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INTERNACIONAL

May se queda sin margen para salvar el acuerdo del Brexit

Algunas claves sobre cómo piensa el gobierno de Reino Unido satisfacer las exigencias de los parlamentarios para obtener garantías de la UE en relación a la frontera en Irlanda

May se reúne con Juncker y Barnier para abordar el "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. EFE

A pesar de las peticiones del Parlamento británico para que el acuerdo del Brexit alcanzado por Theresa May sea descartado o destruido por completo, tanto en el Gobierno de Reino Unido como en Bruselas piensan que la primera ministra no podrá renegociar el texto del acuerdo de retirada.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofrece, en cambio, "aclaración e interpretación" de las condiciones del acuerdo y, en particular, sobre la cláusula denominada 'backstop' (salvaguarda) que pretende evitar una frontera dura en la isla de Irlanda.

El backstop plantea una unión aduanera de todo Reino Unido con la UE a implementar al final del período de transición en caso de no haber un acuerdo alternativo. Una vez dentro de la unión aduanera, Reino Unido no tendría forma unilateral de salir, imposibilitando así los sueños de los defensores del Brexit que fantasean con un Reino Unido global que firma acuerdos comerciales con quien quiera por todo el mundo.

El trabajo de la primera ministra y también del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de Juncker es el de convencer a los parlamentarios de la sinceridad de la UE cuando dice que no quiere que el 'backstop' tenga que implementarse y que, en caso de que eso suceda, sea algo temporal.

Hay algunas pistas sobre cómo el gobierno piensa lograr eso, y existen muchos precedentes de la forma en que negocia la UE como para imaginar cómo se intentará satisfacer estas demandas, al menos parcialmente, desde Bruselas.

Qué quiere el Gobierno del Reino Unido

Una clave para comprender cómo piensa el Gobierno británico está en la llamada enmienda del "voto significativo" (que obliga al Ejecutivo a conseguir la aprobación del Parlamento en el acuerdo de retirada) que presentó el diputado conservador Sir Hugo Swire. En ella se veía la mano del Gobierno por todos lados.

Además de hacer que el Parlamento le indique al Gobierno si debe pedir una extensión del período de transición para evitar el 'backstop', Swire también propuso la implementación de "una obligación" al Gobierno para llegar a un acuerdo o a un arreglo alternativo en el plazo de un año tras la implementación del 'backstop' en Irlanda del Norte.

El intento era el de fijar una fecha límite para obligar al Gobierno a hacer "todas las gestiones posibles" para salir del 'backstop', o al menos a tener una muy buena razón para no poder hacerlo.

El acuerdo de retirada ya establece que la UE hará "todo lo posible" por lograr un acuerdo de libre comercio para el año 2020, es decir, al finalizar un período de transición de 21 meses. Es muy probable que el Gobierno busque que ese compromiso quede ratificado, además de una declaración adicional de la intención de la UE de salir del backstop para el 2021.

¿Cómo lo puede lograr?

Las mentes legales de Bruselas son expertas en encontrar formas para suavizar un acuerdo.

La clave para Theresa May es poder mostrar a los parlamentarios de su país que cualquier acuerdo al que llegue con la UE es legalmente vinculante.

Mientras tanto, la UE querrá llegar lo más lejos posible en su intento de ayudar a la primera ministra sin destruir el contenido del acuerdo de retiro. Por ejemplo, puede haber cuestiones sobre la interpretación de qué es jurídicamente vinculante.

Los 27 países miembros no le pondrán límite de tiempo al 'backstop'. La cuestión es si Bruselas estará dispuesta a establecer el objetivo de abandonar el 'backstop' en el plazo de un año. El peligro es que si no se puede alcanzar ese objetivo, Reino Unido lo utilice en contra de la UE en caso de llegar a una situación de arbitraje.

Una forma de establecer ese objetivo o al menos ratificar las intenciones sería una declaración interna de los 27 países miembros de la UE, pero es poco probable que eso sea suficiente para May. Lo mismo sucedería con un informe de los mediadores.

Se podría adjuntar un memorando al acuerdo de retirada que establezca las intenciones tanto de la UE como de Reino Unido. Pero esto tampoco sería jurídicamente vinculante para Bruselas. Por otro lado, las conclusiones del Consejo Europeo se publican después de cada cumbre de líderes, siendo políticamente vinculantes para los 28 jefes de Estado y de gobierno. Esto también sería efímero pero se podría anexar una interpretación jurídicamente vinculante. Con una estratagema así fue que Cameron logró que la UE aceptara sus condiciones de renegociación en caso de que él hubiera ganado el referéndum.

Lo mismo sucedió cuando el Gobierno holandés al principio rechazó un acuerdo de asociación con Kiev y quería la ratificación de que el objetivo no era la adhesión de Ucrania. Una interpretación así podría incluso convertirse en un tratado anexo. Para mayor drama, Theresa May podría querer ratificar el acuerdo en la ONU, en caso de que en algún momento se necesite arbitraje internacional, como hizo Cameron con su acuerdo.

Además, la conservadora Andrea Leadsom ha sugerido que tanto Reino Unido como el Parlamento Europeo podrían debatir el 'backstop' anualmente para garantizar la legitimidad. Un acuerdo de ese tipo sería una bonita decoración, pero nada más que eso.

Traducido por Lucía Balducci

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