La recuperación del dinero de Las Teresitas dependerá de que se demuestre que hubo delitos en la causa penal
El éxito o fracaso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la hora de conseguir que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia devuelvan los 53 millones pagados en 2001 por el frente de la playa de Las Teresitas dependerá, en gran parte, de que se demuestre que efectivamente se cometió un delito de prevaricación y malversación en la compraventa. El contundente escrito de la Fiscalía en el que se solicitan 60 años de cárcel hace albergar esperanzas entre los dirigentes municipales de que finalmente saldrán adelante sus planteamientos
Este miércoles se inicia la causa civil que tiene como epicentro a esta playa y que surge ante la imposibilidad de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que en el año 2007 anuló la compra de estas once parcelas por parte del Ayuntamiento. Y lo hizo porque no se incluyó en el expediente la tasación elaborada por parte de la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que había cuantificado en apenas 19 millones el valor de los terrenos.
El Supremo, por lo tanto, concluyó que la Corporación local encabezada por el entonces alcalde, Miguel Zerolo, no había defendido los intereses generales de los santacruceros al avalar una tasación que beneficiaba a dos empresarios. Tal y como dictaminó en su momento la Audiencia Provincial, se esperará a que los tribunales se pronuncien sobre la causa penal para finalmente emitir el fallo en la vía civil, lo que podría alargarse durante unos dos años después de que se dicte la primera sentencia.
Precisamente, Oramas iniciará la ronda de comparecencias en calidad de testigo, a petición de los abogados del Ayuntamiento. La exarquitecta denunció ante la Fiscalía Anticorrupción presiones por parte del equipo encabezado por Zerolo, para que variara al alza su tasación o firmara la que finalmente se hizo valer en la compra. A lo que se negó en ambos casos.
La técnico fijó el valor de las parcelas basándose en las afecciones a las que daba lugar la moratoria turistica, que un tercio del suelo era dominio público de costas y que parte ya era propiedad municipal por haber sido cedido de forma gratuita por la Junta de Compensación.
En los siguientes días comparecerán como testigos aportados por Inversiones Las Teresitas (ILT) dos técnicos, entre los que está Javier Domínguez Anadón, quienes intentarán demostrar que los terrenos no sólo valían los 53 millones pagados, sino incluso más. El Ayuntamiento propuso la declaración de los dos técnicos que elaboraron una tasación por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fijó el valor en un arco que suma, como mucho, quince millones.
Un técnico municipal, por su parte, defenderá que en dos parcelas concretas, como son la 7 y la 11, era imposible edificar por el elevado nivel de pendiente, lo que reduciría aún más los aprovechamientos del frente de la playa. Los abogados del Ayuntamiento plantearán una alternativa al cumplimiento del fallo en caso de que el Ayuntamiento se vea obligado a quedarse con los terrenos. Entonces se defendería la aplicación del valor de 15 millones para el frente, más nueve para las parcelas recalificadas de Las Huertas. De esta manera, los empresarios tendrían que devolver la diferencia sobre los 53 millones pagados en su día.
Pero el grueso del pleito gira sobre unas reclamaciones con cifras bastante más elevadas. ILT solicita 116 millones que se corresponden a los 63 en indemnizaciones por los perjucios sufridos por los errores cometidos por el Ayuntamiento y los 53 que se niegan a devolver. Los empresarios descartan que se les obligue a asumir de nuevo la propiedad de los terrenos dado que en la actualidad es imposible edificar en los mismos. Si se diera la circunstancia de que vuelven a ser dueños de los mismos, podrían iniciar a continuación otro pleito para que tuvieran la misma calificación que en 2001.
La Corporación local, por su parte, pide 74,5 millones que se corresponden a lo pagado más los intereses, y no tiene como objetivo quedarse con los terrenos. De la causa penal también se desprende otro hecho inquietante: los trece acusados, aparentemente, no disponen de los bienes necesarios para hacer frente a las millonarias reclamaciones que se les demanda desde el Ayuntamiento. Aunque, por ejemplo, Plasencia en la reciente causa sobre las canteras ilegales de áridos de Güímar aceptó pagar él solo 54 millones, un millón más que el valor del frente de la playa.
Una vez que el Supremo ratificó en 2010 la anulación de la compraventa, Zerolo intentó hacer una apariencia de cumplimiento del fallo. Entonces, la Corporación local acudió al Registro de la Propiedad para inscribir los terrenos de nuevo a nombre de los empresarios pero estos se negaron. A continuación es cuando se impulsó la causa civil, consecuencia de la imposibilidad de cumplir el fallo emitido en el ámbito de lo contencioso administrativo.
La saga Domínguez Anadón
En la causa de Las Teresitas aparecen en varias ocasiones miembros de la familia Domínguez Anadón. Uno de ellos es José Luis, redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz aprobado en 1992, que precisamente años después sería el origen de la guerra por el elevado número de edificaciones fuera de ordenación que contenía. Este arquitecto también volvería saltar a la actualidad hace algo más al protagonizar una guerra mediática en la que criticaba abiertamente el cumplimiento del fallo del conocido como caso mamotreto.
Pero también está Javier Domínguez Anadón, otro arquitecto vinculado a Plasencia para quien ha trabajado en más de una ocasión como asesor. Tal y como ha ocurrido ahora con la sorpresiva tasación que pretende demostrar que el valor del frente de la playa es incluso superior al pagado en 2001. En el sumario del caso Las Teresitas se interceptó una conversación entre Plasencia y el entonces presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, en la que se ratifica el nivel de confianza casi ciega que el empresario deposita en el técnico.
