El aparejador municipal Roberto de Luis dice que su patrimonio viene de su trabajo

La quinta sesión del juicio por la supuesta trama de corrupción municipal en Arona durante el primer mandato como alcalde de José Alberto González Reverón (2003 a 2007), tuvo como protagonista al aparejador del Ayuntamiento Roberto de Luis, a quien las acusaciones pública y particular consideran la pieza clave en el cobro de comisiones para la concesión de licencias a promotores y constructores, algunas incluso al margen de las leyes vigentes o del Plan General de Ordenación Urbana.

De Luis fue interrogado durante más de tres horas por la fiscal. No es la primera vez que la justicia le cuestiona por sus sospechosas actuaciones como técnico municipal y las vinculaciones de ese trabajo público con su empresa privada. Se enfrenta a 8 años de cárcel y 10 de inhabilitación por cohecho y prevaricación urbanística.

“Son compatibles y podía ejercer como aparejador tanto en Arona como en otros municipios”, dijo. Así justificó sus relaciones profesionales con algunos de los arquitectos acusados en esta causa, como Jorge Menéndez, Zenón Rodríguez y Antonio González Tolosa. Además, admitió que, en efecto, “se pide dinero por tramitar licencias”, aunque aclaró que son los porcentajes legales que deben abonarse al Ayuntamiento.

La relación de hechos que dejó plasmada en su escrito de calificación la anterior fiscal para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, Inmaculada Violán (en la actualidad está destinada a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid), describen una red en la que los constructores y promotores que acudían a la oficina técnica del Ayuntamiento para informarse de cómo iban las tramitaciones de sus licencias habrían sido sometidos al cobro de comisiones e incluso a la imposición de arquitectos para el desarrollo de sus proyectos.

Como cabía imaginar, Roberto de Luis negó esos cobros e incluso se animó a sacar pecho. “Jamás aceptaría dinero de nadie, ni siquiera la insinuación de una oferta de dinero”, o “jamás presioné ni impuse ningún arquitecto a ningún promotor” fueron algunas de sus aseveraciones. Sí admitió que pudo equivocarse al informar favorablemente en algunos expedientes para la concesión de licencias. “Fueron muchos y Arona es muy complicado”, se defendió, tras matizar que en ese municipio apenas había un par de unidades de actuación gestionadas para su desarrollo urbano.

Igualmente negó que se repartiera las comisiones, muchas de ellas millonarias según la Fiscalía, con otro acusado y ex jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo, el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa.

“Los técnicos nos limitábamos a informar y a comprobar si a construcción que se estaba llevando a cabo coincidía con los informes presentados y aprobados. Sin discriminación alguna. He informado en contra de proyectos de (los arquitectos) Jorge Menéndez y Antonio Tolosa·”.

Sí reconoció que en esa Oficina Técnica se recibía a diario a promotores y constructores, y de esa forma, la fiscal llegó al empresario José Ramón Ansorena Ormazábal, denunciante del cobro de esas comisiones mediante una grabación en la que se escucha cómo otro empresario, el acusado Arsenio Zamora (que actuaría como intermediario), le solicita el pago de 45 millones de pesetas para desatascar la concesión de un licencia para construir 206 viviendas en Costa del Silencio.

“Me pidió una entrevista a través del señor Zamora, pero observé que la parcela en la que quería construir no estaba destinada al uso que pretendía. Había que cambiar ese uso de hotelero a residencial. Requería varias actuaciones y había que remitir los informes preceptivos al Cabildo y al Gobierno de Canarias”.

Tras un primer informe negativo tuvo que retomar el expediente. “La Junta de Gobierno me dijo que debía informar sí o sí”, y eso porque el expediente de Ansorena ya había sido valorado positivamente por el director general de Urbanismo y por el secretario general del Ayuntamiento. “¿Quién soy yo para contradecir al director general de Urbanismo?”, así que terminó por firmar el informe como favorable, aunque no se cumpliera con el uso de la parcela.

“Cuando Ansorena (el hijo del empresario) me informó de que el arquitecto municipal le había pedido dinero a cambio del informe favorable le dije que no le creía y que fuese al alcalde a denunciar, pero me dirigí al despacho de Eliseo de la Rosa a pedirle explicaciones y me juró por su madre que no era cierto”.

También negó haberle dicho a Ansorena que “nunca informaría a favor de su licencia. Es absurdo”.

De Luis carga contra el sobrino que le denunció

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Ansorena llegó a pagar por la tramitación de su expediente tres millones y medio de pesetas, pero cuando le pidieron 45 millones se plantó. Tras ello, las obras en su parcela fueron paralizadas “por no contar con el permiso”. Hasta que los técnicos acusados conocieron que había una grabación que les delataba. “Me quedé muy sorprendido con lo de la cinta”, admitió De Luis.

La supuesta trama de cobro de comisiones para conceder o aligerar las tramitaciones de las licencias urbanísticas fue denunciada ante la prensa por el sobrino del aparejador municipal, José Antonio Molina en torno al año 2002. Según el abogado Santiago Martínez, que representa a Ansorena padre e hijo, este personaje era el “cobrador” de las comisiones, luego sustituido por Arsenio Zamora.

Sin embargo, Roberto de Luis sostuvo ante el tribunal que se trata de una burda venganza, que fue “como un padre” para su sobrino, hasta que “mi hijo me informó de que se estaba haciendo pasar por mí, que usaba mi nombre para sus negocios”. Este martes no dudó en acusarle de machista y drogadicto.

“Me negué a ser su socio en un pub y para vengarse acudió a la prensa”.

Un patrimonio sospechoso

Parte del extenso interrogatorio de la fiscal se centró en el patrimonio de Roberto de Luis, que incluiría bienes inmuebles, coches de lujo, relojes de lujo, obras de arte, los gastos de los estudios de sus dos hijos en Oxford, operaciones de estética, investigados por la Policía Judicial.

El arquitecto municipal aseguró que procedía del ejercicio privado de su profesión, por el que, según sus palabras, percibió unos 250.000 euros entre 1998 y 2003, cuando ya era funcionario con un sueldo bruto de 2.300 euros. De esa cantidad, indicó que unos 30.000 euros procedían del estudio del acusado Zenón Rodríguez, con el colaboraba, pese a que éste contaba con sus propios aparejadores.

Tasaciones, mediciones, planes de evacuación o de incendios, mediciones topográficas, control de gastos…. Las actividades de De Luis como aparejador eran amplias, en Arona y otros municipios de Tenerife, y cobraba diferentes porcentajes, de acuerdo con la envergadura de la obra que debía llevarse a cabo. “Las facturaba a través de mi empresa. Mediante talones bancarios que fueron declarados a Hacienda”.

El segundo en declarar este martes fue el arquitecto Zenón Rodríguez, quien admitió ante el juez instructor de este caso, Nelson Díaz Frías, que su volumen de trabajo había crecido considerablemente a partir de colaborar con Roberto de Luis desde 2004. Este martes, sin embargo, dijo que esa declaración “había que matizarla”, pese a admitir que le llegaron clientes a través de Roberto de Luis.

Antes de iniciarse la toma de declaraciones, la abogada del ex alcalde de Arona y de los seis miembros de su Junta de Gobierno sentados en el banquillo, Olga López Lago, pidió una vez más la nulidad de las actuaciones, esta vez porque la Cadena Ser/Radio Club Tenerife transcribió parte de la grabación entre el empresario Ansorena y Arsenio Zamora.

Para la letrada madrileña, se había roto la cadena de custodia de las pruebas, lo que supondría una indefensión para sus clientes. La fiscal le recordó que cuando se levantó el secreto del sumario, todas las partes tuvieron acceso al contenido del mismo, aparte de que el contenido de esa grabación ya ha sido publicado por diversos medios de comunicación desde 2013 hasta la actualidad, incluido Canarias Ahora.