Hacer periodismo no es hacer terrorismo

En lo que representa una gran victoria para la libertad de expresión, un tribunal de apelaciones del Reino Unido ha dictaminado que ampararse en la Ley Antiterrorista para detener a David Miranda, compañero del periodista Glenn Greenwald, violó sus derechos humanos como periodista. Tal vez aún más importante, el tribunal criticó la peligrosa y sin precedentes definición de “terrorismo” que hizo el Gobierno británico al incluir en ella todo tipo de conductas normales en ciudadanos respetuosos de la ley.

En 2013, cuando volvía a su casa en Brasil, Miranda fue interrogado y detenido en el aeropuerto de Heathrow durante casi nueve horas sin la presencia de un abogado. Venía de Alemania de visitar a Laura Poitras, la directora ganadora del Oscar. Miranda estaba trabajando como asistente de Poitras y de Greenwald en su trabajo sobre los documentos de Edward Snowden. Greenwald trabajaba para The Guardian en ese momento.

El tribunal falló parcialmente en contra de un dictamen anterior y aclaró que, “cuando se trata de información o material periodístico, el uso de la facultad de detener e interrogar a cualquier individuo [bajo la Ley Antiterrorista] es incompatible” con las convenciones europeas en materia de derechos humanos.

Como ya dijo Greenwald, el fallo es “una gran victoria en primer lugar y sobre todo para la libertad de expresión, porque lo que ha decidido el tribunal es que el Parlamento del Reino Unido ya no pueda pretender que la policía tenga permiso para incautar el material periodístico que se le ocurra, con la excusa de que se trata de una investigación terrorista”.

Greenwald tiene toda la razón. En un sistema democrático los periodistas o, llegado el caso, cualquier persona que trabaje para la prensa, no deberían preocuparse por ser detenidos, interrogados o ver confiscado su material de investigación sólo por hacer su trabajo en una democracia.

Aún más preocupante que la disposición del Gobierno británico a detener a un periodista, en clara violación de sus derechos humanos, fueron los argumentos para justificarlo. Al sostener que bajo la Ley Antiterrorista tenían todo el derecho de detener a Miranda en 2013, el Gobierno propuso una definición radical y amplísima de terrorismo.

Estas fueron las palabras exactas del Gobierno, según un documento presentado ante el tribunal en noviembre de 2013: “Además, la divulgación [de documentos de los organismos NSA/GCHQ] o amenaza de divulgación está concebida para influir sobre un gobierno y hecha con el propósito de promover una causa política o ideológica. Por lo tanto, esto entra dentro de la definición de terrorismo…”

Pensemos por un momento acerca del significado de esas palabras: se define al terrorismo como el acto de publicar información con el propósito de influir sobre un Gobierno. Esa definición no hace mención alguna a la violencia o, ni siquiera, a la amenaza de violencia, una posibilidad que a David Miranda jamás se le cruzó por la cabeza. Dicho de otra forma, según esa definición retorcida, cualquier opinión o acción que no le guste al Gobierno podría haber sido descrita oficialmente como “terrorismo”.

Este tipo de imprecisiones es la marca que distingue a regímenes autoritarios como el de Arabia Saudí y Rusia que, para acosar y detener a periodistas, trabajadores de las ONG y disidentes, a menudo manipulan las leyes supuestamente aprobadas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Una práctica que tanto Reino Unido como Estados Unidos han criticado frontalmente en los últimos diez años.

(En 2013, cuando The Guardian pidió al Departamento de Estado de EEUU un comentario sobre la detención de Miranda en el Reino Unido, el Departamento se negó a hacerlo, a pesar de haber criticado antes con dureza a otros países por utilizar las leyes antiterrorismo prácticamente de la misma manera en que el Gobierno británico estaba haciendo).

Por fortuna, el tribunal de apelaciones desestimó por completo esa peligrosa definición de terrorismo: “El fallo del tribunal de apelaciones rechaza la amplia definición de terrorismo que presentaron los abogados del Gobierno. La definición correcta y legal de terrorismo, como la dictamina el tribunal de apelaciones, requiere que se demuestre alguna intención de causar una amenaza concreta a la seguridad pública, como, por ejemplo, poner en riesgo la vida de una persona”.

Este incidente pone de manifiesto lo injusta que es la Ley Antiterrorista para todas las personas que viajan a través del aeropuerto de Londres. Vale la pena destacar que hasta el funcionario encargado de controlar la legislación antiterrorista del Gobierno británico dejó claro que, a pesar de lo que el nombre de la ley indica, el Gobierno declara que la “facultad para detener e interrogar a alguien [bajo la ley] se puede ejercer sin que haya sospecha de participación en un acto terrorista”. Se sabe que miles de personas inocentes fueron sometidas a los mismos tipos de detenciones en el pasado sin poder recurrir a nadie una vez finalizada la situación.

Esperemos que el caso Miranda vuelva a resucitar el debate sobre la Ley Antiterrorista y lo dañina y peligrosa que es para los derechos humanos.

Trevor Timm es director ejecutivo de la ONG Freedom of the Press Foundation en cuyo consejo figuran Glenn Greenwald, Laura Poitras y Edward Snowden.Freedom of the Press Foundation

Traducción de: Francisco de Zárate