El fiasco de la guerra de Irak vuelve al banquillo de los acusados
Los fantasmas de la invasión de Irak, que encantaron durante años el Ministerio de Defensa y el Ejército británico, vuelven con ánimo de venganza. En una sentencia sin precedentes, el Tribunal Supremo británico determinó el pasado jueves que el Ministerio de Defensa había violado las convenciones de Ginebra y que los soldados británicos habían dado un “trato degradante e inhumano” a los civiles iraquíes –incluidas palizas y privaciones sensoriales y de sueño–. No existían pruebas de que los detenidos estuviesen involucrados en actividades terroristas ni que planteasen una amenaza a la seguridad de Irak.
El caso lo iniciaron cuatro iraquíes que ahora se unirán a muchos otros que ya han sido indemnizados por el Ministerio de Defensa en acuerdos extrajudiciales. Defensa se enfrenta a un daño de reputación todavía mayor. El prestigioso juez George Leggatt sostiene que el caso, que él describe como “asuntos incompletos derivados de la intervención de Reino Unido en Irak”, influirá en más de 600 reclamaciones de iraquíes que aún están sin resolver.
Su fallo es una respuesta devastadora a continuas acusaciones de ministros de Defensa y otras autoridades que sostienen que son iraquíes deshonestos, periodistas mezquinos y abogados interesados los que acusan a las tropas británicas de malos tratos. También culpan al Convenio Europeo de Derechos Humanos de extender su jurisdicción a centros de detención británicos localizados en el extranjero.
El Gobierno ha afirmado que en el futuro el Convenio no tendrá jurisdicción sobre las actividades de las tropas británicas que participen en intervenciones militares extranjeras.
Las autoridades del Ministerio de Defensa ignoran con oportunismo las exitosas reclamaciones en su contra que han iniciado las familias de soldados británicos fallecidos o mutilados como resultado de una formación o un equipo inadecuados. En la sentencia del jueves, el Tribunal Supremo concluye que el Ministerio Defensa no solo estaba violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también los convenios de Ginebra, instrumentos de derecho internacional completamente independientes.
Previamente, el Ministerio de Defensa se había aprovechado de la conclusión del juez ahora retirado que presidió la investigación Sweady, que recibe su nombre del adolescente iraquí fallecido en una batalla entre tropas británicas y milicias chiíes en el sur de Irak en 2004.
El juez señaló que las acusaciones a los soldados británicos de asesinato de iraquíes no tenían “ninguna base” y eran “el producto de mentiras deliberadas, especulación temeraria y hostilidad empedernida”. Michael Fallon, entonces ministro de Defensa, describió las acusaciones ante la Cámara de los Comunes como “vergonzosas y despreciables”.
Sin embargo, Fallon ignoró deliberadamente la conclusión de la investigación al Sweady en la que se afirmaba que los soldados británicos eran culpables de malos tratos a los detenidos, a los que en ocasiones se les privaba de comida y sueño y se les vendaba los ojos, lo que supone una violación del derecho internacional.
Esa cara investigación, en la que soldados británicos jóvenes y sin experiencia se vieron obligados a recordar horribles experiencias, fue completamente innecesaria. Si sus superiores hubiesen explicado las circunstancias de la batalla de Danny Boy –especialmente por qué los iraquíes que murieron y resultaron heridos fueron trasladados a la base británica (fue para descubrir si habían estado involucrados en la masacre de policías militares británicos cometida un año antes), entonces la investigación Al Sweady no hubiese sido necesaria.
Las crecientes pruebas del trato ilegal que los soldados británicos dieron a los iraquíes que detuvieron es la consecuencia de las circunstancias que rodean la invasión de Irak. Las tropas británicas no estaban preparadas para la invasión. No estaban preparadas porque el gobierno de Blair no querían revelar sus intenciones. Quería mantener a la opinión pública británica y a las tropas desinformadas. Los militares de alto rango no estaban preparados para denunciar los hechos al poder. Las tropas estaban mal entrenadas y mal equipadas porque sus superiores asumieron –o esperaron– que la invasión iba a ser un paseo.
La sentencia de la semana pasada es la última manifestación de ese legado. También es una condena devastadora para los miembros del Ministerio de Defensa, incluidos sus abogados. Como señaló el juez, actuaron en contra de sus propias normas y regulaciones, así como de la legislación internacional.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
