmarán este lunes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, un manifiesto común para solicitar un giro inmediato en las políticas de migración ante la realidad de las personas refugiadas.
Las entidades que firman hoy este manifiesto son Cáritas Diocesana, Sector Social de la Compañía de Jesús, Justicia y Paz, Confer, Radio Ecca, Fundación Proyecto Don Bosco y la Delegación Diocesana de Migraciones.
El escrito va dirigido tanto al Gobierno en funciones como al futuro Ejecutivo que se conforme tras las elecciones del próximo 26 de junio y será entregado sobre las 11.00 horas por las entidades firmantes en la Subdelegación del Gobierno en la capital tinerfeña.
Las entidades firmantes solicitan en el texto que se modifique el enfoque de las políticas de migración y asilo, poniendo a la persona y sus derechos en el centro, y reforzando las operaciones de búsqueda y rescate en lugar de priorizar en el control de las fronteras con acciones que vulneran los derechos humanos.
También demandan la derogación de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite el rechazo en frontera, en Ceuta y Melilla, sin cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y Protección Internacional.
Por otro lado, piden que se garanticen vías de acceso legales y seguras, que permitan a las personas llegar a territorio europeo sin arriesgar sus vidas en viajes peligrosos y poniéndose en manos de las redes de tráfico de personas.
A su vez, plantean que se retire el apoyo al Acuerdo UE-Turquía para que España no sea cómplice en un acuerdo que, según el escrito, vulnera los Derechos Humanos y la Protección Internacional de las personas migrantes.
Otro de los puntos que contempla el manifiesto es la garantía del cumplimiento en materia de asilo. Abogan por que se respete el derecho humano universal a pedir asilo, sea cual sea el país de origen o llegada, con procedimientos justos, individualizados, rápidos y eficientes, por lo que ven prioritario aprobar un reglamento que desarrolle la Ley sobre Protección Internacional en España, pendiente desde 2009.
También reclaman que se cumplan y amplíen los compromisos de reubicación y asentamiento, ya que España, junto al resto de los países europeos, lleva desde 2015 “negociando cupos de personas refugiadas, sin atender que son personas y no números y sin un cumplimiento real de esos cupos”.
Afirman que es necesario que se refuercen las políticas de integración que apuestan realmente por la convivencia y el diálogo intercultural, a través de una gestión positiva de la diversidad y de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Y, finalmente, consideran necesario que España fortalezca la política pública de cooperación y ayuda al desarrollo, recuperando progresivamente el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
