Japón ahorca a dos reclusos poco antes de acoger una cumbre del G7
Los defensores de los derechos humanos han condenado el uso de la pena de muerte por parte de Japón, después de que dos reclusos hayan sido ahorcados. Ya son 16 las ejecuciones que se han llevado a cabo desde que el primer ministro, Shinzo Abe, llegó al poder a finales de 2012.
Las ejecuciones se desarrollaron este viernes, a solo unas semanas de que Japón albergue la cumbre de líderes del G7. Este país y Estados Unidos son los dos únicos miembros del G7 que mantienen la pena de muerte, mientras que los países europeos están entre los que critican con mayor ímpetu las sigilosas ejecuciones del país asiático.
Yasutoshi Kamata, de 75 años, fue ahorcado en Osaka por asesinar a cinco personas –incluida una niña de nueve años– entre 1985 y 1994, según los medios japoneses. Junko Yoshida fue condenado por matar a dos hombres a finales de los años 90 para obtener indemnizaciones de sus seguros de vida. Ejecutada a los 56 años en Fukuoka, es la primera mujer ahorcada en Japón desde 2012.
Los activistas acusan a Japón de oponerse a la tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte, con la creencia equivocada de que ese castigo tiene un efecto disuasorio. “A pesar del hecho de que unos 140 países del mundo ya han abandonado o frenado las ejecuciones durante más de una década, el Gobierno japonés está dando la espalda a esa tendencia”, lamenta el secretario general de Amnistía Internacional en Japón, Hideki Wakabayashi.
Las encuestas muestran un alto nivel de apoyo popular en Japón a la pena de muerte, aunque los activistas denuncian que la formulación de las preguntas se plantea de forma que se aprovecha el miedo de la gente al crimen. En un sondeo de 2010, el 86% de los encuestados consideraron que el uso de la pena capital es “inevitable”. Esa opinión se fortaleció después del atentado con gas sarín en el que, en 1995, una secta apocalíptica mató a 13 personas e hirió a miles en el metro de Tokio.
Las ejecuciones de este viernes han dejado en 124 la cifra de reclusos que se enfrentan a una sentencia de muerte en Japón. Estos ahorcamientos también han puesto de relieve los largos periodos –más de cinco años de media entre 2005 y 2014– que los presos tienen que esperar hasta que son ejecutados. La sentencia de Kamata se dictó hace once años y la de Yoshida, hace casi seis, según los medios del país.
A los reclusos que están en el corredor de la muerte se les suele notificar su ejecución solo unas horas antes. A sus familiares y abogados solo se les informa después de la muerte. En un abrumador informe de 2009, Amnistía indicaba que a los reclusos en esa situación se les vuelve locos y se les expone a un tratamiento “cruel, inhumano y degradante”.
La posibilidad de que haya condenas injustas se evidenció en 2014 con la liberación de Iwao Hakamada, que había pasado más de 45 años en el corredor de la muerte, entre sugerencias de que los investigadores habían inventado pruebas contra él. Hakamada fue sentenciado a la horca en 1968 por el asesinato dos años antes del presidente de una empresa, su mujer y sus dos hijos.
Traducido por: Jaime Sevilla
