Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

The Guardian en español

Israel persigue a las ONG contrarias a la ocupación porque “traicionan” al ejército

Niños palestinos desayunan antes de partir para asistir al colegio desde la localidad cisjordana de Susiya en Palestina

Peter Beaumont

Jerusalén —

Los parlamentarios israelíes estudiarán esta semana dos iniciativas que, según los críticos, están diseñadas para clausurar uno de los grupos contrarios a la ocupación más grandes del país, Breaking the Silence, que se dedica a recopilar testimonios de soldados israelíes operando en territorios palestinos.

Examinarán las propuestas para un comité que investiga a grupos que reciben financiación exterior, y una cláusula en la llamada “Ley de las ONG” propuesta por la coalición conservadora de Benjamin Netanyahu que permitiría al estado clausurar los grupos que, afirman, están trabajando para que “se juzgue a soldados israelíes bajo el derecho internacional”.

La acción llega justo cuando la retórica cada vez más férrea de la derecha, que intenta tildar a Breaking the Silence y otros grupos anti ocupación incluido B'Tselem de “traidores”.

Breaking the Silence se dedica a recolectar y publicar relatos de acciones de soldados israelíes, según ellos mismos explican, tanto en combate como en los asuntos cotidianos de la ocupación israelí en territorios palestinos.

El grupo cuenta que su objetivo es hacer ver “el precio que se paga por una realidad en la que los soldados jóvenes están involucrados en el control de la vida cotidiana de esa población”. Los que critican este objetivo dicen que sus actividades exponen al ejército del país a procesos en tribunales internacionales.

Yehuda Shaul, cofundador de Breaking the Silence, y Avner Gvaryahu, director del grupo, han dicho que no les pillan por sorpresa las últimas medidas que tratan de tomar contra ellos. “Después de 50 años, la ocupación [de territorios palestinos] se ha normalizado”, comenta Shaul. “Los únicos que queda luchando contra esto son los grupos de la sociedad civil”.

Las peticiones para que se investigue la financiación de las ONGs y las leyes que que intentan frenar sus actividades han aumentado en los dos últimos años, coincidiendo con una acción de los seguidores del movimiento favorable a los asentamientos que han intentado infiltrarse en el grupo y han amenazado a sus componentes.

“Sufrimos un ataque informático de 72 horas seguidas y creemos que lo que intentaban era conseguir información sobre nuestros testigos”, explicó Shaul. Los dos aseguran que los activistas conservadores favorables a los asentamientos intentaron colocar falsos testimonios para desacreditar al grupo y averiguar información sobre cómo trabajan.

“Lo peor empezó después del año 2015 y de la elección del gobierno más de derechas de la historia”, dice Shaul. Como resultado, apunta, la disidencia se ha concentrado cada vez más en un grupo de ONG.

“Era cuestión de tiempo que llegase el siguiente ataque. Estaba claro que en cuanto la Knesset (parlamento israelí) volviese al trabajo tras el verano, volverían a cargar contra nosotros”, asegura Gvaryahu.

Este mes se anunciaron los planes para el nuevo comité poco después de que apareciesen informaciones de que el ministro de turismo, Yariv Levin –supuestamente a petición de Netanyahu– pretendía presionar para conseguir un mecanismo legal que permitiera prohibir grupos como Breaking the Silence.

Para Levin, la elección de Donald Trump en EEUU, cuya administración rara vez ha criticado al gobierno de Netanyahu, ha hecho que sea más fácil de promover la legislación propuesta.

El gobierno quiere cerrar estas ONGs

“Esto no hubiese sucedido durante la administración Obama”, aseguró Levin este año. “Estaban muy nerviosos con este proyecto de ley. La administración actual no tiene ningún problema con esto”.

Aunque el asesor jurídico del parlamento israelí ha impugnado la legalidad de la creación de un comité de investigación, los observadores creen que la determinación del gobierno de actuar en contra de Breaking the Silence y grupos similares le llevará a encontrar la manera de conseguirlo.

Gvaryahu y Shaul siguen siendo optimistas frente a los ataques, pero otros en la comunidad que defiende los derechos humanos en Israel lo son menos en torno a las implicaciones que tiene todo esto para la libertad de expresión en Israel y para la capacidad que tienen las ONG para poder seguir funcionando.

“No puedes simplemente subestimar el impacto de todo esto”, afirma un trabajador de una ONG, que pide que no se publique su nombre.

Hagai El-Ad, director ejecutivo del grupo israelí defensor de los derechos humanos B'Tselem, explica que su ONG se enfrenta a problemas similares. El presidente de la coalición gobernante de Netanyahu, David Bitan, ha pedido que se le quite la ciudadanía a El-Ad después de criticar la ocupación israelí ante las Naciones Unidas.

“Estamos asistiendo a un proceso que ha ido avanzando gradualmente desde el año 2011 más o menos”, asegura El-Ad a the Guardian. “El esquema fundamental que ha establecido el gobierno de Netanyahu es que las organizaciones que defienden los derechos humanos son traidoras, con todas las consecuencias que se derivan de tal idea”.

“Alrededor del mundo hay muchos ejemplos de cómo el espacio para la sociedad civil se está reduciendo. Pero en Israel no es general, está destinado específicamente a organizaciones que se oponen a la ocupación. Hacen esto para intimidarnos”, asegura.

Lo que para Shaul es más preocupante sobre las acusaciones contra su ONG es la afirmación de que se está intentando que los soldados israelíes sean juzgados ante tribunales como la Corte Penal Internacional. Breaking the Silence no da los nombres de los soldados cuyos relatos revelan o identifican los lugares en los que se han producido los incidentes.

“A nosotros no nos interesan las vías legales sino los marcos morales de 50 años de ocupación”, afirma. “Todo lo que publicamos tiene que ser chequeado por el censor militar israelí. Esto tiene su importancia porque la censura considera que los posibles procesamientos [a soldados israelíes] son un problema de seguridad. Todo lo publicado está aprobado”.

En la organización trabajan 15 personas y tiene un presupuesto anual de 1,3 millones de euros. Shaul admite que la presión a la que se han enfrentado, sobre todo en estos últimos dos años, ha tenido un impacto. “El gobierno dice que somos traidores, e incluso declara en un momento determinado que deberías ser investigado bajo la sospecha de que has recopilado secretos de estado... Claro, si te tiran suficiente barro algo se te pega, por supuesto”.

Un portavoz del gabinete de Netanyahu no quiso contestar a las preguntas relacionadas con este asunto.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Etiquetas
stats