Indonesia prepara nuevos pelotones de fusilamiento

Los rumores son inquietantes. Se cree que los pelotones de fusilamiento ya están listos y que ya se ha preparado un nuevo terreno para las ejecuciones, más extenso que el anterior. Algunos funcionarios indican que estas ejecuciones se podrían llevar a cabo en cuestión de semanas. Y tras el “circo” del año pasado, el ministro de Interior, Luhut Panjaitan, espera que en esta ocasión no haya tanto dramatismo.

Cuando solo ha pasado un año del revuelo internacional y la crisis diplomática causada por las ejecuciones de ocho traficantes de droga, entre los que se incluían dos australianos, Andrew Chan y Myuran Sukumaran, todo parece indicar que las autoridades indonesias se preparan para una nueva ronda de ejecuciones. Dos británicos condenados por contrabando de droga, Lindsay Sandiford y Gareth Cahsmore, figuran entre los extranjeros que se encuentran en el corredor de la muerte.

“Todavía me niego a creer que sea cierto”, indica el abogado Todung Mulya Lubis, que un año atrás luchaba por salvar las vidas de Chan y Sukumaran: “Sí, probablemente las autoridades indonesias se vean obligadas a emitir un comunicado pero no creo que reanuden las ejecuciones, me niego a creerlo”.

A principios de 2015, 14 prisioneros fueron ejecutados al amanecer, en dos rondas distintas. Las autoridades suspendieron una tercera ronda de ejecuciones; todo parece indicar que por motivos económicos pero, tal vez, también por motivos políticos. 

Y sin embargo, con independencia de la repercusión diplomática de las ejecuciones del año pasado, lo cierto es que el embajador australiano regresó al país (tras una protesta que duró cinco semanas) y todo parece indicar que la agenda de este año incluye una nueva ronda de ejecuciones.

A pesar de que las Naciones Unidas ha criticado el hecho de que Indonesia condene a la pena capital a los traficantes de droga, un castigo que supone una violación de las leyes internacionales, el fiscal general de este país ha anunciado este mes que la siguiente ronda de ejecuciones es inminente. 

El primer ministro británico, David Cameron, viajó a Yakarta el año pasado y afirma que habló con su homólogo de la situación de Sandiford, la británica que fue condenada a la pena capital tras entrar a Indonesia con unos 4 kilogramos de cocaína. Un año después, su situación no ha cambiado.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, o Jokowi, viajó recientemente a Berlín y la canciller alemana, Angela Merkel, abordó la cuestión de la pena de muerte. Jokowi justificó este castigo por considerar que es el método adecuado para poner fin al grave problema del país con las drogas. 

Solo cuestión de tiempo

De momento, no se ha fijado una fecha para las ejecuciones ni se ha publicado una lista de los prisioneros que podrían encontrarse cara a cara con un pelotón de fusilamiento; el gobierno de Indonesia no ha querido mostrar sus cartas. Sin embargo, muchos lo dan por hecho y creen que es solo cuestión de tiempo. 

“Según los últimos datos que tenemos, el fiscal general ha pedido al parlamento la dotación necesaria para esta tercera ronda de ejecuciones”, indica Putri Kanesia, del grupo de derechos humanos Kontras, con sede en Yakarta: “Deberían detenerse y reflexionar; lo cierto es que muchos de los juicios que más tarde dieron lugar a la segunda ronda de ejecuciones fueron improcedentes”.

Según Amnistía Internacional, a finales de 2015 al menos 165 reos se encontraban en corredores de la muerte en Indonesia y más del 40% habían sido condenados por delitos relacionados con las drogas. Indonesia tiene una de las leyes sobre drogas más duras del mundo y Jokowi ha afirmado que ninguna persona que cumpla condena por un delito relacionado con el tráfico de drogas recibirá un indulto presidencial. Sin embargo, el equipo de Kontras está haciendo todo lo que está en sus manos para que los detalles del caso de uno de los prisioneros en el corredor de la muerte lleguen hasta el despacho presidencial. 

Yusman Telaumbanua fue presuntamente torturado durante el arresto y su abogado le indicó que no podía recurrir la sentencia. Kontras señala que, además, el hombre era un menor cuando cometió el delito por el que fue condenado. Según las leyes del país, sería ilegal ejecutarlo. 

“Aprendimos de la experiencia de Mary Jane Veloso”, explica Kanesia, en referencia al indulto de última hora, aunque solo temporal, que le concedió el presidente a una mujer filipina que tenía que ser ejecutada junto a Chan y a Sukumaran el año pasado. “Tenemos que hacerle llegar información relativa a juicios improcedentes que han dado lugar a sentencias de muerte porque tal vez esto le hará reflexionar”, señala. 

Sin experiencia como presidente y en política exterior, Jokowi no supo prever que las ejecuciones del año pasado le causarían un problema diplomático. Las quejas de la comunidad internacional no hicieron más que intensificarse, pero también lo hicieron las expectativas de los que esperaban que cumpliera con su promesa. Si hubiera cambiado de opinión, habría sido percibido como un líder débil. 

Lo cierto es que muchos indonesios apoyan estas ejecuciones. Esta es tal vez la verdad más incómoda cuando se analizan las medidas de las autoridades del país contra el tráfico de estupefacientes. 

“El discurso de Jokowi en torno a esta cuestión siempre ha estado muy politizado; le interesa políticamente”, señala Claudia Stoicescu, una investigadora postdoctoral del Centro de Intervención Basada en las Pruebas de la Universidad de Oxford. “Los indonesios apoyan este discurso represivo, con un lenguaje muy agresivo, en torno a la lucha contra la droga y en torno a la pena de muerte”. 

El paso del tiempo ha demostrado que la comunidad internacional, con su falta de tacto, le hizo un flaco favor a Chan y a Sukumaran.

 “El entonces primer ministro de Australia, Tony Abbott, y la ministra de relaciones exteriores, Julie Bishop, hicieron declaraciones que resultaron contraproducentes”, explicó Lubis, el abogado de los “Nueve de Bali” durante una entrevista que tuvo lugar en su bufete, en Yakarta: “Ofendieron a Indonesia, no solo al gobierno sino también al pueblo indonesio. Y eso es lamentable”.

Cuando Abbott insinuó que Indonesia estaba en deuda con Australia, ya que tras el tsunami de 2004 las autoridades de Canberra les proporcionaron ayuda humanitaria valorada en 67.000 millones de euros, los indonesios se ofendieron e impulsaron una colecta para devolver el dinero al país vecino. La embajada de Australia en Yakarta recibió bolsas de plástico repletas de monedas.  

Otros países cuyos nacionales se encuentran en los corredores de la muerte indonesios también han criticado el uso de pelotones de fusilamiento. El presidente francés, François Hollande, ha manifestado que su gobierno “hace todo lo que está en sus manos para salvar la vida de Serge Atlaoui”. Este francés, condenado por ser el “químico” de una fábrica de éxtasis en las afueras de Yakarta, ya agotó todos los recursos legales a mediados de 2015. 

Si bien Cameron indicó que durante su viaje oficial a Yakarta había hablado de la situación de Sandiford con su homólogo, lo cierto es que no hay ningún indicio que haga pensar que los mandatarios volvieron a abordar esta cuestión, o la situación de Cashmore, durante el viaje que hizo Jokowi a Londres a principios de mes. 

Contraproducente

Sin embargo, y a pesar de tener una posición mucho más sólida en el parlamento, reanudar las ejecuciones en 2016 puede perjudicarle políticamente. Lubis, que recientemente aceptó representar a Sandiford, es optimista y cree que el presidente podría reevaluar su política de línea dura. “Creo que ahora es consciente de la presión y de las críticas. Y el fiscal general también es un poco más prudente”, indica: “Myuran Sukumaran y Andrew Chan fueron ejecutados el 29 de abril del año pasado, ahora se cumple el primer aniversario. Supongo que sienten la presión”.

¿Esto es realmente así? La apasionada cruzada del presidente y de su gobierno contra las drogas sigue su curso, y unas pocas semanas atrás Jokowi quiso recordar al mundo que entre 30 y 50 indonesios mueren a diario por culpa de las drogas. En noviembre pasado, el responsable del Organismo Nacional de Lucha contra los Narcóticos llegó a insinuar que los que cometen delitos relacionados con la droga deberían estar en una cárcel situada en una isla y rodeada de cocodrilos y pirañas. 

Y, sin embargo, un simple vistazo a las cifras desmiente que las drogas hayan generado una situación de emergencia en Indonesia. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Indonesia es uno de los países de la región con un menor consumo de estupefacientes; también se sitúa muy por detrás de América del Norte o Australia. 

“No, sin duda no se da una situación de emergencia”, indica Stoicescu, que ha desglosado la información: “En ese sentido, Jokowi ha interpretado las cifras y las estadísticas como le ha interesado, con el objetivo de dar credibilidad a su estrategia política”. 

El profesor Irwanto, un psicólogo de la Universidad Atma Jaya de Yakarta, cree que la lucha contra las drogas no solo está mal orientada sino que es contraproducente. En su opinión, el gobierno debería destinar más recursos a los programas orientados a la reducción del daño, la rehabilitación, la educación y otros enfoques que han funcionado en países cuyos problemas relacionados con las drogas eran mucho peores que los de Indonesia.

Lo cierto es que existe una posible vía de escape para todos aquellos que han cometido delitos relacionados con las drogas y que ahora se encuentran en el corredor de la muerte. Sin embargo, tal vez sea demasiado tarde. El parlamento del país tiene que estudiar una disposición del proyecto del nuevo código penal de Indonesia que establece que los condenados a la pena capital pueden conmutar su condena por penas de cadena perpetua si transcurridos 10 años demuestran que se han rehabilitado. El borrador es una “ley prioritaria” pero si tenemos en cuenta que la cámara de representantes solo aprobó tres leyes en 2015, podrían pasar años antes que empiece a debatirlo. 

Chan y Sukumaran se habían rehabilitado y esto no los salvó. Ha pasado un año desde su ejecución y Lubis se sigue cuestionando los auténticos motivos detrás de la muerte de sus clientes. “Todavía me resulta difícil comprenderlo porque yo sé que habían cambiado. Enmendaron su comportamiento. No merecían morir”, dice: “Me esfuerzo por estar en paz conmigo mismo”. 

Traducción de Emma Reverter