El juez pide una prueba caligráfica de un denunciante del caso Corredor

El juez César Romero Pamparacuatro. FOTO: Diario de Lanzarote.

Belén Molina

Santa Cruz de Tenerife —

El magistrado Cesar Romero Pamparacuatro, que instruye el caso Corredor, en el que está imputado el aspirante a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC Fernando Clavijo, ha ordenado mediante una providencia que se le practique una prueba caligráfica al periodista Isaac Tacoronte, después de que el pasado 8 de enero cuestionara ante el juez su firma en una declaración ante la Policía Judicial.

Tacoronte, que fue uno de los denunciantes junto con el empresario Carlos Calderón del caso Corredor, se desdijo de esa denuncia en su comparecencia como testigo ante Pamparacuatro, pero sorprendió aún más cuando negó que hubiese declarado en dos ocasiones, en diligencias preliminares como aparecen en el sumario, ante la Unidad para la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, sino que aseguró que tan sólo lo había hecho en una ocasión, por lo que su segunda declaración habría sido falsificada, así como su firma.

La respuesta por parte de la Policía Judicial no se hizo esperar y mediante un oficio ha solicitado una prueba caligráfica (“cuerpo de escritura”), que se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, para comprobar quién miente.

La denuncia de Tacoronte contra la Policía Judicial ha dado lugar a una pieza paralela al caso Corredor, según la cual, el grupo especializado de la Guardia Civil habría cometido falsedad de documento público y apropiación de firma.

Sin embargo, si es el denunciante quien ha faltado a la verdad, se le podría acusar de haber incurrido en falso testimonio, calumnias y obstrucción a la justicia.

Según se desprende de las declaraciones de unos y otros testigos, que comenzaron el 8 de enero, Isaac Tacoronte fue quien convenció a Fernando Clavijo (que entonces, año 2005, era concejal de Seguridad Ciudadana) para mantener una reunión con su entonces pareja Carlos Calderón, que regentaba el pub Sketch y que tenía actas abiertas por incumplimientos de horario; el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro, y el entonces concejal de la oposición socialista, Javier Abreu.

Esa conversación fue grabada y aportada como prueba a la denuncia de Calderón ante la Fiscalía, y dio lugar a las intervenciones telefónicas puestas en entredicho por los abogados de la defensa, al no existir en papel el auto original que las autorizaba, aunque ese auto ha sido reconstruido, lo que a su vez ha motivado recursos de apelación en su contra por parte de los principales implicados (excepto Clavijo), ante la Audiencia Provincial.

En la conversación grabada se habría tratado la ampliación de los horarios de cierre para el Sketch, que como dijo este miércoles una de sus camareras, cerraba entre las cinco y las seis de la mañana, mucho después de lo permitido, sin que hubiese conocido entre 2004 y 2007 más que una única redada, y fue de la Policía Nacional, no de la Local.

Sin embargo, Isaac Tacoronte dijo a la Policía que la grabación fue manipulada, y ante el juez, que había sufrido cortes. La grabación es objeto de otra comprobación pericial de la que aún no se conocen resultados.

El periodista fue contratado poco después de que Carlos Calderón interpusiera la denuncia por José Manuel Bermúdez, en 2010, como su jefe de campaña electoral, y desde 2011 tiene un puesto en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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