El denunciante del caso Grúas acusa a Clavijo “de ir al Parlamento a mentir” sobre el expediente y la empresa adjudicataria

“Fernando Clavijo ha ido al Parlamento canario a mentir”. Así de contundente se ha mostrado este miércoles uno de los denunciantes del caso Grúas, Santiago Pérez, concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), en su análisis sobre la comparecencia que el presidente del Gobierno canario protagonizó, a petición propia, ante el Parlamento regional este martes, para dar explicaciones sobre la solicitud elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de La Laguna al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con el objeto de que sea imputado en esta causa por hechos acaecidos cuando era alcalde lagunero.

Pérez, que además ha sido profesor universitario de Derecho Constitucional, explica que “las mentiras de un Clavijo acorralado intentando curarse en salud” tienen que ver con su “manipulación y tergiversación” de los informes que acompañaron el expediente del préstamo de 120.000 euros concedido a Autogrúas Poli, concesionaria del servicio municipal de grúas, tanto de los funcionarios que temporalmente intervinieron la empresa como de los catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL) que contrató para levantar los reparos del interventor a ese préstamo concedido a la adjudicataria.

Para este concejal, también Clavijo “mintió al decir que la empresa” con ese crédito municipal “se había saneado, cuando no fue así”, ya que “los amigos de Clavijo la tuvieron que vender a José Luis Tacoronte por un euro porque la deuda ya ascendía a 700.000 euros”.

El edil de XTF-NC niega rotundamente que, en contra de lo sostenido por Clavijo, los interventores públicos que asumieron el control de Autogrúas Poli propusieran conceder el crédito, ya que los propios funcionarios desmintieron este extremo ante el juzgado. Incluso advirtieron en informes (“ocultados durante dos años hasta que se conocieron en la comisión municipal de investigación”) que la empresa tenía deudas inicialmente de 347.000 euros (llegaron a 700.000 euros) con la Hacienda estatal y la canaria y, por tanto, era insolvente.

Pérez explica que esos interventores públicos concluyeron que lo que procedía legalmente era que entrara en concurso de acreedores, y que Autogrúas Polí cometía incumplimientos gravísimos con el Ayuntamiento, que debían sancionarse con la caducidad de la concesión.

“Pero no fue así”, manifestó el edil de la oposición, “pues los nuevos dueños de la empresa en bancarrota eran los amigos de Clavijo, tenían la casa hipotecada después de que él les dijera que invirtieran en esto porque era un negocio bonito, y el entonces alcalde utilizó un poder excepcional, la intervención del servicio, para proteger los intereses de sus amigos”.

Por ello, Pérez cree que “a los funcionarios municipales, Clavijo y José Alberto Díaz [actual alcalde y ya imputado en esta causa] los han maltratado y humillado, responsabilizándolos de decisiones que en realidad son de los políticos”.

También confiesa el denunciante del caso que le “dolió” la “manipulación de la imagen y la auctoritas de la ULL” que, a su juicio, hizo Clavijo en el Parlamento, “porque contrata a dedo a prestigiosos profesionales de cabecera para luego decir que es la universidad la que avala sus fechorías”.

En concreto, el edil de XTF-NC recordó que el propio Francisco Clavijo, uno de esos expertos de la ULL, “dijo ante el juzgado que se le pidió un dictamen de un supuesto teórico y que no conocía los datos reales de Autogrúas Poli”, es decir, la insolvencia y la abultada deuda de la concesionaria.

La amistad y el domicilio de notificación, “indicios de la trama”

Especialmente molesto se mostró el denunciante con que Fernando Clavijo tachara en el Parlamento de “fábula” los aspectos muy comprometedores para él que obran en el sumario de la causa, como el hecho de que la mayor parte de los empleados que compraron la empresa a José Padilla han reconocido ante el juzgado que eran sus amigos, que el domicilio de Autogrúas Poli a efectos de notificaciones en un litigio laboral era el propio local de la empresa que había administrado el mismo Clavijo, Inmobiliaria Ecológica (que abandonó para dedicarse solo a la política) y que el citado propietario original de la adjudicataria del servicio declaró ante la Guardia Civil que el entonces alcalde le había obligado a contratar a determinados trabajadores.

“Decir que todo eso es una fábula, un relato delirante, de los denunciantes, es un insulto a la inteligencia”, remacha Pérez, quien se pregunta cómo puede decir Clavijo que en este asunto la jueza instructora y el fiscal solo tienen dudas jurídicas sobre el préstamo, cuando está imputado el concejal Antonio Pérez Gódiño, que no participó en ese asunto sino que prorrogó la concesión del servicio, por delegación de José Alberto Díaz“, entonces concejal de Seguridad y hoy alcalde.

“Clavijo ante el Parlamento solo se refiere al auto de la jueza, que, recordemos, tuvo que reabrir el caso tras descalificar la Audiencia Provincial su decisión de archivarlo sin investigar lo suficiente, y la de no citar como investigado al actual alcalde”.

La Junta de Gobierno y el papel del PSOE con Javier Abreu

El líder de XTF-NC llamó además la atención sobre el intento de Clavijo de diluir su responsabilidad en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento lagunero, que, tras levantar él el reparo del interventor, concedió el préstamo -“ilegal” para el fiscal y para los denunciantes- en una sesión de este órgano, del que formaba parte el PSOE entonces como socio de CC, y a la que no asistió Clavijo.

Pero es más, según Pérez, tenía que ser también la misma Junta de Gobierno la que posteriormente debía acordar la prórroga a Autogrúas Poli, pero “no lo hizo porque los socios de Clavijo, los concejales del PSOE liderados entonces por Javier Abreu (luego expulsado de su partido por discrepar del pacto con CC) , se negaron, al estar sobreaviso de que algo se estaba haciendo mal”. Por esa razón “este órgano colegiado delegó en Díaz, quien se quitó de enmedio y además acabó delegando en Antonio Pérez Godiño, que fue quien firma la prórroga. Por ello está investigado” en este procedimiento penal.

Ampliación de la denuncia por supuesta falsedad documental

El líder de XTF-NC recuerda que a finales de abril ya amplió su denuncia para advertir sobre un presunto delito de falsedad en documento público por “la ocultación, tergiversación o manipulación” del contenido de los informes de funcionarios municipales y de los catedráticos externos.

De ese modo, para los denunciantes fue ilícito “proyectar informes del área de Seguridad favorables a la prórroga del contrato, y propuestas del concejal de Seguridad y decretos, que, pese a ser documentos públicos, atribuyen a los autores de los informes ocultados o manipulados manifestaciones y consideraciones jurídicas diferentes de los que en realidad habían expresado en sus escritos”.

Por tal motivo, XTF-NC presentó a principio de de mayo pasado otra ampliación de la denuncia en la que solicita la imputación de la directora del área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Rosario Hernández Eugenio, por sus informes propuestas para levantar los reparos del interventor general al préstamo y la prórroga del contrato con Autogrúas Poli.

De hecho, Díaz, que está imputado, se apoyó en los criterios de esta funcionaria durante su declaración, pero los denunciantes consideran que su puesto directivo, al ser de libre designación, tenía “una dependencia directa” del propio concejal y se basaba en “la confianza mutua entre el superior y el inferior”.

Curiosamente, esta semana Mírame TV ha informado de que dicha empleada pública ha dejado el Ayuntamiento para incorporarse, también en un puesto de libre designación, como jefa de servicio en la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, el ejecutivo que preside Clavijo.

El caso Grúas está ahora pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decida sobre si imputa o no a Clavijo un delito de prevaricación y malversación. Si lo cita como investigado, la causa pasará a ser competencia de esta instancia judicial, debido al aforamiento del presidente canario. Hasta ahora la investigación ha correspondido al Juzgado de Instrucción Nª 2 de La Laguna.