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Japón recibió 20.000 peticiones de asilo en 2017 y solo aceptó 20

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

Justin McCurry

Tokio —

A pesar de que Japón registró una cifra récord de 19.628 solicitudes de asilo el año pasado, el país asiático solo aceptó a 20 y ello ha generado acusaciones de que está cerrando injustamente la puerta a gente necesitada.

Desde 2010, Japón ha concedido permisos de trabajo a solicitantes de asilo con visado válido para trabajar mientras se revisaba su solicitud, un cambio que, según el Gobierno, ha alimentado un notable aumento de solicitudes “falsas” de gente que simplemente busca empleo.

De acuerdo con los datos publicados la semana pasada, el número de solicitudes en 2017 aumentó un 80% respecto al año anterior, cuando se aceptaron 28 de casi 11.000 solicitudes.

Entre las miles de solicitudes rechazadas está Jean, que llegó a Japón en 2001 huyendo de la violencia étnica en su país de origen, Burundi. 17 años después, Jean sigue en un limbo legal, víctima, según activistas, de la estricta política japonesa con los refugiados y de una creciente resistencia a la inmigración.

Jean, hutu, fue lanzado a un montón de neumáticos ardiendo por su negativa a unirse a la lucha contra los tutsis. Escapó, pero el incidente, que le dejó con quemaduras en su pierna derecha, le convenció de que nunca podría volver.

“En ese momento yo solo era un vendedor callejero de maíz y cacahuetes. No tenía ni idea por lo que luchaban”, declara a the Guardian en una entrevista cerca de su casa al este de Tokio. Su abogado, Masako Suzuki, sostiene que la política de su gobierno está castigando a solicitantes de asilo en auténtica necesidad.

“A estas alturas, Jean debería haber sido ya reconocido como un solicitante de asilo”, afirma el abogado. “Es increíble que las autoridades de inmigración ni siquiera le hayan concedido estatus humanitario considerando que la violencia étnica en Burundi ha empeorado de manera dramática desde 2016”, añade.

Cambios recientes indican que Japón se está volviendo incluso más duro. En un intento por reducir el número de solicitudes, el Gobierno empezó el mes pasado a limitar el derecho a trabajar solo a aquellos que considera solicitantes de asilo de verdad.

Solicitudes repetidas y aquellos que no pasen los controles iniciales se arriesgan a ser trasladados a centros de detención de inmigrantes una vez caduque su permiso de estancia en Japón.

Eri Ishikawa, presidente de la Asociación Japonesa de Refugiados, señala que la nueva regulación es parte de una campaña de mano dura contra los refugiados bajo el mandato del primer ministro conservador, Shinzo Abe.

Abe provocó la polémica en 2015 cuando dijo que Japón debería mejorar las vidas de su propia gente, especialmente las mujeres y los mayores, antes que aceptar refugiados de Siria.

Los activistas comparan su posición dura en materia de asilo con su reciente visita a Lituania, donde homenajeó a un diplomático japonés de la época de la Segunda Guerra Mundial, Chiune Sugihara, que salvó la vida a unos 6.000 judíos en 1940 entregándoles visados japoneses.

“El Gobierno supone que hay personas solicitando el estatus de refugiado solo para obtener un permiso de trabajo en Japón”, señala Ishikawa, cuyo grupo ayuda a 700 personas, principalmente de países africanos, cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas. “Se ha cerrado la puerta a gente que pide asilo. Eso nos preocupa porque entre ellos hay solicitantes de asilo de verdad”.

Las condiciones de los centros de detención

Los centros de detención de Japón han sido criticados por su duro trato a los detenidos. Al menos 10 personas han muerto en estos centros desde 2006, incluidos cuatro por suicidios. En 2016, más de 40 detenidos iniciaron una huelga de hambre en una instalación en Osaka para protestar contra las condiciones de vida y la mala atención médica.

“Las condiciones en los centros son duras y no hay un límite al periodo de detención”, explica Ishikawa. “Normalmente a la gente se le concede la libertad provisional tras un año, pero no se les permite trabajar y no tienen derecho a ningún subsidio social”, añade.

A pesar de vivir la mayor escasez de mano de obra en 44 años, es poco probable que Japón supere una resistencia cultural arraigada a la inmigración. “Al Gobierno no le gusta la palabra inmigración: suena a permanente y por eso mucha gente se opone a ella. Les preocupa que cambie la naturaleza de la sociedad japonesa”, afirma Ishikawa.

Hoy, a Jean, que ha pedido que solo se le mencione por su nombre de pila, le sigue doliendo la pierna por las quemaduras. No ha visto a sus padres ni a sus dos hermanas desde que huyó de Burundi.

Llegó a Tokio en enero de 2001 con un visado de 90 días y aliviado por encontrar lo que el creía que sería un lugar seguro. Al principio dormía en un coche y se ganaba la vida trabajando en un desguace. Jean, de 48 años, sostiene que no tenía ni idea de que había sobrepasado su visado hasta que le interrogaron las autoridades migratorias.

Este solicitante de asilo, que cree que su vida correría peligro en Burundi, ha pasado por varios centros de detención de inmigrantes, el último en 2011. Actualmente espera el resultado de su tercera solicitud de asilo.

Al no haber recibido el estatus de refugiado cuando llegó a Japón, Jean tiene prohibido trabajar y sus movimientos están muy controlados. Pasa los días haciendo voluntariado en una iglesia católica en Tokio y estudiando japonés.

Aun así, se muestra agradecido por la amabilidad mostrada por la gente normal, incluida la pareja que le ha acogido en su casa mientras las autoridades deciden sobre su futuro. “Los japoneses que conozco han sido muy amables conmigo. No me puedo creer lo bien que me han tratado”, señala. “Me acogieron como un miembro de su propia familia. Sin ellos, no sé qué sería de mí. Esto es lo que significa vivir en un país pacífico”, añade.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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