Reino Unido tiene las manos manchadas con sangre del pueblo yemení

Los niños no deberían dibujar misiles y cadáveres. Las pinturas de los niños y niñas yemeníes que conocí en un arenoso y abrasador campo del cuerno de África me dejaron helado. Aviones lanzando una lluvia de misiles sobre las casas; muertos dibujados crudamente en charcos de sangre y un niño llorando a su lado. Estos son los horrores que han vivido. Y los han vivido, en parte, por el papel del Gobierno de Reino Unido.

Yemen sufre una guerra civil que dura ya dos años, se ha cobrado la vida de 10.000 civiles y ha hundido al país en una crisis humanitaria. Hay muchos actores involucrados, todos repugnantes, todos acusados de crímenes de guerra. Pero, tal y como informó la ONU el año pasado, es una coalición militar liderada por Arabia Saudí la responsable de la inmensa mayoría de las muertes de civiles. Algunos de ellos están siendo asesinados por bombas fabricadas por Reino Unido y vendidas por nuestro Gobierno a la dictadura saudí. Desde que los saudíes empezaron a machacar Yemen, el Gobierno ha concedido licencias por valor de 3.800 millones de euros en armas. Es un motivo de vergüenza nacional.

El Gobierno no puede alegar que lo ignoraba. En una reunión que mantuve el pasado abril con el parlamentario tory Alan Duncan, enviado especial a Yemen, este negó que Arabia Saudí fuese una dictadura. Cuando le dije que el régimen saudí estaba lanzando bombas de racimo británicas, de lo que había pruebas fehacientes, se negó a aceptarlo. “Estás haciendo esa afirmación como si fuese incuestionable y definitiva”, me dijo. “No sé si puedo aceptarlo”, añadió. Unos meses después, el ministro de Defensa, Michael Fallon, se vio forzado a reconocer ante el Parlamento que era cierto.

“La posición del Gobierno en este momento está clara, nuestras armas no se han utilizado en contravención del derecho internacional humanitario”, me indicó Duncan. Y, sin embargo, ahora sabemos que, justo dos meses antes, Edward Bell, un alto cargo de la Administración con responsabilidad sobre los controles de exportaciones, recomendó suspender la venta de armas por los abusos de derechos humanos. El entonces ministro de Comercio e Industria, Sajid Javid, se negó.

Por eso el caso presentado en los tribunales por la Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT por sus siglas en inglés) contra el Gobierno es tan importante. CAAT sostiene, igual que lo hace Edward Bell, quien fue ignorado por el Gobierno, que hay que poner fin a la venta de armas a Arabia Saudí.

Como afirmó en octubre el Comité Parlamentario de Desarrollo Internacional y Comercio: “Dados los indicios que hemos escuchado y el volumen de las armas británicas exportadas a Arabia Saudí, parece inevitable que en cualquier violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos por parte de la coalición hayan intervenido armas suministradas desde Reino Unido. Esto constituye una violación de nuestro propio criterio de concesión de licencias de exportación”.

Al Gobierno no se le debe permitir lavarse discretamente las manos de sangre yemení. Un comité de expertos de la ONU declaró el año pasado que las violaciones (de derechos humanos) en Yemen eran “sistemáticas y generalizadas”. Ciudades enteras como Sa'dá han sido clasificadas como objetivos militares.

“Las normas del Gobierno de Reino Unido son muy claras”, me explicó Tom Barns, de CAAT. “No se concederán licencias para [la venta de] armas británicas si hay un riesgo claro de que se utilicen en serias violaciones del derecho internacional humanitario”. Las armas británicas “están jugando un papel clave en este bombardeo”, añadió.

Piensa en algunos de los horrores desatados con el apoyo militar y diplomático británico. El pasado octubre, nuestros aliados saudíes mataron al menos a 140 civiles en el bombardeo de un funeral. En agosto, 10 niños fueron asesinados por ataques aéreos saudíes a su escuela. El mes pasado, otra escuela fue atacada en un bombardeo letal. No es de extrañar que Oxfam haya calificado la venta de armas británicas como una seria violación del derecho humanitario.

Esto no se trata solo de Yemen: es sobre la naturaleza misma de la política exterior de Occidente. Una reciente encuesta reveló que casi dos tercios de los británicos se opone a la venta de armas a Arabia Saudí; no es de extrañar que solo uno de cada 10 la defienda. Arabia Saudí es el principal comprador de armas de Reino Unido. La monarquía del Golfo ayudó a aplastar las protestas en favor de la democracia en la vecina Bahréin en 2011: ambos regímenes son grandes compradores de nuestras armas.

Mientras tanto, Yemen es uno de los países de mayoría musulmana objetivo del veto migratorio de Trump. Es un país en el que los civiles son expulsados de sus casas por la violencia apoyada por Reino Unido y Estados Unidos. Posteriormente se les niega sus solicitudes de asilo en base a que podrían ser terroristas. Si no es terrorismo de Estado, ¿qué son esos ataques aéreos?

Aunque el tribunal decida sobre la legalidad de la venta de armas, moralmente es indiscutible. Miles de civiles yemeníes están siendo asesinados y nuestro Gobierno tiene parte de culpa. Yemen puede parecer un país lejano cuya situación interna es demasiado complicada de entender y, ¿no tenemos ya suficiente de lo que preocuparnos? Pero nuestro silencio corre el riesgo de convertirse en complicidad, dado que el Gobierno actúa en nuestro nombre. Los civiles de Yemen temen por su vida, en parte por decisiones tomadas por el Ejecutivo; no dejemos que ello quede impune.

Y también está Turquía, que degenera rápidamente en una dictadura, reprimiendo a la oposición y cometiendo serios abusos de derechos humanos contra la minoría kurda. Nuestra primera ministra ha recompensado al despótico régimen de Erdogan con la firma de un acuerdo comercial de 120 millones de euros por aviones de combate. El Gobierno británico es un intermediario fundamental para la comisión de grotescos abusos de derechos humanos.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti